DEFINICIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE. Miércoles, 6 de Agosto de 2025

Noticias del Centro Testimonio.

ESTADO DE SITUACIÓN: “La economía real empieza a crujir. La producción automotriz cayó 13,4% respecto a junio y 16,5% interanual, según Adefa. Las exportaciones del sector bajaron 35,7% frente a julio de 2024 y están en el nivel más bajo desde 2021. Todo, mientras las automotrices suben precios entre 3% y 9%, en línea con el salto del dólar en los últimos dos meses. El dato contrasta con las ventas: según ACARA, en julio se vendieron 17% más autos que en junio y 40,8% más que en julio de 2024. El problema no está en la demanda interna, sino en la capacidad de producción y la caída de exportaciones, agravada por la falta de incentivos y el freno logístico. El combo genera alarma en despachos oficiales y empresas, ya que el rebote parece haberse desinflado. Según el ICA-ARG del CICEc, que arman las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, junio borró todo atisbo de recuperación y dejó a la actividad al borde del estancamiento. En paralelo, el riesgo país bajó a 761 puntos y los bonos CER siguen al alza, anticipando que los próximos tres meses serán inflacionarios. La Bolsa porteña trepó 2,6% y las acciones argentinas en Wall Street subieron entre 1% y 5,5%, en medio de un rebote selectivo. El clima internacional tampoco ayuda: las tasas largas de EE.UU. bajan presionadas por la Casa Blanca sobre la Fed, mientras Donald Trump amenaza con nuevos aranceles a semiconductores y farmacéuticas. Y la tensión geopolítica con Israel y Rusia añade incertidumbre global. En ese contexto, Garbarino sigue cuesta abajo: la Justicia dio cinco días para encontrar un comprador y evitar la quiebra total. La crisis de la cadena icónica del retail refleja cómo la motosierra también pasa por el consumo. Donde sí hay movimiento es en el frente portuario. En Rosario, la chilena Ultramar avanza en su interés por quedarse con parte del negocio de Vicentin, y en Entre Ríos se inauguró un nuevo puerto sobre el río Paraná, que amplía la capacidad logística de la región. Además, el Gobierno impulsa el plan Belgrano Cargas, para reactivar el transporte ferroviario y mejorar la competitividad del norte argentino, según confirmaron desde el Ministerio de Infraestructura. La apuesta es duplicar el uso del tren en exportaciones para 2027. Y en Rosario, avanza el proyecto en el Concejo Municipal para habilitar torres de hasta 120 metros en terrenos de entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, lo que podría cambiar el perfil urbano y generar una nueva ola de inversiones inmobiliarias. La iniciativa divide aguas: los desarrolladores la celebran, mientras sectores vecinales reclaman mayor debate.” Marcos Cicchirillo en ECO 365.

NADA: “El Gobierno de Santa Fe y los gremios estatales de ATE y Upcn se volvieron a reunir este martes en el marco de las discusiones paritarias con el objetivo de rediscutir los salarios de cara a los próximos meses. La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y estuvo encabezada por el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, junto a su par de Economía, Pablo Olivares, mientras que por el sector gremial estuvieron Marcelo Delfor, de ATE y Jorge Molina, secretario General de Upcn. Las partes sostuvieron un encuentro que se extendió durante casi dos horas, pero no lograron encontrar puntos de acuerdo para materializar una oferta que pueda ser trasladada a las bases. La única coincidencia fue pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 11 de agosto a las 8:15.” José Graells en AIRE DIGITAL.

MOVIDA IMPORTANTE: “Organizaciones de Rosario y la región que trabajan con personas con discapacidad realizaron este martes al mediodía una masiva protesta frente a la sede local de Gobernación, en la plaza San Martín, en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia para el sector. La normativa, que había sido aprobada por el Congreso el pasado 10 de julio, buscaba recomponer pensiones y actualizar aranceles para prestadores de servicios, pero fue anulada por decisión presidencial. La movilización incluyó decenas de vehículos de transporte adaptado, lo que provocó cortes de tránsito en calle Santa Fe. Pablo Bolego, referente de Atraes, denunció que “el sistema está quebrado” y calificó el veto como una medida “fiscalista, por encima de la ética y la humanidad”. Y agregó: «Esta medida se hace en todo el país, vamos a ser custodios de esta ley y vamos a exigir a los legisladores que voten a favor”. A partir del veto, el proyecto de la declaración de emergencia en discapacidad debe ser tratado nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación. En la previa a la concentración, desde Apridis, su presidenta Mariel Chiapero expresó el profundo dolor e incertidumbre que atraviesan las instituciones, afirmando que el veto anuló la esperanza generada por la reciente aprobación legislativa. Las organizaciones anticiparon que continuarán exigiendo apoyo a los legisladores para revertir la decisión. Una movida nacional: Familiares, trabajadores del área y personas con discapacidad se movilizaron este martes hacia el Congreso de la Nación para repudiar el veto a la Ley de Emergencia en el sector anunciada por el gobierno de Javier Milei. La concentración comenzó frente al Congreso a las 11.30hs con las fuerzas de seguridad rodeando las inmediaciones. Por un momento, se vivió una situación de tensión entre manifestantes y agentes, pero se disipó de manera inmediata. Esta medida en repudio al veto del Gobierno Nacional se replicó en todas las plazas centrales del interior país; paralelamente, profesionales suspendieron las actividades relacionadas al área de Discapacidad por la “gravedad de la crisis” que están atravesando. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las entidades que se encuentran en la movilización, señaló que “el verdadero desafío” que debería tener el oficialismo es construir una sociedad “más justa”, donde “nadie quede excluido ni solo” frente a las dificultades que se presentan en la Argentina de hoy.” EL CIUDADANO.

DE BAJA: “La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios que accedían al beneficio de la tarifa social, tras detectar situaciones irregulares y potenciales fraudes. Sin embargo, en paralelo, la firma estatal avanza con denunciar a cada uno de ellos en el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Así lo confirmó este martes la presidenta de la empresa estatal, Anahí Rodríguez. “Hemos cortado el beneficio de la tarifa social y tomado la decisión, al inicio de nuestra gestión, de denunciar cada irregularidad, sean usuarios formales o informales, frente al MPA a través de un trabajo que realizamos con nuestra área jurídica”, indicó en declaraciones a Radio 2. En el mismo sentido, la funcionaria a cargo de la EPE desde que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro expresó: “No vamos a vacilar en las decisiones y procesos administrativos o judiciales que tengamos que llevar adelante. Es una situación gravosa, son ingresos públicos y una magnitud muy grande de recursos”. ROSARIO 12.

DEFINICIONES es una publicación del Centro de Comunicación, Capacitación y Formación TESTIMONIO de la Ciudad de Rafaela (Santa Fe) en la Red de Comunicadores del MERCOSUR.