La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas de prueba ordenadas por la Justicia federal. La fiscalía busca verificar si las ganancias obtenidas con inversiones en Bitcoin, argumento central de la defensa del funcionario para explicar el crecimiento de su patrimonio, son compatibles con la evolución real del mercado de criptomonedas. Además, se analizarán los registros de ingreso al country Indio Cuá, donde posee una vivienda.
La investigación que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita continúa avanzando sobre distintos aspectos del patrimonio declarado por Adorni y su entorno familiar. En los últimos días, la fiscalía dispuso nuevas medidas destinadas a reconstruir el origen de fondos que el funcionario aseguró haber obtenido mediante operaciones con Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. (infobae)
Según la explicación presentada por el jefe de Gabinete en sus declaraciones rectificadas, una parte sustancial de su incremento patrimonial provendría de ganancias obtenidas a través de inversiones en criptomonedas. La Justicia pretende determinar si una inversión inicial de aproximadamente 200.000 dólares pudo efectivamente transformarse en más de 500.000 dólares, tal como surge de la documentación incorporada al expediente. Para ello, se solicitó un informe técnico sobre la evolución histórica de la cotización del Bitcoin durante los últimos trece años.
Los investigadores también buscan reconstruir la trazabilidad de los activos digitales y establecer si existió documentación respaldatoria suficiente para acreditar la titularidad de esas criptomonedas y las operaciones declaradas posteriormente. La cuestión se convirtió en uno de los ejes centrales de la pesquisa luego de que Adorni reconociera activos que no habían figurado en declaraciones previas.
Paralelamente, la fiscalía ordenó profundizar las verificaciones sobre la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Entre las medidas solicitadas figura la revisión de los registros de ingresos al barrio privado, con el objetivo de reconstruir movimientos vinculados a la propiedad y a las obras de remodelación realizadas en el lugar durante los últimos años
La casa ya había sido objeto de diversas diligencias judiciales. En la causa consta la declaración de un contratista que afirmó haber ejecutado trabajos de refacción por unos 245.000 dólares, además de haber aportado documentación, fotografías y comunicaciones relacionadas con la obra. La fiscalía intenta determinar si esos gastos guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario y si existen inconsistencias patrimoniales que justifiquen nuevas imputaciones o medidas procesale
Mientras tanto, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) continúa elaborando informes contables para cotejar ingresos, bienes, gastos y deudas del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti. El resultado de esos análisis será clave para determinar si las explicaciones brindadas por Adorni alcanzan para justificar la evolución de su patrimonio o si la causa avanza hacia una etapa de mayor compromiso judicial. (lareforma.com.ar)
