“El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe.” Diógenes
Un informe del FOPEA revela que el uso sistemático del insulto por parte de Milei en redes sociales dejó de ser un exceso para transformarse en una herramienta política deliberada. El fenómeno, lejos de lo anecdótico, abre interrogantes sobre sus efectos sociales y su posible vínculo con patrones de comunicación asociados a conductas patológicas.
El reciente informe “El insulto como estrategia”, elaborado por el FOPEA, pone números concretos a una percepción cada vez más extendida: la agresividad verbal no es un accidente, sino un recurso discursivo. El estudio analizó más de 113.000 publicaciones en la red X del presidente Javier Milei y detectó que el 15,2% contiene insultos u ofensas directas, lo que equivale a más de 16.800 mensajes.
Lejos de tratarse de exabruptos aislados, el informe identifica patrones consistentes: la animalización del adversario (“mandril”, “rata”), la utilización de términos repulsivos (“basura”, “inmundicia”) y la sexualización del lenguaje como forma de degradación simbólica. Estos recursos no solo buscan descalificar, sino también construir una frontera moral entre “nosotros” y “ellos”, reforzando la lógica de confrontación permanente.
El dato central no es únicamente cuantitativo, sino cualitativo. Más de la mitad de los mensajes ofensivos contienen adjetivos despectivos que apuntan a etiquetar y estigmatizar a personas o colectivos, un proceso que —según el propio análisis— fomenta la discriminación y la exclusión social. En ese sentido, el insulto deja de ser un desborde emocional para convertirse en una herramienta de ordenamiento político del conflicto.
Desde una perspectiva psicológica y comunicacional, este tipo de discurso puede vincularse con rasgos asociados a la desinhibición verbal y la agresividad instrumental. Algunos especialistas lo relacionan con patrones cercanos al narcisismo político o a formas de comunicación propias de la llamada “personalidad autoritaria”, donde la descalificación del otro refuerza la propia identidad y liderazgo. No se trata necesariamente de un diagnóstico clínico, pero sí de una dinámica donde el insulto cumple una función: consolidar poder a través de la confrontación.
El informe también sugiere que estos picos de agresividad coinciden con momentos de alta tensión política o económica, lo que refuerza la hipótesis de que el insulto opera como un mecanismo de distracción o movilización emocional. En ese contexto, el lenguaje violento no solo comunica: también organiza la agenda pública.
El problema, advierte implícitamente el trabajo, es que esta lógica tiene efectos más amplios. La normalización del agravio desde las máximas autoridades puede degradar el debate democrático, incentivar la autocensura y legitimar prácticas de hostigamiento en el ecosistema digital. No es casual que el propio FOPEA haya registrado en paralelo un aumento de ataques y presiones contra periodistas en el país.
La institucionalización del insulto como forma de comunicación desde el poder no queda encapsulada en la dirigencia, sino que permea hacia abajo y moldea conductas sociales. Cuando la agresión verbal se legitima desde figuras de autoridad, se instala como norma y reduce los umbrales de tolerancia al conflicto, volviendo más frecuente la respuesta violenta en la vida cotidiana.
En adolescentes —una etapa especialmente sensible a modelos de referencia— este fenómeno puede traducirse en la naturalización del hostigamiento, el lenguaje degradante y la polarización extrema, tanto en redes sociales como en espacios escolares.
Así, la violencia simbólica deja de ser solo discursiva para convertirse en práctica social, erosionando la convivencia y debilitando la capacidad de diálogo.
En definitiva, el informe no solo describe un estilo, sino que alerta sobre un fenómeno más profundo: cuando el insulto se sistematiza, deja de ser un exceso retórico y pasa a ser una estrategia de poder. Y en ese pasaje, lo que está en juego no es solo el tono del discurso, sino la calidad misma de la vida democrática.
