Del reconocimiento municipal a la ambición de una ley provincial

marzo 3, 2026

La iniciativa impulsada por el Comité Organizativo y Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario busca institucionalizar el 19 de julio como jornada de reflexión sobre el genocidio indígena. Tras lograr una ordenanza histórica en Rosario, el proyecto de Carlos del Frade llega a la Legislatura santafesina para saldar una deuda de visibilización sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en 1924, vinculando la identidad local con la justicia histórica.

La construcción de la memoria colectiva en Argentina ha dado un paso estratégico desde el sur santafesino hacia la capital provincial. Lo que comenzó como un reclamo territorial y simbólico de las comunidades Qom y Moqoit en Rosario, hoy se traduce en un despliegue legislativo que busca transformar la efeméride del 19 de julio en un hito de conmemoración oficial en todo el territorio de Santa Fe.

La propuesta, que ingresó recientemente a la Cámara de Diputados de la mano del legislador Carlos del Frade, no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de incidencia política nacido desde las bases mismas de los pueblos originarios.

El antecedente inmediato es la Ordenanza N° 10.711 de la ciudad de Rosario, sancionada a finales de 2024. Aquella normativa, fruto de la gestión del referente Daniel Naporichi y el acompañamiento unánime del Concejo Municipal, estableció por primera vez en la ciudad el “Día de la Masacre de Napalpí”. La ordenanza no solo reconoció la matanza de cientos de personas a manos de fuerzas estatales y grupos paramilitares en 1924, sino que también la enmarcó dentro de las luchas fundacionales de la clase obrera regional, rompiendo con la invisibilización histórica que pesaba sobre las comunidades indígenas que hoy habitan los barrios rosarinos.

El nuevo proyecto de ley provincial escala esta demanda al ámbito santafesino, proponiendo que cada 19 de julio se convierta en el “Día Provincial de Conmemoración de la Masacre de Napalpí”. La estructura de la ley proyectada asigna responsabilidades claras: los Ministerios de Cultura y Educación serían los encargados de implementar acciones pedagógicas y culturales. El objetivo es directo: sensibilizar a una sociedad que, muchas veces, percibe los conflictos del norte del país como ajenos, ignorando que Santa Fe alberga una presencia significativa y vibrante de estas mismas comunidades.

Políticamente, el proyecto se apoya en el “Juicio por la Verdad” de 2022, donde la justicia federal de Resistencia dictaminó que la masacre constituyó un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un genocidio estatal sistemático. Esta base jurídica le otorga al proyecto una solidez que trasciende lo simbólico, interpelando al Estado santafesino a reconocer su rol en la reparación histórica. Para el Comité Organizativo y Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario, este avance representa el ejercicio pleno del derecho a la participación política y el fortalecimiento de una identidad intercultural que ya no pide permiso para ser parte de la agenda pública.

La estrategia de los impulsores es clara: unir la historia de la explotación laboral —que en Napalpí alcanzó niveles de semiesclavitud en las reducciones estatales— con la memoria de la represión armada. Al hacerlo, el proyecto vincula las tragedias de la “Patagonia Trágica” o “La Forestal” con la masacre de 1924, trazando un mapa de la violencia estatal que ayuda a comprender la configuración actual de los derechos humanos en el país. Ahora, la pelota está en el campo de la Legislatura provincial, donde se definirá si Santa Fe se suma formalmente a este proceso de justicia y memoria.