El Ejecutivo nacional oficializó una nueva actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. La medida ya impacta en los surtidores con un aumento promedio cercano al 1%, aunque el Gobierno decidió postergar para agosto parte de las subas pendientes con el objetivo de evitar un mayor efecto sobre la inflación.
El Gobierno de Javier Milei dispuso una nueva actualización parcial de los impuestos a los combustibles mediante el Decreto 526/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La decisión afecta tanto a las naftas como al gasoil y se traduce en un incremento en los precios de los surtidores en todo el país.
La medida forma parte del esquema de actualización de los impuestos sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), que desde hace meses viene aplicándose de manera gradual. El Ejecutivo mantiene la estrategia de desdoblar los aumentos y postergar parte de las actualizaciones pendientes para evitar un salto brusco en los precios y, en consecuencia, un impacto mayor sobre el índice de inflación.
Con la actualización de julio, el impuesto sobre la nafta sin plomo y la nafta virgen pasó a $21,192 por litro, mientras que el gravamen al dióxido de carbono se ubicó en $1,298 por litro. En el caso del gasoil, el impuesto a los combustibles líquidos ascendió a $18,959 por litro, al que se suman los montos correspondientes al tratamiento diferencial para determinadas regiones y el impuesto al carbono.
Según estimaciones del sector, el ajuste implica un incremento cercano al 1% en los precios finales. De esta manera, la nafta súper, que se comercializaba en torno a los $2.030 por litro, pasó a costar alrededor de $2.051, mientras que el gasoil aumentó de aproximadamente $2.115 a $2.133 por litro. Los valores pueden variar de acuerdo con la empresa y la región del país.
El decreto establece además que los aumentos remanentes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026 no se aplicarán de manera completa durante julio, sino que se trasladarán al mes de agosto. La decisión responde a la intención oficial de sostener un sendero de desaceleración inflacionaria y evitar un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores.
En los fundamentos de la norma, el Gobierno sostuvo que resulta necesario “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, por lo que consideró conveniente diferir parcialmente los incrementos pendientes. La política de postergación de los impuestos a los combustibles se ha repetido en distintas oportunidades desde 2024, convirtiéndose en una de las herramientas utilizadas por la administración nacional para administrar el impacto de los precios regulados.
El aumento en las naftas y el gasoil se suma a otros ajustes de precios previstos para julio, un mes que comenzó con nuevas subas en distintos servicios y que vuelve a poner a los combustibles en el centro de la escena económica por su incidencia en los costos de transporte, la logística y la inflación general.
