Más de cincuenta familias aseguran haber pagado por viviendas que jamás fueron construidas. Denuncian contratos sin firmas, exigencias de pagos adicionales, mudanzas repentinas de oficinas y un modus operandi que recuerda a esquemas como el de Cositorto. Pero lamentablemente no se hace publico y conocido como este último. Ese es el trabajo de los damnificados que no van a descansar hasta coneguir lo suyo.
Un patrón que se repite: promesas rápidas, pagos en efectivo y nada construido
La empresa MPV Construcciones, cuya sede comercial funcionaba en Sarmiento al 400 (CABA), volvió a quedar en el centro de la escena tras un escrache que realizaron decenas de damnificados. Según testimonios recogidos por La Redada y por un móvil de Crónica TV, la firma habría desplegado un esquema sistemático de captación de clientes, cobro anticipado y falta total de ejecución de obras.
El método, según los denunciantes, es siempre similar:
- La empresa contacta a potenciales clientes por redes sociales.
- Promete casas llave en mano en 30 a 60 días.
- Ofrece precios accesibles y facilidades de pago, desde cuotas hasta operaciones en efectivo.
- Una vez firmado el contrato, la obra no comienza jamás.
- Cuando los clientes reclaman, les exigen montos adicionales, a veces millonarios, bajo amenaza de no entregar la vivienda.
Graciela, una de las damnificadas, relató que pagó en 2020-2021, pero la empresa luego quiso devolverle “el mismo monto nominal”, totalmente depreciado por la inflación. Incluso le reclamaron 20 millones de pesos extra, 10 de ellos en efectivo, para continuar el proceso. Hoy su terreno sigue vacío.
Testimonios que se multiplican: dos años de espera para casas prometidas en un mes
Otro de los testimonios que salió al aire fue el de Daniel, quien pagó la totalidad de su vivienda en 2023. El contrato fijaba un plazo de entrega de seis meses. Tras un año y medio de excusas, aumentos unilaterales y presiones, la empresa comenzó a exigirle 12 millones de pesos adicionales, cifra que luego seguía aumentando en cada reunión. Daniel perdió alrededor de 3 millones de pesos, más los costos legales.
En el escrache, varias personas aseguraron que MPV tenía oficinas en los pisos 3, 5 y 8 del edificio de Sarmiento. Sin embargo, Crónica confirmó que la empresa se retiró del lugar en silencio, dejando deudas incluso de servicios básicos. Los timbres no funcionaban y las oficinas estaban vacías.
El abogado que representa a un grupo de damnificados explicó que los contratos entregados por la firma son preimpresos, con cláusulas abusivas, y que en el lugar donde debería figurar la firma del responsable solo aparece un sello: “MPV Construcciones”.
“No hay firma, no hay CUIT del responsable. Es una estructura diseñada para la impunidad”, afirmó.
Y agregó: “Esto no es un simple incumplimiento contractual. Estamos frente a una presunta estafa multimillonaria y posiblemente una asociación ilícita”.
Denuncias en expansión nacional
El fenómeno no se limita a Capital Federal. Hay denuncias en Dolores, el Conurbano, localidades de la Costa Atlántica y distintos puntos turísticos. En solo un año, se habrían iniciado más de 30 juicios por incumplimiento, según declaró otro de los entrevistados.
Varios clientes describieron la misma secuencia: pagos adelantados, plazos que no se cumplen, aumentos repentinos, promesas vagas y una oficina que se muda cada vez que los reclamos se intensifican. Para muchos, MPV operó como una empresa fantasma con fachada comercial, pero sin capacidad técnica ni intención real de construir.
Los damnificados exigen que la Fiscalía 37 avance con la causa, identifique a los responsables y determine si la empresa continúa operando bajo otros nombres o con nuevos dominios en redes sociales.
Cierre editorial: pedir lo justo, exigir lo propio
Las historias de Graciela Santillán, Daniel y de tantas otras familias no son excepciones: son la radiografía de una Argentina donde la vulnerabilidad habitacional se convierte en negocio para unos pocos. Ninguno de ellos reclamó privilegios. Ninguno pidió ventajas ni tratos especiales.
Lo único que exigen —y que el Estado debe garantizar— es que se cumpla con lo firmado. Que no se juegue con la necesidad. Que no se abuse de la buena fe de quienes juntan peso por peso para acceder a su primera vivienda.
Estas personas no quieren más: quieren lo suyo. Quieren lo que pagaron. Quieren que sus terrenos vacíos se transformen, por fin, en hogares.
Mientras tanto, los responsables de MPV apagan los teléfonos, levantan las oficinas y dejan tras de sí un reguero de promesas rotas. La pregunta sigue abierta: ¿quién va a responder y cuándo llegará la justicia que estas familias merecen?
