El brutal femicidio de Agostina Vega ha puesto una vez más la mirada en el rol de los medios de comunicación y el poder político. Sus comportamientos, en su gran mayoría de varones, frente a este caso tan atroz, dejan al descubierto la involución de la sociedad en materia de derechos.
Considero que hay que empezar a analizar cómo los medios de comunicación revictimizan a la víctima constantemente en lugar de enfocarse en el asesino femicida. Aunque en su mayoría tienen una tendencia a ser medios de “derecha”, siempre nos encontramos con algún que otro periodista de un medio de “izquierda” que contiene el mismo tipo de enfoque, dejando en claro que este tipo de actitudes son transversales a la línea editorial del medio.
Son miles los casos que conocemos en que periodistas (supuestos periodistas “importantes” dentro del medio) ponen el foco en la vida social y familiar de la mujer asesinada. Se preguntan cuál era su “junta”, cómo vestía, si tenía un “noviecito”, un amante o un marido; cuántas cuentas de redes sociales tenía o cómo era su familia, seguido de un “pero lo que hizo el hombre está mal”, con el que intentan cubrir su machismo.
En caso de que las víctimas sean menores, un clásico lamentable es echarle la culpa a su madre, cuestionando constantemente su maternidad y preguntando “¿en dónde estaba la madre?” o “¿por qué no la cuidó?” en momentos que no corresponden. No corresponde poner en el banquillo de los acusados a una madre que tiene a su hija desaparecida o a quien le acaban de entregar el cuerpo de su hija, que fue violada, ultrajada, quemada o descuartizada.
¿Estoy diciendo que un familiar no puede ser responsable de un femicidio? No. De hecho, según el Registro Oficial de la Corte Suprema, en el año 2025, en el 83% de los casos identificados existía conocimiento previo entre la víctima y el agresor; el 59% correspondió a parejas, exparejas o relaciones sexo-afectivas y el 11% de las víctimas de femicidio directo fueron asesinadas por personas con un vínculo familiar directo (padres, padrastros, hermanos, hijos, etc.).
Lo que estoy diciendo es que culpar a la madre no es la solución. ¿Hay que discutir los cuidados de las madres y los padres hacia sus hijos e hijas adolescentes? Sí. ¿Pero de esta manera? No. No debe ser señalando con el dedo a quien acaba de perder a una hija. La discusión debe ser social, cultural y política.
Considero que el problema de esos periodistas es que quieren a una víctima perfecta, que sea lo que ellos consideran “moral y ético”; es decir, que se vista como ellos quieren, que salga en el lugar y en el horario que ellos consideren y, ojo, que tenga una madre ejemplar, blanca, pura y responsable, como a esos comunicadores les parece que debe ser.
Esa víctima que buscan no existe y, a veces, parece que les conviene que no exista, porque así buscan una constante excusa para no hacer foco en el femicida.
¿Por qué lo primero que nos enteramos las y los televidentes es sobre toda la vida de la víctima, pero nunca del femicida? ¿Por qué siempre se “filtran” chats, audios y videos de la víctima y no del femicida? Son preguntas que me hago hace mucho y solo viene a mi cabeza una única respuesta: porque vivimos en una sociedad patriarcal en donde el varón sigue ejerciendo el dominio y la autoridad sobre la vida de las mujeres, estén vivas o muertas, y eso es lo que reflejan los medios de manera muy clara.
Un gobierno que odia a las mujeres
De acuerdo con el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en el registro acumulado entre enero y abril de 2026 se registraron 80 víctimas fatales, de las cuales 67 fueron femicidios directos, 7 femicidios vinculados y 3 travesticidios/transfemicidios.
Estas son las estadísticas que el gobierno de Javier Milei no quiere escuchar, ya que, respecto a los femicidios, la violencia de género y las estructuras asociadas, el oficialismo mantiene un fuerte rechazo conceptual a la perspectiva de género bajo la premisa de que “la ley debe ser igual para todos” y que la violencia no tiene género.
Bajo el discurso de la existencia de “mecanismos de adoctrinamiento ideológico”, degradaron al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad a Secretaría, culminando en su cierre definitivo en junio de 2024, a tan solo seis meses del inicio de su gestión.
Desde entonces, el organigrama nacional carece de un organismo rector de máxima jerarquía especializado en la problemática. Esta disolución se tradujo en el desfinanciamiento y la parálisis de los principales programas de asistencia directa en el territorio.
