El Senado argentino aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra, a pesar de masivas protestas sindicales y sociales. El proyecto introduce cambios sustanciales en vacaciones, despidos e implementación de un banco de horas, y ahora pasa a la Cámara de Diputados. Críticos alertan que estas modificaciones podrían debilitar derechos laborales y agravar la precariedad.
El jueves 12 de febrero de 2026 quedará marcado como una jornada histórica y divisiva en la política laboral argentina. En una sesión maratónica de más de 13 horas, el Senado nacional aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra. La ley, que ahora será tratada en la Cámara de Diputados, introduce cambios significativos en aspectos clave del derecho del trabajo: vacaciones, indemnizaciones por despidos y el régimen de compensación de horas, conocido como banco de horas.
Para el oficialismo, la reforma representa una modernización necesaria en un mercado laboral que, según el Gobierno, está “obsoleto” y contribuye a elevados niveles de informalidad. Para gran parte del movimiento sindical, sectores opositores y organizaciones sociales, en cambio, la medida implica una regresión de derechos conquistados durante décadas y una profundización de la precarización laboral.
¿Qué cambia realmente?
1. Vacaciones: más fragmentación, menos seguridad
Una de las modificaciones más discutidas es la posibilidad de fraccionar las vacaciones. Tradicionalmente, las vacaciones pagas debían gozarse en un solo bloque dentro de un período definido (entre el 1 de octubre y el 30 de abril). Bajo la nueva regulación, empleadores y trabajadores pueden acordar fraccionarlas en tramos de al menos siete días corridos, siempre que haya un acuerdo por escrito.
Además, las empresas deberán notificar por escrito la fecha de inicio con al menos 30 días de anticipación, pero las convenciones colectivas podrán establecer sistemas alternativos. Si las vacaciones no se otorgan de forma simultánea, el empleador debe garantizar que cada trabajador pueda tomar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.
La flexibilización puede sonar pragmática, pero abre la puerta a que los trabajadores pierdan la tradicional “unidad” del descanso anual, fragmentándolo de forma que satisfaga más las necesidades empresariales que las personales.
2. Despidos: indemnización fragmentada y topes
En cuanto a indemnizaciones por despido sin justa causa, el proyecto mantiene la base tradicional: un mes de salario por año de servicio o fracción superior a tres meses. Sin embargo, la forma de cálculo y los límites cambian de manera significativa.
La base se tomará sobre la mejor remuneración mensual habitual del último año, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo u otros pagos extraordinarios. Además, la indemnización no puede exceder tres veces el salario promedio del convenio colectivo aplicable.
Un punto especialmente criticado es la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas tras una sentencia judicial: hasta 6 cuotas para grandes empresas y hasta 12 para micro, pequeñas y medianas. Estas cuotas se actualizan por el IPC más un 3 % anual.
Si bien la reforma no elimina el derecho a indemnización, estos cambios —sumados a topes y pagos extendidos en el tiempo— pueden reducir el poder de negociación de los trabajadores y disminuir la protección frente a despidos arbitrarios.
3. Banco de horas: flexibilidad con riesgo de explotación
El régimen de banco de horas, una herramienta para compensar horas extras con descansos en días posteriores, se formaliza con la nueva ley. Para implementarlo, debe existir un acuerdo por escrito entre empleador y trabajador o la correspondiente representación sindical.
Las horas extras seguirán siendo voluntarias, con límites establecidos y mecanismos de registro. El banco de horas permite que jornadas más largas en algunos días se compensen con jornadas más cortas en otros, siempre que no se superen los máximos legales semanales o los acordados en los convenios colectivos.
Aunque esta herramienta pretende brindar “flexibilidad”, críticos señalan que sin mecanismos fuertes de control y equilibrio de poder, puede convertirse en una forma de extender jornadas de trabajo sin la correspondiente remuneración —especialmente en sectores con alta rotación o débil sindicalización.
Una victoria política, un riesgo social
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de conflicto. Las afueras del Congreso se convirtieron en escenario de protestas masivas impulsadas por la CGT y otras organizaciones sindicales, que denunciaron la pérdida de derechos laborales básicos y advirtieron sobre un retroceso histórico en la legislación obrera argentina.
Los gremios argumentan que medidas como la flexibilidad en despidos, la fragmentación de vacaciones y el banco de horas favorecen a las empresas en detrimento de la estabilidad de los trabajadores, ampliando la brecha de poder entre empleadores y empleados. Mientras tanto, el oficialismo defiende la reforma como un paso “inevitable” hacia la competitividad y la formalización del empleo en un país con alta informalidad y litigiosidad laboral.
Conclusión: ¿modernización o precarización?
La reforma laboral aprobada en el Senado representa un punto de inflexión en las relaciones laborales argentinas. Aunque no elimina derechos como las vacaciones pagas o la indemnización por despido, los cambios introducidos —especialmente en cómo se calculan y ejecutan estos derechos— podrían limitar la protección real que estos brindan. El banco de horas, en teoría una herramienta flexible, puede traducirse en jornadas extendidas sin pago adicional efectivo.
La discusión, ahora en manos de la Cámara de Diputados, no solo será técnica, sino profundamente política: ¿se busca una modernización que estimule la formalidad y el empleo, o una transformación que favorezca la reducción de costos empresariales a costa de mayor precariedad laboral? La respuesta, y sus consecuencias, definirán el futuro del trabajo en Argentina.
