La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma del régimen de Zona Fría impulsada por el Gobierno nacional, una medida que endurece el acceso a los subsidios al gas y podría impactar de lleno sobre millones de usuarios en distintas provincias del país. Con apoyo clave de gobernadores y bloques aliados, el oficialismo logró darle media sanción a un proyecto que busca reducir el costo fiscal del esquema energético y concentrar la asistencia únicamente en sectores vulnerables y regiones de frío extremo.
La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y negociaciones de último momento entre la Casa Rosada y mandatarios provinciales. El Gobierno celebró el resultado como un avance central dentro de su política de ajuste fiscal y desregulación del sistema energético.
El nuevo esquema mantiene los beneficios históricos para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, consideradas zonas de severidad climática extrema. Sin embargo, modifica de manera profunda la situación de los usuarios incorporados durante la ampliación de 2021, que había extendido el régimen a provincias y departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Pampa y otras regiones del centro del país.
A partir de ahora, vivir en una zona fría ya no alcanzará para recibir el subsidio. Los hogares deberán además acreditar determinadas condiciones socioeconómicas dentro del nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Ejecutivo a fines de 2025. Según el proyecto, podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de beneficiarios del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad registradas en el sistema oficial.
El oficialismo argumenta que el régimen vigente se volvió “fiscalmente insostenible” luego de la ampliación aprobada durante el gobierno anterior. Según datos presentados por el Ejecutivo, el número de beneficiarios pasó de 950 mil hogares a casi 4 millones, lo que obligó al Estado a reforzar el financiamiento mediante aportes del Tesoro Nacional.
La reforma también cambia la forma de calcular el subsidio. Hasta ahora, la bonificación se aplicaba sobre la tarifa total del servicio de gas. Con la nueva ley, el descuento quedará limitado únicamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo de hecho el alcance real del beneficio incluso para quienes continúen dentro del régimen.
Especialistas del sector energético y economistas advirtieron que el impacto podría sentirse con fuerza en las boletas durante el invierno. Informes técnicos citados durante el debate estiman que algunos usuarios que hoy reciben descuentos podrían enfrentar aumentos cercanos al 100% en sus facturas si quedan excluidos del nuevo esquema focalizado. Las mayores subas afectarían principalmente a sectores medios urbanos incorporados en 2021.
La oposición cuestionó duramente la medida y denunció que el Gobierno busca avanzar con otro ajuste sobre los servicios públicos. Durante el debate parlamentario, diputados de provincias patagónicas y del interior advirtieron que muchas familias ya tienen dificultades para afrontar tarifas de luz y gas, y sostuvieron que la reforma profundizará las desigualdades regionales.
Uno de los casos más resonantes fue el de Córdoba. El gobernador Martín Llaryora cuestionó públicamente el proyecto y advirtió que cerca de 600 mil hogares cordobeses podrían verse afectados por el recorte. También reclamó que el Estado utilice bases de datos existentes para excluir únicamente a los sectores de mayores ingresos, sin eliminar beneficios para amplias franjas de la población.
Mientras el Gobierno insiste en que la medida permitirá ordenar las cuentas públicas y reducir subsidios cruzados, el debate sobre la energía vuelve a instalarse como uno de los ejes centrales de la política económica argentina. Con el invierno acercándose y las tarifas nuevamente en el centro de la escena, el conflicto por la Zona Fría promete convertirse en otro foco de tensión entre la Casa Rosada, las provincias y millones de usuarios que temen un fuerte salto en el costo del gas.
