El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron acogerse al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. La decisión abrió nuevos interrogantes sobre fondos que no habían sido declarados previamente y volvió a poner el foco en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que analiza movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias y una tenencia de dólares que todavía debe ser justificada ante la Justicia.
La decisión de Manuel Adorni y su esposa de adherirse al régimen conocido como Inocencia Fiscal generó repercusiones inmediatas tanto en el plano político como en el judicial. Las presentaciones fueron realizadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con pocas horas de diferencia: primero por Bettina Angeletti y luego por el propio jefe de Gabinete, poco antes de la presentación de su declaración jurada.
Aunque la documentación conocida hasta el momento sólo acredita el ingreso de ambos al Régimen Simplificado de Ganancias, la medida fue interpretada como una señal de que existen activos o fondos que hasta ahora permanecían fuera de las declaraciones realizadas ante el organismo fiscal. Todavía no trascendió públicamente el monto ni la naturaleza de los bienes alcanzados por la regularización.
La situación adquiere especial relevancia porque Adorni enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py. Entre los puntos que analizan los investigadores figura la existencia de aproximadamente 400 mil dólares cuya procedencia y registración continúan bajo examen. La causa busca reconstruir distintos movimientos patrimoniales realizados durante los últimos años y determinar si los recursos utilizados para concretarlos fueron debidamente declarados.
Desde sectores cercanos al oficialismo trascendió que los activos incorporados al régimen podrían corresponder principalmente a pesos argentinos y no necesariamente a dólares estadounidenses. Sin embargo, en el ámbito judicial consideran que cualquier conclusión resulta apresurada hasta conocer en detalle el contenido de la presentación y su eventual relación con los fondos investigados.
La Ley de Inocencia Fiscal fue impulsada por el Gobierno con el objetivo de simplificar obligaciones tributarias y facilitar la incorporación al sistema formal de activos no declarados. Según especialistas en materia impositiva, quienes son admitidos dentro del régimen obtienen una protección frente a futuras inspecciones fiscales vinculadas con períodos anteriores a 2025, lo que en la práctica funciona como una suerte de cierre administrativo respecto de determinadas obligaciones pasadas.
No obstante, los expertos remarcan que los efectos tributarios no necesariamente se trasladan al terreno penal. Mientras el régimen puede resolver eventuales conflictos con el organismo recaudador, una investigación por enriquecimiento ilícito exige demostrar el origen legítimo de los bienes y recursos cuestionados. En ese sentido, la regularización fiscal no implica por sí misma una explicación sobre cómo fueron obtenidos los fondos.
Dentro de las hipótesis que circulan en torno a la causa aparece la posibilidad de que parte del patrimonio estuviera vinculado a criptomonedas. Durante las pesquisas surgieron referencias a activos digitales que podrían servir para explicar movimientos de dinero realizados en efectivo. La eventual existencia de estas tenencias abre un nuevo capítulo en la investigación, ya que obliga a reconstruir operaciones realizadas fuera de los canales financieros tradicionales.
La cuestión técnica no es menor. Las criptomonedas pueden mantenerse tanto en plataformas sujetas a intercambio de información con organismos fiscales como en las denominadas cold wallets, dispositivos físicos que almacenan las claves de acceso a los fondos sin conexión permanente a internet. Además, la volatilidad de estos activos plantea dificultades adicionales a la hora de establecer su valor patrimonial en distintos momentos del tiempo.
La fiscalía también busca determinar cómo fueron financiadas diversas operaciones atribuidas al funcionario, entre ellas refacciones inmobiliarias, adquisiciones de propiedades, viajes familiares y otros gastos que habrían sido afrontados con dólares en efectivo. El eje de la investigación continúa siendo el mismo: establecer el origen de esos recursos y verificar si correspondía declararlos en los períodos fiscales analizados.
Más allá de las implicancias técnicas y judiciales, la adhesión de Adorni al régimen tuvo un fuerte impacto político. La decisión colocó nuevamente al Gobierno frente a cuestionamientos sobre la transparencia patrimonial de uno de sus funcionarios más relevantes y abrió un debate incómodo dentro del oficialismo. Lo que inicialmente parecía un trámite de regularización fiscal terminó transformándose en un episodio con consecuencias políticas que amenaza con proyectarse sobre la gestión en un momento particularmente sensible.
