Una investigación judicial puso el foco en la remodelación de una vivienda en un country bonaerense vinculada a Manuel Adorni. Según el contratista Matías Tabar, las refacciones habrían alcanzado unos 245 mil dólares y se habrían abonado en efectivo. Según el mismo registro, destinó US$13.810 a la reforma de una parrilla y US$9780 a la calefacción de la pileta, además de incorporar cabezales para un jacuzzi y restaurar un SUM.
La causa que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni sumó en las últimas horas un elemento central: la declaración de un contratista que aseguró haber realizado trabajos de remodelación en una propiedad del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por un monto cercano a los 245 mil dólares.
El testimonio, incorporado al expediente judicial, describe una serie de obras que incluyeron mejoras estructurales, renovación de espacios interiores y exteriores, y la incorporación de elementos como pileta reacondicionada, parrilla, mobiliario a medida y una cascada ornamental. Según el mismo testigo, los pagos se habrían realizado en efectivo y sin facturación formal, un punto que ahora es materia de análisis por parte de la Justicia.
De acuerdo con la información difundida por distintos medios, el proyecto habría comenzado con un presupuesto inicial significativamente menor —alrededor de 94 mil dólares—, pero con el avance de la obra se sumaron trabajos adicionales que elevaron el costo total. Esta dinámica no es inusual en el rubro de la construcción, aunque en este caso adquiere relevancia por el volumen del gasto y la forma en que habría sido financiado.
El expediente también busca determinar la relación entre la compra del inmueble y las refacciones posteriores. En ese sentido, uno de los ejes de la investigación es establecer si los montos invertidos en la remodelación guardan proporción con el valor de adquisición de la propiedad y con la capacidad económica declarada por el funcionario.
Desde el entorno de Adorni, según trascendió, se cuestiona la cifra mencionada por el contratista y se sostiene que los valores difundidos no reflejan con precisión el costo real de las obras. Además, se espera que en el avance de la causa se incorporen peritajes técnicos que permitan determinar con mayor exactitud el alcance de las refacciones y su valuación.
La declaración del testigo se da en un contexto político sensible, en el que el Gobierno ha hecho eje en la necesidad de reducir el gasto y sostener una política de austeridad. Por eso, el caso no solo tiene implicancias judiciales, sino también impacto en el plano público, donde se discute la coherencia entre el discurso oficial y las situaciones personales de sus funcionarios.
Otro de los aspectos que analiza la Justicia es la modalidad de pago. El uso de efectivo en montos elevados y la ausencia de documentación respaldatoria podrían implicar irregularidades fiscales o administrativas, dependiendo de lo que surja en las próximas etapas del proceso.
Mientras tanto, el expediente continúa en etapa de recolección de pruebas. La citación de nuevos testigos, el análisis de documentación y eventuales pericias serán claves para determinar si existieron inconsistencias o si las operaciones pueden justificarse dentro del marco legal.
En este escenario, el caso de la vivienda en Indio Cuá se convierte en un punto de atención tanto para el ámbito judicial como para la opinión pública. La resolución dependerá de la evidencia que se logre reunir, pero el tema ya instaló un debate más amplio sobre transparencia, patrimonio y responsabilidad en la función pública.
Por ahora, los 245 mil dólares mencionados en la causa siguen siendo una cifra a verificar. Pero su impacto excede lo contable: plantea preguntas sobre cómo se gestionan los recursos y qué estándares se esperan de quienes ocupan cargos de relevancia en el Estado.
