
La Casa Rosada pidió oficialmente al Senado retirar la candidatura de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata. La decisión generó una fuerte polémica política porque, según reveló La Nación, el motivo del veto sería su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, autor de investigaciones sobre el oficialismo.
El Gobierno nacional quedó envuelto en una fuerte controversia institucional tras ordenar el retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. La decisión, oficializada ante el Senado, abrió un escándalo político luego de que trascendiera que el principal motivo del veto sería que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores más incómodos para el oficialismo libertario.
La información fue publicada por La Nación y lleva la firma del periodista parlamentario Gustavo Ybarra. Según la nota, el Poder Ejecutivo envió formalmente al Senado el pedido de retiro del pliego pese a que la postulación ya contaba con las firmas necesarias para convertirse en dictamen dentro de la Comisión de Acuerdos.
El dato más explosivo del artículo es que la objeción contra Michelli no estaría vinculada a su desempeño profesional ni a cuestionamientos técnicos sobre su carrera judicial. Por el contrario, el problema señalado sería exclusivamente su parentesco con Alconada Mon, quien en los últimos meses publicó investigaciones sensibles para el Gobierno, entre ellas informes sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni.
La situación venía generando tensión desde hacía semanas dentro del Senado. Tal como detalla La Nación, el pliego de Michelli había reunido nueve firmas —la mayoría de los integrantes de la Comisión de Acuerdos— pero el presidente de la comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, se negaba a presentar el dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto.

Ese bloqueo ya había despertado malestar entre distintos legisladores, incluso algunos cercanos al oficialismo. Sin embargo, el conflicto escaló definitivamente cuando la Casa Rosada decidió avanzar directamente con el retiro formal de la candidatura. El pedido lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, funcionario alineado políticamente con Karina Milei.
Dentro del Senado, muchos interpretaron el episodio como una demostración del poder creciente de la secretaria general de la Presidencia sobre el manejo político y judicial del Gobierno. Según la reconstrucción de La Nación, Pagotto responde directamente al armado político de Karina Milei y de los primos Menem, particularmente Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del oficialismo.
Pero además apareció otro elemento que profundizó las críticas. Mientras el Gobierno vetaba el ascenso de Michelli, decidió simultáneamente habilitar el avance de otros dos jueces cuestionados por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino. Se trata de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, ambos propuestos para cargos en la Cámara Penal Económica y objetados previamente por sus relaciones con Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
Según la nota, esos vetos habrían desaparecido luego de negociaciones políticas con la Casa Rosada y sectores del oficialismo. La diferencia de criterios entre un caso y otro alimentó todavía más las sospechas de represalia política contra Alconada Mon.
El episodio generó preocupación en sectores judiciales y parlamentarios porque expone hasta qué punto las designaciones de jueces pueden quedar atravesadas por disputas políticas o mediáticas. En privado, varios senadores reconocen que el antecedente podría transformarse en una señal de presión indirecta contra periodistas críticos del poder.
Más allá del escándalo político, el conflicto todavía no está cerrado. Para retirar definitivamente el pliego, el Poder Ejecutivo necesitará ahora que el Senado apruebe esa decisión por mayoría simple. La gran incógnita es qué harán los legisladores que ya habían firmado el dictamen favorable a Michelli antes de que estallara la polémica.
El caso terminó convirtiéndose en algo más grande que una simple designación judicial. Para muchos dirigentes opositores y referentes del ámbito jurídico, la discusión ya no pasa solamente por el futuro de una candidata a jueza, sino por el mensaje político que implica frenar una postulación por el parentesco con un periodista que investiga al Gobierno.

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