1. Contexto político y legislativo
El jueves 10 de julio de 2025 quedará marcado en la historia reciente de la política argentina como otro capítulo del choque frontal entre el oficialismo ultraliberal de Javier Milei y una coalición legislativa opositora. Con mayoría en el Senado, la oposición logró sancionar una ley que otorga a los jubilados un aumento del 7,2 % en sus haberes, un incremento definido por peronistas como “un alivio necesario” ante el aumento del costo de vida y las recurrentes movilizaciones frente al Congreso.
Desde el arribo de Milei a la Casa Rosada en diciembre de 2023, la política económica aplicada —incluidos severos ajustes fiscales y recortes en programas del PAMI y salud pública— dejó a un tercio de los jubilados por debajo de la línea de pobreza, y reiteradas protestas semanales reclamaron mejoras .
2. El contenido del proyecto aprobado
El texto aprobado por el Senado establece:
- Un 7,2 % de aumento real para la totalidad de los jubilados y pensionados del sistema público, excepto regímenes especiales.
- Un incremento del bono previsional mínimo, pasando de 70.000 $ a 110.000 $, y sujetándolo a actualización automática por inflación.
Además, la ley acompaña otras medidas como la restauración de la moratoria previsional y una declaración de emergencia para personas con discapacidad, que apuntan a resarcir derechos recortados y ampliar la cobertura social .
Con 52 votos afirmativos y apenas 4 abstenciones en el Senado —tras su sanción en Diputados—, el plan opositó legislativo logró avanzar pese a la férrea negativa del Gobierno.
3. La reacción del Gobierno: veto, judicialización y reproches
Desde la Bolsa de Comercio —en el acto por el 171° aniversario de la institución—, el presidente Milei respondió con contundencia:
- Vetará totalmente la ley aprobada, argumentando que pone en riesgo el superávit fiscal y representa un “acto de desesperación” de la oposición, que busca ganar un rédito electoral anticipado de cara a las elecciones de octubre .
- Amenazó con recurrir a la justicia: “si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, dijo confiado en que el eventual impacto sería breve y desvirtuable “en dos meses”, antes del 11 de diciembre, cuando asumirá un nuevo Congreso si La Libertad Avanza redefine su estrategia .
- Durante su discurso, cargó contra opositores y gobernadores: calificó a la vice Victoria Villarruel como “traidora” por su participación en la sesión, acusó a los mandatarios provinciales de asestar un “puñal” a la gestión, y la catalogó como una acción desesperada mientras pronosticó que “en octubre La Libertad Arrasa” .
4. La batalla que viene: Congreso, veto y elecciones
El oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las cámaras, por lo que el Senado tiene capacidad de vetar el veto presidencial. Si llegase a ocurrir, la ley podría entrar en vigencia, un escenario que el Gobierno promete no dejar pasar sin oponer resistencia judicial .
Esta pulseada se enmarca en un clima preelectoral agitado: las primarias del 26 de octubre y la elección general auguran una dura campaña sobre el rumbo fiscal del país, donde la oposición intentará capitalizar diferencias reales con el asedio económico y las constantes restricciones sociales impulsadas por el Gobierno.
5. Frente social: mayores presiones externas
Apenas un mes atrás, el 4 de junio de 2025, una manifestación heterogénea frente al Congreso reunió a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores de salud, docentes, científicos y organizaciones feministas para repudiar los recortes en educación, salud y derechos sociales. El incremento aprobado preocupa al Gobierno, ya que fortalece reclamos sociales que exigen mayor atención a sectores vulnerables.
Sumado al escenario legislativo, este incipiente frente de resistencia social suma presión sobre el oficialismo en un momento clave para su estrategia electoral.
Permanencia del choque y futuro incierto
El veto presidencial al aumento de jubilaciones —y el anuncio de judicializar cualquier obstáculo— agrava la tensión entre poderes y alimenta un conflicto político en tiempos de recorte fiscal. Mientras el Congreso apuesta a consolidar avances sociales y desmarcarse de la agenda de austeridad del Ejecutivo, Milei intensifica su discurso de firmeza y casual desenfado, apostando a una pulseada cuyo desenlace podría definirse en las urnas o en los tribunales.
La gran pregunta es si la judicialización del tema prosperará y si, de concretarse un veto rechazado por el Senado, el fallo que determine su validez llegarían tras el recambio del 11 de diciembre, proyectando dificultades constitucionales y políticas para sus opositores.
En octubre, los argentinos decidirán si respaldan la política del superávit fiscal por ajuste o si redirigen el Estado hacia una mayor protección social. Este episodio es apenas uno de los tantos que marcan el rumbo de una Argentina que, por ahora, sigue escalando en tensión política y social, mientras el reloj marcó el comienzo de una campaña que promete ser intensa y determinante.
