Otra factura complica a Adorni: los vuelos fueron pagados por una productora ligada a la TV Pública

Imagen La Nación

La aparición de una nueva factura en la causa por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este sumó presión sobre el jefe de Gabinete. La documentación sugiere que el vuelo de regreso no habría sido abonado por el propio funcionario, sino vinculado a terceros cercanos, lo que refuerza las sospechas judiciales sobre posibles dádivas.


La investigación judicial sobre los vuelos privados utilizados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un elemento clave: la aparición de una nueva factura que pone el foco en el financiamiento del viaje de regreso desde Uruguay. El documento, incorporado al expediente que tramita en Comodoro Py, complejiza aún más la situación del funcionario y amplía el alcance de las sospechas.

Según la información que maneja la Justicia, el vuelo de ida ya había quedado bajo la lupa tras confirmarse que fue abonado por la empresa Imhouse SA, vinculada al periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni y con participación en contenidos relacionados con la TV Pública. Ese tramo tuvo un costo cercano a los 4.800 dólares y fue pagado mediante una transferencia en pesos, según consta en los comprobantes presentados ante el juez Ariel Lijo.

El nuevo dato que surge ahora es que el viaje de regreso tampoco habría sido financiado por el propio funcionario. De acuerdo con la documentación analizada, ese vuelo forma parte de un paquete de viajes contratado por un tercero, identificado como un ciudadano con domicilio en Uruguay, lo que abre interrogantes sobre el origen de los fondos y la eventual existencia de beneficios indebidos.

Este punto resulta central para la causa, ya que podría configurar un esquema en el que distintos actores asumieron costos del viaje. La hipótesis de la fiscalía apunta a determinar si estos pagos constituyen dádivas, una figura penal que sanciona la recepción de beneficios por parte de funcionarios públicos sin justificación.

El expediente se originó a partir de denuncias presentadas por legisladores nacionales, quienes señalaron posibles irregularidades en el financiamiento del viaje que Adorni realizó junto a su familia durante el feriado de carnaval. Desde entonces, la Justicia avanzó con una serie de medidas para reconstruir el recorrido completo y verificar quiénes participaron en la operatoria.

Entre esas medidas se incluyó el pedido de registros de cámaras del aeropuerto de San Fernando, así como la documentación de todos los vuelos en las horas cercanas al despegue. También se solicitó información a organismos como la ANAC y la Aduana para establecer si se cumplieron los controles correspondientes y seguir la trazabilidad del dinero utilizado.

El rol de Marcelo Grandio también quedó en el centro de la escena. En declaraciones públicas, el periodista había sostenido que los costos del viaje fueron compartidos, aunque las facturas y comprobantes incorporados al expediente judicial contradicen parcialmente esa versión y muestran un esquema de pagos más complejo.

Además, la relación entre la productora involucrada y la TV Pública añade un componente político al caso. Si bien Grandio negó haber recibido fondos directos del Estado, la conexión institucional es uno de los aspectos que analiza la Justicia para determinar si hubo algún tipo de beneficio indirecto o conflicto de intereses.

En paralelo, la causa podría unificarse con otros expedientes que investigan el patrimonio del funcionario, lo que ampliaría el alcance de la pesquisa. En ese marco, los investigadores buscan establecer si existe una correlación entre los gastos detectados y los ingresos declarados por Adorni, cuya remuneración oficial no parecería compatible con el costo de este tipo de vuelos privados.

Con la aparición de esta nueva factura, el caso suma un elemento que podría resultar determinante. La clave, ahora, estará en reconstruir con precisión el circuito del dinero y definir si los pagos detectados constituyen irregularidades penales o pueden ser justificados dentro del marco legal. Mientras tanto, el expediente sigue avanzando y mantiene en vilo a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.

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