El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales. La fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar por el delito de omisión maliciosa, mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió formalmente la declaración indagatoria de Francisco Adorni en el marco de una investigación que analiza la evolución de su patrimonio entre 2023 y 2026. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N.º 6, actualmente subrogado por el juez Daniel Rafecas, y se centra principalmente en la presunta omisión de información patrimonial en las declaraciones juradas que presentó durante su desempeño como funcionario público.
Según el dictamen fiscal, las sospechas surgieron tras detectar numerosas rectificaciones realizadas sobre declaraciones juradas ya presentadas. Para la fiscalía, las modificaciones no consistieron en simples correcciones administrativas, sino que incorporaron bienes, dinero en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros activos que inicialmente no habían sido informados. Varias de esas rectificaciones fueron efectuadas cuando la investigación judicial ya se encontraba en marcha.
Uno de los aspectos que Marijuan considera especialmente relevante es el antecedente laboral de Adorni en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Allí desempeñó funciones vinculadas al tratamiento y control de declaraciones juradas, circunstancia que, según la fiscalía, dificulta sostener que las omisiones obedecieron a desconocimiento o errores involuntarios.
La investigación también pone bajo la lupa las declaraciones presentadas durante su paso por el Ministerio de Defensa y posteriormente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF). En ese período, los investigadores observaron sucesivas modificaciones en la valuación de bienes, la incorporación de nuevas cuentas bancarias y cambios en los montos declarados como dinero en efectivo. Entre las rectificaciones figura además la incorporación de una herencia de aproximadamente 21 millones de pesos que no había sido informada originalmente ante la Oficina Anticorrupción.
La causa tuvo origen en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien solicitó investigar el incremento patrimonial del legislador y las diferencias detectadas entre las distintas versiones de sus declaraciones juradas. A partir de esa presentación, la fiscalía impulsó diversas medidas de prueba, entre ellas el levantamiento del secreto bancario y fiscal y el requerimiento de información a distintos organismos públicos.
El pedido de indagatoria constituye un paso procesal importante dentro de la investigación, aunque no implica una condena ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Francisco Adorni. Será ahora el juez de la causa quien deberá resolver si hace lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y convoca al legislador para que ejerza su derecho de defensa y brinde explicaciones sobre las presuntas irregularidades detectadas en sus presentaciones patrimoniales.
