
A pesar de los avances normativos y algunas experiencias individuales, la participación política de los pueblos originarios en la Argentina continúa siendo limitada. La discriminación cultural, la falta de acceso a los partidos tradicionales y las barreras estructurales mantienen la representación indígena como una excepción más que una realidad.
Los pueblos originarios han enfrentado históricamente múltiples obstáculos para acceder a espacios de decisión política. Según María Mercedes Doyle, en “Acceso y participación de los pueblos indígenas en la política argentina”, la discriminación cultural y política ha restringido la inserción de las comunidades indígenas en cargos representativos. Juan Carlos Radovich, en “Política indígena y movimientos etnopolíticos en la Argentina contemporánea”, coincide en que, aunque existan movimientos etnopolíticos y políticas públicas, la exclusión de los partidos tradicionales sigue siendo la regla.
Existen antecedentes de indígenas en cargos políticos. En 2021, Rogelio Segundo (wichí) fue electo diputado provincial en Salta, y en 2019 Ricardo Sandoval (qom) asumió como intendente de El Espinillo, Chaco. Sin embargo, estas experiencias son excepcionales frente a la magnitud de la población indígena. Según el Censo Nacional de Población 2022, 1.306.730 personas se reconocen como indígenas o descendientes de pueblos originarios, lo que representa el 2,9 % de la población. En ese censo se identificaron 58 pueblos indígenas y 53 lenguas ancestrales, y, según el INAI, existen 1.590 comunidades reconocidas oficialmente en todo el país.


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