El Programa Acompañar (que otorgaba un salario mínimo durante seis meses a mujeres en riesgo extremo para favorecer su independencia económica) sufrió un recorte real del 82%, redujo su cobertura a solo tres meses y sumó la obligatoriedad de una denuncia judicial previa, lo que desplomó el otorgamiento de nuevas altas en más del 98%.
En paralelo, fueron dados de baja los equipos interdisciplinarios del Programa Acercar Derechos (PAD) y se eliminaron partidas específicas para el fortalecimiento de la Línea 144 de atención telefónica, cuyas trabajadoras denuncian condiciones de creciente precarización.
Para el año 2026, el desfinanciamiento estatal de las políticas contra la violencia de género mutó de un desarme institucional visible a una parálisis por licuación presupuestaria. Según informes de organizaciones civiles como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Presupuesto 2026 eliminó casi por completo las etiquetas metodológicas que permiten auditar los fondos de género, diluyéndolos en partidas generales del Ministerio de Justicia.
En la práctica, programas clave como el Acompañar y el sostenimiento de la Línea 144 operan este año con asignaciones que, devoradas por la inflación, arrastran una pérdida real superior al 80%, restringiendo el acceso a la asistencia en el momento de mayor vulnerabilidad de las víctimas.
Los discursos de odio del presidente reflejan una estigmatización que deshumaniza las demandas históricas que tenemos las mujeres y las diversidades. Javier Milei ha atacado a los colectivos feministas catalogándolos como un “marxismo cultural” y un “virus mental”, en un intento de deslegitimar los reclamos ante situaciones de vulnerabilidad y violencia.
Otro ejemplo sobre la deshumanización del gobierno hacia las mujeres fueron las declaraciones de enero de 2025 de Manuel Adorni, vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, al querer defender el proyecto oficial para eliminar el agravante de femicidio del Código Penal argentino.
“A mí, la verdad, si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas algún tipo de connotación adicional por eso”.
En la misma conferencia, al argumentar los motivos de la reforma y la disolución de los organismos de asistencia, Adorni amplió:
“Estamos trabajando para que a todos los argentinos se nos trate igual ante la ley. Esto va en línea con eso, no de sacarle ningún derecho a ninguna mujer (…) No necesitamos el Ministerio de la Mujer, ni tantas otras cosas; tal vez hay que preguntarse qué tanto ha cambiado la realidad de las mujeres por una definición en términos literales o gramaticales”.
Demostrando un desconocimiento absoluto sobre el tema o una negación deliberada de la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, dando a entender que con este cambio la impunidad de los futuros femicidas está garantizada.
La crudeza de la frase de Adorni unificó el rechazo de la oposición (desde el peronismo hasta los sectores dialoguistas del radicalismo y la Coalición Cívica), lo que bloqueó cualquier viabilidad política para que un proyecto de esa naturaleza pudiera avanzar en las cámaras legislativas.
Por otro lado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al brindar una conferencia de prensa por el caso del femicidio de Agostina, señaló que para el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales que colaboran en la investigación, el hecho se tipifica y se persigue penalmente como un homicidio doloso calificado, afirmando que la Justicia determinará las calificaciones, pero que para ellos es un asesinato aberrante que merece la máxima pena, sin necesidad de adjetivaciones ideológicas.
Evitó de manera deliberada la palabra femicidio, escudándose en que es una mera categoría lingüística y negando que la carátula de femicidio, le guste o no a la ministra, existe en el Código Penal de la Nación.
Al catalogar la perspectiva de género como un “enemigo ideológico”, el discurso gubernamental opera como un potente habilitador de violencia simbólica, práctica e institucional.
Sin embargo, frente a la pretensión oficial de invisibilizar las asimetrías de poder y licuar las redes de contención, el movimiento feminista y las organizaciones de la sociedad civil sostienen la resistencia desde el territorio y la producción de datos independientes.
A once años de aquel grito colectivo que cambió la historia, las calles de todo el país volverán a poblarse mañana con la potencia de una marea inquebrantable. Este 3 de junio, en un contexto de profunda hostilidad y desmantelamiento institucional, la marcha del Ni Una Menos no solo será un espacio de denuncia, sino también un refugio de resistencia y memoria.
Mañana marchamos por las que ya no están, pediremos justicia por ellas y volveremos a gritar con más fuerza que nunca: que dejen de matarnos.
