La decisión del Gobierno nacional de derogar el fondo que sostenía el sistema de pasajes gratuitos volvió a encender la alarma entre familias, organizaciones y pacientes de todo el país. Aunque el Ejecutivo aseguró que el derecho “sigue vigente”, la eliminación del financiamiento deja al borde del colapso un mecanismo esencial para miles de personas que necesitan viajar para tratarse, estudiar o simplemente acceder a una vida digna.
La noticia cayó como un golpe seco. En medio de una política de recortes cada vez más profundos, el Gobierno nacional oficializó la derogación del fondo fiduciario que financiaba los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad y niños con cáncer. La medida impacta directamente sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y abrió una fuerte polémica política y social.
Desde el Ejecutivo intentaron llevar tranquilidad asegurando que el derecho a la gratuidad “continúa vigente y es exigible”. Sin embargo, el problema central no es jurídico sino económico: sin el fondo que compensaba a las empresas de transporte, el sistema queda sin respaldo financiero y amenaza con transformarse en letra muerta.
Durante años, este mecanismo permitió que miles de personas pudieran viajar hacia hospitales, centros de rehabilitación, escuelas especiales o tratamientos médicos complejos en distintas provincias del país. En muchos casos, esos pasajes no eran un beneficio accesorio sino una condición básica para sobrevivir.
La decisión oficial se inscribe dentro de la política de desregulación y eliminación de fondos específicos impulsada por la administración de Javier Milei. El argumento del Gobierno sostiene que las compensaciones “carecen de sustento” y que los esquemas anteriores generaban distorsiones y gastos considerados innecesarios. Pero las críticas no tardaron en multiplicarse.
Organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron que la medida podría generar consecuencias inmediatas. Muchas familias dependen exclusivamente de estos traslados gratuitos porque no cuentan con recursos para afrontar viajes frecuentes de larga distancia. En provincias alejadas de los grandes centros urbanos, la situación se vuelve todavía más dramática: hay pacientes oncológicos infantiles que deben trasladarse cientos de kilómetros para acceder a tratamientos especializados.
La incertidumbre también alcanza a las empresas de transporte
Sin compensaciones estatales, varias compañías podrían comenzar a limitar cupos, endurecer requisitos o directamente incumplir la normativa vigente. En la práctica, sostienen las organizaciones, el derecho podría existir en el papel mientras desaparece en la realidad cotidiana.
El malestar social crece además por el símbolo que representa el recorte. En un contexto de inflación, caída del empleo y deterioro del poder adquisitivo, tocar un sistema destinado a personas con discapacidad y niños con enfermedades graves es percibido por muchos sectores como una línea ética cruzada. Las redes sociales rápidamente se llenaron de mensajes de indignación y testimonios de familias que explicaron cómo dependen de esos pasajes para continuar tratamientos médicos.
La oposición política también salió al cruce. Distintos dirigentes cuestionaron que el ajuste recaiga nuevamente sobre sectores sensibles mientras continúan beneficios impositivos para grupos concentrados de la economía. Desde organismos de derechos humanos y asociaciones civiles señalaron que el acceso al transporte para tratamientos médicos forma parte de derechos básicos protegidos por normas nacionales e internacionales.
El debate, además, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué lugar ocupan las personas más vulnerables dentro del modelo económico actual. Porque detrás de cada resolución administrativa hay historias concretas. Madres viajando de madrugada con sus hijos para una sesión de quimioterapia. Personas con discapacidad que necesitan trasladarse para rehabilitación o educación. Familias enteras que ya viven al límite y ahora enfrentan una nueva incertidumbre.
El Gobierno insiste en que el derecho seguirá vigente. Pero en Argentina, muchas veces, un derecho sin financiamiento termina siendo solamente una declaración vacía.
