Un cabo de la Policía del Chaco protagonizó una jornada de terror que dejó como saldo el asesinato de su padre y su expareja. Tras atrincherarse con su hijo, el agresor fue neutralizado por fuerzas especiales. El caso reabre el debate sobre la estabilidad psíquica de los uniformados, los controles de salud mental y el preocupante ascenso de la violencia extrema en contextos de crisis social.
La mañana del martes 5 de mayo de 2026 quedará marcada como uno de los capítulos más oscuros de la crónica criminal en el Chaco. Luciano Estudie, un cabo de 34 años con funciones en la comisaría 4ta de Resistencia, desató una cadena de violencia que comenzó con una disputa doméstica y terminó en una tragedia de escala provincial. Lo que inicialmente se reportó como un atrincheramiento en el paraje Tres Bocas, terminó revelando una secuencia de frialdad y determinación asesina que inició horas antes en el barrio Villa Libertad.
La reconstrucción de los hechos, basada en reportes de fuerzas nacionales y provinciales, indica que Estudie se presentó en la vivienda de su padre, Luciano Alberto Estudie (57), con el objetivo de llevarse su vehículo. Ante la negativa de su progenitor, el efectivo utilizó su arma reglamentaria 9 milímetros para ejecutarlo en su habitación. Con el auto en su poder, el agresor se dirigió a buscar a su expareja, Graciela Mabel López (33), y al hijo de ambos, trasladándolos bajo amenaza hacia la zona ribereña de Puerto Vilelas, en las orillas de El Paranacito.
El despliegue policial en el paraje Tres Bocas fue masivo. Agentes de la comisaría local y del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) intentaron negociar con un Estudie que, según testigos, se mostraba “jugado” y admitía haber cometido “una macana” previa. Aunque accedió a liberar al menor, el desenlace fue fatal: frente a los ojos de los negociadores, el cabo disparó en la cabeza a López, terminando con su vida en el acto. Acto seguido, tras intentar repeler a los agentes, recibió un disparo en el rostro por parte de un tirador del COE que logró neutralizarlo. Actualmente, el victimario se encuentra estable y bajo custodia en un sanatorio privado de Resistencia, mientras la fiscalía de Género N° 11 avanza en la imputación por doble homicidio agravado.
Este episodio es el síntoma más visible de una problemática que las instituciones de seguridad no logran domesticar: el estado psicofísico de sus integrantes. En lo que va del año, los registros indican que en Argentina se ha producido un incremento del 22% en hechos de violencia protagonizados por agentes de seguridad fuera de servicio utilizando sus armas reglamentarias. Los casos de policías que atacan a sus círculos íntimos o terminan con sus propias vidas se han multiplicado, revelando un sistema de evaluación que, según especialistas, es puramente burocrático y carece de seguimiento preventivo.
La salud mental social en Argentina atraviesa un momento crítico. Los índices de depresión y trastornos de ansiedad han escalado un 15% anual, impulsados por la presión económica y el desgaste de las redes de contención. En las fuerzas de seguridad, esta realidad se potencia. El uniformado convive con una paradoja: se le exige ser un garante del orden mientras su propia estructura psíquica se desmorona bajo jornadas de 24 horas, pluriempleo para alcanzar la canasta básica y un estigma institucional que castiga a quien pide ayuda psicológica quitándole el arma y, por ende, parte de su salario.
La fiscalía ahora centra su investigación en el teléfono celular del agresor, hallado en el agua, buscando determinar si existían denuncias previas o señales de alerta que la institución policial omitió. Mientras tanto, el doble crimen de Chaco no solo deja dos familias destrozadas, sino que expone la urgencia de reformular los protocolos de salud mental. No se trata solo de evaluar si un hombre es apto para disparar, sino de monitorear si es capaz de soportar la carga emocional que conlleva portar el monopolio de la fuerza en una sociedad al límite de sus capacidades psicológicas.
