Memoria, Verdad y Justicia
A 50 años del golpe de Estado de 1976, el debate sobre la memoria y los derechos humanos vuelve a cobrar centralidad en la Argentina. En un contexto marcado por cuestionamientos y recortes en políticas públicas, organismos históricos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo continúan su lucha por la verdad y la justicia. La conmemoración del 24 de marzo se resignifica así entre memoria histórica y tensiones del presente.
Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, en medio de un contexto negacionista por parte de quienes nos gobiernan. Es por ello que decidí realizar un revisionismo histórico y relatar los hechos sucedidos en los años de dictadura, la lucha de las Madres y Abuelas y, por último, la situación actual de los organismos de Derechos Humanos.
El 24 de marzo de 1976 se realizó un golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón. Con complicidad de los grandes empresarios y los medios de comunicación como Clarín, La Nación y La Razón, comenzó un plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición que no solamente buscaba “eliminar enemigos”, sino también adoctrinar a la sociedad argentina con un único pensamiento. Se crearon 814 centros clandestinos de detención a lo largo del país; allí alojaban a los/as secuestrados/as y se realizaban atroces torturas que incluían la utilización de picanas eléctricas, abusos sexuales y golpes sistemáticos que muchas veces terminaron con la muerte de los/as torturados/as. Diversos testimonios de sobrevivientes relataron que existieron fusilamientos en masa dentro de los centros clandestinos, así como también incineramiento de los cuerpos y los llamados vuelos de la muerte.
La persecución política del gobierno de facto se centró en los/as estudiantes y trabajadores/as. Además, se prohibieron diversas corrientes culturales (música, literatura, arte) y se persiguió a intelectuales, escritores, músicos, periodistas, sindicalistas, docentes, estudiantes y todos aquellos que alzaran la voz y que no comulgaran con su pensamiento. Según su doctrina, estos hechos se realizaron en nombre de Dios, la patria y la familia, y utilizaron la figura del subversivo, en donde incorporaron todo grupo social/político que no coincidiera con aquella definición.
Frente a este contexto de terrorismo de Estado, en el año 1977 surgió, en primer lugar, la organización de Madres de Plaza de Mayo, que buscaba información sobre el paradero de sus hijos/as desaparecidos/as; sus rondas se han transformado en uno de los emblemas más importantes tanto nacional como internacionalmente. En segundo lugar, las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda de los/as nietos/as apropiados/as por los militares en los centros clandestinos, y así poder restituir su identidad. Se estima que se apropiaron alrededor de 500 bebés en los años de la dictadura; hasta el momento se han recuperado 140 nietos gracias a su incansable lucha.
Son reconocidas y respetadas a nivel mundial. Las Abuelas fueron galardonadas con el Premio Félix Houphouët-Boigny de la UNESCO en 2010 por su contribución a la paz y los derechos humanos. También recibieron múltiples doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo. Por su parte, las Madres obtuvieron el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 1992, uno de los reconocimientos más importantes en materia de derechos humanos. Tanto Madres como Abuelas se han convertido en un símbolo en la defensa de los derechos humanos; junto con la búsqueda de los/as 30.000 desaparecidos/as y los/as nietos/as apropiados/as, han levantado la bandera de Memoria, Verdad y Justicia para las víctimas de la dictadura.
Las Madres tienen un rol central en la construcción y sostenimiento de la memoria colectiva: sostienen las rondas en la Plaza de Mayo, impulsan actividades políticas y culturales y mantienen vigente el reclamo por los desaparecidos. Además, han acompañado los procesos judiciales contra los responsables del genocidio cometido. Las Abuelas tienen una participación clave en la restitución de la identidad. Su trabajo ha sido fundamental en la recolección de pruebas para los juicios por delitos de lesa humanidad, la localización de nietos/as apropiados/as y el desarrollo de herramientas como el Banco Nacional de Datos Genéticos.
Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarroel, en 2023, las organizaciones de derechos humanos han sufrido el desfinanciamiento de sus recursos que permiten que la búsqueda de las y los desaparecidos durante la última dictadura continúe. Con una clara tendencia negacionista, las políticas en derechos humanos atravesaron un proceso de ajuste marcado por recortes presupuestarios, reestructuraciones y despidos. Las partidas destinadas a sitios de memoria han tenido una caída de hasta un 90% en términos reales, afectando espacios emblemáticos como la ex ESMA, mientras que áreas clave funcionaron con presupuestos prorrogados o directamente sin asignación. Además, la Secretaría de Derechos Humanos fue reducida jerárquicamente y sufrió más de 800 despidos, lo que impactó en su capacidad operativa. También se vieron alcanzados organismos estratégicos como la CoNaDI y el Archivo Nacional de la Memoria, en un contexto general de retracción del gasto público.
El ajuste también alcanzó al Banco Nacional de Datos Genéticos, una institución central para la restitución de identidad impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo, que pasó a funcionar con recursos congelados y cambios en su estructura. Desde los organismos, entre ellos las Madres de Plaza de Mayo, denunciaron un vaciamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia, advirtiendo sobre el riesgo de afectar la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura.
No contentos con ello, el gobierno ha tenido múltiples actitudes negacionistas que han llevado como bandera política: el año pasado se designó como jefe del Ejército a Carlos Alberto Presti, hijo de Carlos Presti, quien fue militar en los años de la dictadura y fue vinculado con la cúpula militar de ese momento. A esto se suman las constantes provocaciones negando el número de desaparecidos, la actitud “conciliadora” con los genocidas y los constantes insultos a las organizaciones de derechos humanos.
A pesar del desfinanciamiento por parte del gobierno nacional y sus actitudes negacionistas y provocadoras, las organizaciones de derechos humanos no han dejado de trabajar incansablemente en búsqueda de la verdad. Recientemente, en el predio del ex centro clandestino La Perla, uno de los principales dispositivos represivos del país, la Justicia logró identificar los restos de 12 personas desaparecidas, encontrados en 2025. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió reconstruir identidades a partir de fragmentos óseos mediante estudios genéticos, testimonios y tecnología especializada.
Por todo esto (y por mucho más), la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no es algo del pasado ni una causa perdida; hoy, más que nunca, esa búsqueda de memoria, verdad y justicia sigue vigente y depende de nosotros, como sujetos sociales, que lo siga siendo hasta que sepamos qué pasó con cada uno y cada una de los/as compañeros/as desaparecidos/as, hasta que encontremos a cada niño/a apropiado/a. No dejaremos de preguntar dónde están. Es por ello que este martes 24 debemos estar en la plaza, acompañando su lucha y, en contra del negacionismo, alzar la voz y gritar Nunca Más.
Ayelén Ferreyra
Ayelén Ferreyra es estudiante avanzada de la Licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito trabajos sobre bioética y derechos humanos.