Mientras el ajuste golpea a las universidades nacionales, docentes, estudiantes, investigadores y gremios vuelven a movilizarse en defensa de la educación pública. La Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo busca denunciar el desfinanciamiento, la pérdida salarial y el vaciamiento del sistema científico nacional en un contexto que pone en riesgo una de las principales conquistas sociales argentinas.
Defender la educación pública es urgente. Una frase que jamás pensé escuchar y mucho menos escribir. Siempre di por hecho que en Argentina teníamos educación pública y, sobre todo, universidad pública. Si hoy escribo estas palabras, es porque creo que el futuro de la ciencia y el pensamiento nacional no es el botín de un ajuste, sino el refugio innegociable de un pueblo que se niega a retroceder.
El martes 12 de mayo se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación pública. Se convoca a partir de las 17 hs en Plaza de Mayo. Encabezan el llamado el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores en alerta por la parálisis presupuestaria, y la Federación Universitaria Argentina (FUA), en representación de un estudiantado golpeado por el recorte de becas. A ellos se une el Frente Sindical de Universidades Nacionales (que agrupa a gremios como CONADU, FEDUN y FATUN) para denunciar el desplome salarial, junto a una comunidad científica que marcha contra el vaciamiento del CONICET. Esta coalición, que trasciende lo sectorial, cuenta además con el respaldo de organismos de derechos humanos y sindicatos, consolidando un reclamo masivo en defensa de la ley de financiamiento y la soberanía del conocimiento.
En el año 1949, Juan D. Perón firmó el decreto 29.337 que suspendía los aranceles, eliminando un gran filtro social: el acceso a la educación. En las décadas siguientes, las universidades públicas fueron sinónimo de ascenso social e igualdad de oportunidades para aquellos que jamás hubieran soñado poder estudiar. Son miles las historias escuchadas de las primeras generaciones de universitarios, hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras, que han logrado obtener su título. Ya no es solamente “mi hijo el doctor” o “mi hijo el abogado”. Con el paso del tiempo, se transformó en “mi hija la ingeniera”, “mi hijo el psicólogo” o “el investigador”.
Hoy, la universidad pública está en peligro y el sueño de muchos y muchas se está resquebrajando. El gobierno de Javier Milei está rompiendo un consenso social y político básico: la universidad pública no se toca. Los números del desfinanciamiento presupuestario son alarmantes: entre 2023 y 2026 las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% y la inversión universitaria pasó de representar el 0,718% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023 a apenas el 0,431% en la actualidad.
Recordemos que en 2025 el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que fue ratificada después del veto del presidente. Sin embargo, el gobierno no ha ejecutado los fondos correspondientes y la ha judicializado. El día 8 de mayo, la Cámara Federal resolvió conceder un recurso extraordinario presentado por el Gobierno Nacional. Esto significa que la aplicación de la ley (que obligaba a actualizar los fondos por inflación) quedó suspendida temporalmente hasta que la Corte Suprema de Justicia dicte un fallo definitivo.
La pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios ha alcanzado niveles críticos, acumulando una caída real del 34,2% desde finales de 2023. Esta licuación salarial, la más profunda en los últimos 23 años, ha empujado a gran parte de los profesionales a percibir remuneraciones que no alcanzan a cubrir la canasta básica, con básicos que en dedicaciones simples rondan los $250.000. Esta asfixia económica no solo precariza la vida cotidiana de quienes sostienen las aulas, sino que está forzando un éxodo masivo de especialistas hacia el sector privado o el extranjero, desmantelando equipos de cátedra enteros y poniendo en riesgo la continuidad académica de las propias facultades.
La situación de los investigadores en el sistema científico-universitario nacional es de un vaciamiento sin precedentes, marcado por una caída salarial que ha llevado sus ingresos a los niveles reales más bajos desde 1972. En el CONICET, el organismo insignia, la parálisis es casi total: se han dado de baja más de 1.500 proyectos de investigación estratégicos —desde vacunas hasta tecnología agraria— y se han recortado a la mitad las becas doctorales, rompiendo la cadena de relevo generacional. Esta combinación de sueldos de subsistencia y falta de insumos ha desatado una “fuga de cerebros” alarmante: solo en facultades como Exactas de la UBA ha renunciado un investigador cada dos días, sumando 438 bajas en poco más de dos años, mientras cientos de otros especialistas solicitan licencias sin goce de sueldo para radicarse en el exterior.
Quienes han pisado la universidad alguna vez saben que allí conviven personas de distintas clases sociales y diversas culturas en un espacio común, de encuentro, de transmisión de conocimiento y, sobre todo, de aprendizaje. Es un hogar temporal donde se pasan las horas yendo de aula a aula; es una biblioteca donde estudiar cuando no hay dónde; es un mate compartido, risas y debates entre compañeros y compañeras. Entrar a un aula, sentarse y escuchar a un/a docente que se formó durante años para transmitir su conocimiento es una gran experiencia. También lo es ver cómo, a pesar de los bajos salarios y de la estigmatización sobre su profesión, siguen entrando al aula cada día, con ganas de enseñar y formar profesionales. No dejemos que nos arrebaten la educación pública, parte de nuestra identidad nacional.
El martes 12 de mayo, todos y todas a marchar para defender la educación pública.
Ayelén Ferreyra
Ayelén Ferreyra es estudiante avanzada de la Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito trabajos sobre bioética y derechos humanos.