Ley de Glaciares: nombres propios de un saqueo y represión para imponerlo

La reforma de la Ley de Glaciares fue aprobada en Diputados con 137 votos afirmativos en una sesión atravesada por la represión en las calles y por una lógica política que pone en riesgo directo a millones de personas que dependen del agua de la cordillera para vivir. Mientras el gobierno celebra “federalismo” y “desarrollo”, lo que se consolida es una falsa dicotomía: o minería o agua. Y en Mendoza, con Alfredo Cornejo al mando, la respuesta a quienes se oponen fue la de siempre: palos, gases y detenciones.

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El argumento oficial es simple, casi brutal en su simplificación: dejar que las provincias decidan qué glaciares proteger y cuáles habilitar para la explotación minera. Suena a autonomía, pero es otra cosa. Es trasladar la presión de las corporaciones extractivas al nivel más vulnerable del Estado. No es federalismo, es fragmentación de la protección ambiental. Porque los glaciares no reconocen límites políticos: son reservas estratégicas de agua dulce que alimentan cuencas enteras, ríos, sistemas productivos y consumo humano en distintas provincias.

La ley original —la 26.639— había sido clara: proteger los glaciares como reservas de agua para la vida, la agricultura y los ecosistemas. Ahora, con la reforma, esa protección deja de ser automática. Cada provincia podrá decidir si un glaciar tiene “función hídrica relevante” o no. Si no la tiene —según ese criterio político-técnico— se abre la puerta a la minería.

El problema es evidente: ¿quién define qué agua es importante? ¿Qué comunidad queda protegida y cuál queda librada al negocio extractivo? En un contexto de crisis climática y escasez hídrica global, esa decisión no es técnica: es profundamente política.

Y mientras esa discusión se daba en el recinto, afuera la respuesta fue represión. En Mendoza, una de las provincias más sensibles por su historia de lucha por el agua, miles de personas se movilizaron. La policía avanzó con violencia: golpes, corridas, detenciones. La escena no es nueva, pero sí cada vez más explícita. El mensaje es disciplinador: el que protesta contra el modelo extractivo, paga.

Porque lo que se está imponiendo no es solo una ley. Es un modelo. Uno que necesita desactivar resistencias sociales para avanzar. Y ahí aparece el otro dato clave: los nombres.

No fue una abstracción. Hubo diputados concretos que levantaron la mano para aprobar esta reforma. La lista es larga, pero hay responsabilidades políticas claras. Según los registros parlamentarios, votaron a favor legisladores de La Libertad Avanza, del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales ligados a intereses mineros.

Entre ellos aparecen nombres como Sabrina Ajmechet, Bertie Benegas Lynch, Fernando De Andreis, Karina Banfi y Gerardo Cipolini, entre muchos otros que integraron el bloque de 137 votos afirmativos.

También hubo apoyos clave de provincias mineras, donde el alineamiento con el negocio extractivo no es casual sino estructural. Diputados de San Juan, Catamarca, Salta y otras provincias acompañaron una reforma que beneficia directamente a ese sector.

No es menor remarcarlo: no es “el Congreso” en abstracto. Son personas concretas que decidieron avanzar sobre una ley que protegía el agua. Nombrarlos es parte de la responsabilidad democrática.

Mientras tanto, el discurso del “progreso” intenta instalar que la minería traerá desarrollo. Pero omite un dato central: sin agua no hay desarrollo posible. Los glaciares funcionan como reguladores naturales, liberando agua en épocas de sequía. Son literalmente reservas estratégicas para la vida.

Plantear que se puede elegir entre explotación minera o protección del agua es una trampa. Es una falsa dicotomía. Porque cuando el agua se contamina o se pierde, no hay inversión que la reemplace.

La escena final vuelve a repetirse: adentro del Congreso, votos alineados con intereses económicos; afuera, ciudadanos golpeados por defender algo tan básico como el agua. Mendoza fue apenas el ejemplo más visible, pero el conflicto es nacional.

La pregunta ya no es solo ambiental. Es política y democrática: ¿hasta dónde se puede avanzar contra bienes comunes esenciales sin romper el contrato social? Porque cuando el agua entra en disputa, lo que está en juego no es una ley. Es la vida cotidiana de millones de personas.