El presidente Rodrigo Paz, que asumió con la promesa de cerrar dos décadas de hegemonía del MAS, enfrenta su peor hora. Una combinación de asfixia económica, rebelión agraria y el fantasma judicial de Evo Morales tiene a La Paz sitiada por bloqueos y al borde del desabastecimiento absoluto.
Bolivia cruje bajo el peso de un conflicto que mutó de reclamo sectorial a crisis institucional en cuestión de días. Lo que comenzó como una caminata indígena contra una ley de tierras hoy tiene al centro político de La Paz convertido en un escenario de gases lacrimógenos, dinamita y barricadas. Con apenas medio año en el Palacio Quemado, el mandatario Rodrigo Paz Pereira se encuentra en una encrucijada donde la economía en rojo y la disputa por el poder real amenazan con dinamitar su gestión. Para entender cómo el país andino llegó a este punto de parálisis, es necesario desarmar el rompecabezas paso a paso.
El primer detonante fue la tierra. A finales de abril, comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía iniciaron una marcha de 24 días desde Pando hacia la capital. ¿El motivo? El rechazo absoluto a la Ley 1720, una normativa impulsada por el Ejecutivo que permitía reclasificar pequeñas propiedades rurales como medianas para que pudieran ser utilizadas como garantía para créditos bancarios. Para el Gobierno, era una herramienta de modernización financiera; para las bases agrarias, una trampa legal que abría la puerta a la concentración latifundista y al despojo de territorios en favor de grandes empresarios agrícolas. Aunque el presidente Paz finalmente abrogó la ley el pasado 13 de mayo en un intento por desactivar la bomba, la concesión llegó tarde: el descontento ya se había expandido a los sindicatos del altiplano.
De forma profesa, la economía boliviana terminó de inclinar la balanza. Tras años de estabilidad ficticia, el país arrastra una inflación que superó el 20% anual y un desabastecimiento crónico de combustibles que estrangula el transporte y vacía las góndolas. En este escenario, la influyente Central Obrera Boliviana presentó un pliego de más de 200 demandas que incluía un aumento salarial del 20% y el compromiso de no privatizar empresas estatales. Ante la negativa oficial por falta de caja, los gremios mineros, fabriles y de maestros se unieron a las protestas callejeras. La escasez de diésel y la falta de dólares para importar transformaron las largas filas en los surtidores en parte de la geografía cotidiana y en la nafta oficial de los bloqueos de carreteras.
La gravedad de la situación económica terminó de blanquearse con los últimos indicadores oficiales de abril, que sitúan la inflación interanual en un alarmante 14%, consolidando la peor crisis que registra el país andino en cuatro décadas. Lo que comenzó como un pliego de demandas sectoriales para estabilizar el costo de la canasta básica y garantizar el suministro de combustible mutó de forma definitiva en un grito unificado que exige la renuncia inmediata del presidente. En un intento desesperado por contener el descontento, el Ejecutivo anunció una reorganización de su gabinete de ministros para incorporar perfiles con presunta “capacidad de escucha”, ejecutando como primer movimiento el recambio del titular en la cartera de Trabajo.
El punto de quiebre definitivo ocurrió cuando el conflicto social se tiñó de política partidaria. El ala radical de los sindicatos campesinos y los sectores leales al expresidente Evo Morales decidieron unificar fuerzas. Morales, quien mantiene una influencia gigantesca sobre los movimientos sociales tras gobernar entre 2006 y 2019, capitalizó el malestar para desgastar al nuevo gobierno. Para el oficialismo, las protestas no son espontáneas, sino una estrategia coordinada desde el bastión cocalero del Chapare para forzar la caída de la gestión. La tensión jurídica aceleró el choque: casi al mismo tiempo que una masiva columna de manifestantes avanzaba hacia La Paz, la Fiscalía General reactivaba una orden de aprehensión contra Morales por presunta trata agravada de personas en una causa penal de 2015, algo que el líder indígena denuncia como persecución política.
Sin embargo, el gesto político no logró frenar la furia en las calles, donde los puntos de bloqueo ya rozan el medio centenar en todo el territorio nacional y mantienen al país partido en dos. Las últimas jornadas registraron batallas campales en pleno centro de La Paz, cuando nutridas columnas de campesinos, mineros y maestros que descendieron desde El Alto chocaron contra los anillos de seguridad policial que blindan la plaza de armas. La confrontación, que incluyó lluvias de piedras, gases lacrimógenos y detonaciones de cartuchos de dinamita por parte de los manifestantes, dejó un saldo de múltiples heridos, detenciones masivas y la confirmación oficial de al menos cuatro muertes colaterales debido a la imposibilidad de ambulancias de sortear los piquetes en las rutas.
En el plano externo, la crisis interna ya generó réplicas diplomáticas. La Paz determinó esta semana la expulsión de la embajadora de Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó la situación como una “insurrección popular”, mientras el gobierno de Paz denunció ante la OEA un intento de desestabilización contra la democracia. Bolivia se encamina a un invierno político anticipado, atrapada entre un presidente debilitado que busca sostener la institucionalidad y una calle encendida que ya no pide diálogo, sino un adelantamiento electoral.
