La causa Cuadernos bajo sospecha: confesiones en duda, pruebas cuestionadas y un proceso atravesado por irregularidades

La causa Cuadernos, uno de los expedientes judiciales más impactantes de la Argentina reciente, vuelve a quedar en el centro de la polémica tras nuevas revelaciones sobre presuntas presiones a empresarios y el uso de pruebas controvertidas. Denuncias de coerción, irregularidades en la obtención de testimonios y cuestionamientos sobre el rol del juez Claudio Bonadio reavivan el debate sobre la solidez de un proceso que aún no tiene sentencia.

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La causa conocida como “Cuadernos de las coimas” se inició en 2018 a partir de las anotaciones atribuidas a Oscar Centeno, un chofer que registró presuntos pagos de sobornos entre empresarios y funcionarios. Esos escritos, que en un primer momento llegaron a la Justicia en formato de fotocopias y digitalizaciones, fueron el punto de partida de una investigación que derivó en detenciones masivas, confesiones y un expediente de dimensiones inéditas.

Desde el inicio, uno de los aspectos más controvertidos fue justamente ese: la ausencia de los cuadernos originales durante una etapa clave del proceso. La causa avanzó con copias, lo que generó cuestionamientos sobre la validez de la prueba y su cadena de custodia, un elemento central en cualquier investigación penal.

Después de ese punto de partida, otro aspecto que suma controversia es el análisis pericial sobre los propios cuadernos. Distintos informes señalaron inconsistencias en la escritura, con indicios de que partes del contenido habrían sido dictadas, corregidas o intervenidas por terceros, incluyendo tachaduras y modificaciones que no siempre pueden atribuirse con certeza a Oscar Centeno. Este elemento adquiere especial gravedad si se considera que durante una etapa clave de la investigación no estuvieron disponibles los originales, sino copias. Sin el soporte material primario, resulta extremadamente difícil verificar la autenticidad, la secuencia de las anotaciones y posibles adulteraciones, lo que abre interrogantes sobre la integridad de la prueba central en la que se apoyó gran parte del expediente.

En paralelo, el expediente se apoyó fuertemente en la figura del “imputado colaborador”. Decenas de empresarios fueron detenidos preventivamente y luego recuperaron la libertad tras declarar y admitir pagos ilegales. El propio juez Claudio Bonadio dio por probadas esas confesiones en 2019, basando gran parte de la acusación en esos testimonios.

Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir grietas en ese esquema.

Uno de los elementos más sensibles es el caso del empresario Mario Rovella. Antes de declarar, dejó asentado ante escribano público que iba a admitir hechos falsos —pagos de coimas inexistentes— para evitar quedar detenido. Ese documento, incorporado al expediente, constituye una evidencia directa de posible coerción en la obtención de testimonios.

El punto no es menor: si una confesión clave fue realizada bajo presión, se pone en duda la credibilidad del mecanismo que sostuvo buena parte de la causa.

Las denuncias no se limitan a ese caso. Durante el juicio oral, varios empresarios y defensores señalaron que existió un clima de presión generalizada. Según testimonios recogidos en el proceso, quienes no aceptaban declarar como arrepentidos permanecían detenidos, mientras que quienes lo hacían obtenían beneficios inmediatos.

Incluso se cuestionó el cumplimiento de la ley del arrepentido. Algunas defensas señalaron que las declaraciones no fueron registradas con medios técnicos adecuados —como exige la normativa— lo que dificulta verificar en qué condiciones fueron obtenidas.

A esto se suma otro frente problemático: el escándalo vinculado al falso abogado Marcelo D’Alessio. Este caso derivó en denuncias por extorsión a empresarios en nombre del fiscal Carlos Stornelli, con promesas de influir en la causa a cambio de dinero. D’Alessio fue posteriormente condenado, lo que alimentó las sospechas sobre posibles prácticas irregulares alrededor de la investigación.

Si bien estos hechos no invalidan automáticamente la causa principal, sí impactan en su contexto y en la percepción pública sobre su transparencia.

El rol del juez Claudio Bonadio también ha sido objeto de cuestionamientos persistentes. Su estrategia de instrucción —basada en detenciones preventivas, acumulación rápida de testimonios y fuerte exposición mediática— fue señalada por distintos sectores como un enfoque que priorizó la velocidad y el impacto por sobre la solidez probatoria.

En ese marco, algunas investigaciones periodísticas recientes hablan directamente de “irregularidades” en el proceso, incluyendo presiones sobre imputados y condiciones de detención que habrían sido utilizadas como herramienta para inducir declaraciones.

Al mismo tiempo, es importante señalar que la causa también cuenta con elementos que fueron considerados válidos por la Justicia, como peritajes que atribuyen la autoría de los cuadernos a Centeno y la confirmación de múltiples testimonios coincidentes.

Este doble escenario —pruebas aceptadas por tribunales junto a denuncias de irregularidades— es lo que mantiene abierto el debate.

Hoy, con el juicio oral en curso y decenas de imputados, la causa Cuadernos se encuentra en una situación compleja. Por un lado, sigue siendo uno de los mayores procesos por corrupción de la historia argentina, con más de 90 acusados y miles de fojas.

Por otro, las denuncias sobre cómo se construyó esa causa plantean interrogantes de fondo.

La revelación de empresarios que aseguran haber declarado bajo presión, el uso inicial de pruebas en formato no original, las falencias en el registro de testimonios y los escándalos paralelos de extorsión no son detalles menores. Son elementos que, acumulados, obligan a revisar con rigor cada tramo del expediente.

Porque en última instancia, la fortaleza de un juicio no depende solo de la gravedad de las acusaciones, sino de la transparencia y legalidad del camino recorrido para probarlas.