El 25 de agosto de 2025, en el prime time de LN+, Eduardo Feinmann dejó una de las escenas más comentadas de la política y el periodismo reciente. En vivo, mirando a cámara, lanzó una advertencia que muchos calificaron como un apriete mafioso contra Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) investigado por corrupción:
“Usted no tiene ni la más puta idea de lo que son juntos (el juez) Casanello y (el fiscal) Picardi. Yo que usted pensaría mucho qué voy a hacer y qué voy a decir”.
No fue un comentario al pasar: Feinmann repitió la idea, insistiendo en que Spagnuolo desconocía la fuerza de esa dupla judicial y que debía reflexionar antes de declarar. El tono no fue de análisis, sino de mensaje intimidatorio, como si hablara en nombre de un poder superior. Incluso respondió a un interlocutor en el estudio, reforzando el mensaje: “Lo pensaría mucho, en serio”.
La gravedad del apriete
El episodio expuso un límite peligroso: cuando un periodista deja de informar o analizar y pasa a ejercer presión pública sobre un imputado, usando la pantalla como herramienta de amedrentamiento. Lejos de un editorial, se trató de un mensaje con destinatario claro y con consecuencias potenciales para el desarrollo de la causa judicial.
Este tipo de intervenciones degradan el rol del periodismo y lo convierten en una pieza operativa de disciplinamiento político y judicial. La democracia se resiente cuando los medios se utilizan como escenario para amenazas veladas.
El dato de Bonelli: chats borrados
Horas después, el 27 de agosto de 2025, el periodista Marcelo Bonelli sumó un elemento clave al caso. En Radio Mitre afirmó que Spagnuolo “eliminó conversaciones de su celular con Javier Milei y Karina Milei”. Lo describió con una frase contundente: “Hay borratina para tratar de no comprometer”.
El dato agrava el cuadro general. La eliminación de esos chats no solo implica un posible intento de encubrimiento, sino que confirma que Spagnuolo teme que su teléfono lo incrimine aún más. La Justicia ya había detectado decenas de mensajes borrados en sus dispositivos, pero la revelación de Bonelli puso nombres propios en esas conversaciones perdidas.
¿Un fiscal de oficio podría intervenir?
Ante esta combinación —un apriete mafioso en vivo y la desaparición de pruebas digitales— surge una pregunta inevitable: ¿no debería un fiscal actuar de oficio? El mensaje de Feinmann podría encuadrarse como un intento de coacción pública o de entorpecimiento de la investigación. Mientras tanto, el borrado de chats configura un indicio de conducta obstructiva por parte del imputado.
¿Quién manda a Feinmann?
El gran interrogante es si Feinmann actuó por cuenta propia o si fue la voz de un sector político que buscaba enviarle un mensaje directo a Spagnuolo para que no se convierta en arrepentido. Su advertencia no sonó a opinión periodística: sonó a instrucción, a mensaje de poder.
Epílogo
El caso Spagnuolo ya era grave por los audios de coimas y los contratos con la droguería Suizo Argentina. Ahora se suman dos hechos que refuerzan la tensión: el apriete mafioso de Feinmann en televisión y la borratina de chats con los Milei revelada por Bonelli. La causa se mueve entre tribunales y medios, y la pregunta que queda flotando es quién protege a quién… y quién usa a los periodistas como voceros de advertencias mafiosas.
