Reconocimiento constitucional para maestros originarios: un paso hacia la inclusión cultural en Santa Fe

Las comunidades indígenas de Santa Fe reclaman que el gobierno provincial promueva una ley para reconocer como docentes formales a los maestros idóneos de la modalidad EIB. Su demanda se ampara en el artículo 26 de la nueva Constitución santafesina.

En la reciente reforma constituyente de Santa Fe (2025), comunidades originarias como la qom han obtenido un avance histórico: el reconocimiento explícito de su preexistencia y persistencia étnica y cultural dentro de la Carta Magna provincial. Este logro no solo tiene un valor simbólico, sino que abre la puerta a demandas concretas en materia educativa e intercultural.

Las comunidades sostienen que el propio espíritu del texto constitucional va en línea con lo que define el mensaje: “El gobierno de la provincia de Santa Fe debe abrir el diálogo intercultural”. Esta idea se vincula directamente con el artículo 26 de la nueva Constitución, que garantiza el respeto a la diversidad cultural, el ejercicio de los derechos culturales sin discriminación y la obligación del Estado de promover la participación e interacción entre culturas.

A partir de esta base, uno de los reclamos más urgentes es que los docentes idóneos de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) sean reconocidos como docentes formales de la provincia. Estos maestros, generalmente provenientes de las propias comunidades originarias, cumplen un rol decisivo: preservan la lengua materna, transmiten conocimientos ancestrales y fortalecen la identidad cultural en las escuelas. Para los dirigentes indígenas, su formalización también aportaría a reducir el racismo y la discriminación dentro del sistema educativo.

Daniel Naporichi, referente del pueblo qom y partícipe de la Convención Constituyente 2025, explica que el reconocimiento de los maestros idóneos como docentes formales sería coherente con los principios aprobados en la reforma. Señala que cada paso que fortalece a estos educadores también beneficia a toda la provincia, no solo a las comunidades indígenas, porque amplía la educación intercultural, fomenta la igualdad y promueve una relación más respetuosa con el ambiente.

La reforma constitucional introdujo, además, mecanismos concretos para garantizar la participación indígena en la vida pública: creación de autoridades específicas, cupos laborales, representación política y dispositivos de consulta para decisiones que afecten a territorios ancestrales. Sin embargo, para las comunidades, estos avances deben transformarse en políticas efectivas, y el primer paso es el reconocimiento legal de los maestros EIB.

En síntesis, el reclamo de los pueblos originarios santafesinos no es solo un pedido sectorial: es una invitación a construir una provincia más plural y respetuosa de su diversidad cultural. Formalizar a los docentes idóneos sería una medida concreta para avanzar hacia ese horizonte.