Por la Redada Diario
Vecinos y asambleas ciudadanas acusan al Grupo Techint, liderado por la familia Rocca, de bloquear la desembocadura del Arroyo de la Cruz en Campana y de contaminar el río Paraná en Ramallo. Las denuncias apuntan a impactos ambientales graves, apropiación de tierras públicas y riesgos para la salud de miles de personas. La justicia ya investiga.
El gigante industrial Techint, comandado por la poderosa familia Rocca, está en el centro de una serie de denuncias por presuntos daños ambientales en la cuenca del río Paraná, una de las zonas más sensibles del ecosistema argentino. Organizaciones sociales, vecinos y asambleas ciudadanas de las localidades bonaerenses de Campana y Ramallo acusan al holding por dos hechos que podrían tener consecuencias irreversibles: el bloqueo del único desagüe del Arroyo de la Cruz y la contaminación con metales pesados del propio Paraná.
La denuncia más reciente y visible fue amplificada a través de redes sociales como Instagram, donde se viralizó un video alertando sobre el cierre de la desembocadura del Arroyo de la Cruz, un pequeño curso de agua que drena buena parte del sur de Campana y desemboca en el Paraná. Según los grupos vecinales y la Asamblea del Paraná, el tapón fue colocado en terrenos que, hasta 2017, eran fiscales. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, esas tierras fueron vendidas a Tenaris Siderca, una firma del Grupo Techint que opera en la zona. Desde entonces, aseguran, los accesos al río fueron privatizados y bloqueados con infraestructura industrial, lo que impidió el normal escurrimiento del agua.
El resultado fue inmediato: durante las lluvias intensas de abril y mayo de 2024, varios barrios de Campana sufrieron inundaciones inesperadas. “Es la primera vez que nos pasa esto en años. El arroyo siempre desaguó bien. Ahora está tapado. Y es porque Techint hizo un muro ahí. Está todo filmado”, denunció un vecino en una asamblea abierta. Las imágenes aéreas muestran un claro cambio en el flujo del arroyo y la aparición de construcciones industriales justo donde antes se ubicaba la salida natural al Paraná.
Pero ese no es el único foco de conflicto entre Techint y el medio ambiente. En la ciudad de Ramallo, ubicada a unos 70 kilómetros al norte, otra empresa del grupo, Ternium (ex Siderar), está siendo investigada por contaminación con residuos industriales. En este caso, las denuncias datan de años atrás, pero tomaron nuevo impulso luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara reabrir la causa. El motivo: se encontraron rastros de metales pesados como plomo, cromo, níquel y cobre en las aguas subterráneas y en el propio río Paraná, en las inmediaciones del complejo siderúrgico.
El expediente judicial considera que podría tratarse de una violación a la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051), una normativa que prevé penas de prisión para quienes contaminen de manera dolosa o culposa. Las pruebas iniciales incluyen informes del CONICET, estudios de universidades nacionales y testimonios de pescadores locales que aseguran haber visto mortandad de peces en ciertas épocas del año.
La familia Rocca, que lidera uno de los conglomerados industriales más poderosos de América Latina, aún no emitió un comunicado oficial sobre estas denuncias. Tampoco lo hicieron sus empresas directamente implicadas. En Campana, mientras tanto, los vecinos preparan una acción judicial colectiva para exigir la reapertura del arroyo y la restitución de los terrenos ribereños al dominio público. “No puede ser que una empresa privada decida quién accede o no al río. Estamos hablando de un bien común”, expresó uno de los abogados que asesora a la Asamblea del Paraná.
El caso ya empieza a resonar en organismos nacionales e internacionales. Diversas ONG ambientalistas, entre ellas Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se hicieron eco de la situación y reclamaron que se garantice el libre acceso a los cursos de agua y se respeten las normas ambientales.
Este conflicto pone en evidencia, una vez más, la tensión entre desarrollo industrial y sostenibilidad ambiental. En el centro, un nombre que se repite: Techint. Su influencia política, económica y territorial es indiscutible, pero los reclamos ciudadanos exigen una revisión urgente de sus prácticas. Porque si se bloquea un arroyo, se envenena un río o se privatiza una costa, lo que está en juego no es solo el paisaje: es el derecho de todos los argentinos a vivir en un ambiente sano.
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