Matar la educación: con el aval de los gobernadores, el gobierno realizó un recorte histórico en educación

Con el aval de gobernadores aliados, el gobierno de Javier Milei logró aprobar el Presupuesto 2026 con recortes históricos en educación, ciencia y políticas sociales. La votación exprés en el Congreso habilitó la eliminación de pisos de financiamiento y la derogación de leyes clave, generando un fuerte rechazo de universidades, científicos y organizaciones sociales.

Con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, en la noche del viernes los y las senadoras nacionales aprobaron el presupuesto en general para el año 2026, con fuertes recortes en educación y ciencia.

El gobierno de Javier Milei obtuvo su gran victoria en el Senado gracias a los gobernadores aliados y por la intervención de la recién llegada Patricia Bullrich. Al igual que en Diputados, se impuso que la votación fuera por capítulo y no por artículo.

Los artículos más controversiales y que generaron más debates fueron el 12, que interrumpe el envío de fondos a las universidades, y el 30, que deroga el piso obligatorio del 6 % para el presupuesto en educación y ciencia. Tras un arduo debate, se aprobó el Capítulo II, donde se encontraban dichos artículos, con 42 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, declaró en el recinto: “Este tratamiento exprés daña al país y debería volver a Diputados por varios temas: por la educación, el artículo 30; por el tratamiento exprés de la deuda externa; por el sistema previsional de las provincias. Este presupuesto hace a Milei un gobierno de facto y eso no lo vamos a permitir”.

Por otro lado, Eduardo Wado de Pedro expresó: “El artículo 30 da vergüenza ajena. Vemos con claridad quiénes son los castigados y cómo se castiga el derecho a la educación, el acceso a la salud y a la vivienda. Desde que asumió el gobierno de Milei, el presupuesto en educación perdió 45 puntos reales”.

Recortes

Ciencia

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la partida de ciencia y tecnología sufrirá un recorte del 48,8 % en términos reales con respecto a 2023. El artículo 30 del proyecto deroga los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, que indica el 1 % del PBI como piso para la inversión en ciencia (Info Región).

Este recorte impacta de manera directa en organismos como el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el INTA y la CONAE.

Educación

El recorte será del 45 % en relación con el año 2023. Esto afecta a las universidades nacionales, con una caída del 33,8 % con respecto a 2023. Por otro lado, las escuelas técnicas tendrán un recorte del 93 %, lo que implica un desfinanciamiento total.

Debate en Diputados

Entre el miércoles y la madrugada del jueves de la semana pasada, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se aprobó en general el presupuesto para el año 2026, que va en contra de la salud, la educación y la cultura, profundizando el ajuste a los y las ciudadanas y favoreciendo a los sectores más ricos.

Con 140 diputados y diputadas presentes, se dio el quórum necesario para tratar el Presupuesto 2026. Con el acompañamiento de los bloques del PRO, la UCR y aliados provinciales, el primer logro del gobierno fue imponer la forma de votación. La moción de votar el presupuesto por grupos temáticos y no por artículo obtuvo 130 votos a favor, 112 en contra y una abstención (El Diario 24).

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda denunciaron una maniobra encubierta para no tratar de manera individual el artículo 75, que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia en Discapacidad, con el objetivo de que no quedaran en evidencia los nombres de quienes acompañarían al oficialismo en esta decisión.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, remarcó que “para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el Capítulo XI para que el resto no se pueda despegar del artículo 75. Es una perversidad” (c5n.com).

Sin embargo, a Javier Milei le salió el tiro por la culata, ya que cuando se votó el Capítulo XI en particular fue rechazado, con 123 votos en contra, 117 a favor y dos abstenciones.

---

¿De qué se trataba el Capítulo XI y el polémico artículo 75?

– Se proponía eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), y que estas fueran actualizadas a discreción del Poder Ejecutivo.
– Retrotraer el subsidio por zonas frías a 2021 y limitarlo a las provincias patagónicas.
– Adecuaciones presupuestarias: facultar al jefe de Gabinete para ajustar partidas necesarias para cumplir con fallos de la Corte Suprema sobre coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires.
– Aumento de financiamiento al Poder Judicial.
– Condonar la deuda a empresas eléctricas a través de un resarcimiento económico.

Por último, el gobierno de Milei modificó el dictamen del presupuesto un día antes de la sesión y agregó un artículo (artículo 75), donde se derogaba la Ley de Financiamiento Universitario (Ley N.° 27.795) y la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley N.° 27.793). Esto causó revuelo en la oposición y en la sociedad. Rápidamente, las universidades y las organizaciones de personas con discapacidad alzaron su voz.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades rechazaron la intención del gobierno de derogar dichas leyes. En un comunicado manifestaron una “profunda preocupación” por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que no solo no modifica el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo —que oportunamente advertimos resultará insuficiente de aprobarse en esos términos para resolver los problemas presupuestarios y salariales del sistema universitario—, sino que además incorpora un artículo que pretende derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario, que debió sostenerse con mayoría agravada y cuya ejecución se encuentra pendiente de resolución judicial. Advirtieron que, en estas condiciones, es imposible que las universidades públicas desarrollen con normalidad todas sus actividades durante 2026. https://www.cin.edu.ar/dictamen-del-presupuesto-peligra-el-sistema-universitario-en-2026/

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires alertó por la caída de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, docentes, no docentes y científicos, quienes perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años. Además, advirtió que el Presupuesto 2026 implica un 30 % menos de fondos para los hospitales universitarios que en 2025 (El Destape).

Por otro lado, las organizaciones de personas con discapacidad denunciaron que la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad vulnera derechos, desconoce las emergencias vigentes y viola tratados internacionales.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos denunció que se trata de una “maniobra encubierta”, ya que de manera solapada y deliberada el Gobierno nacional incorporó en las modificaciones del Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario. Este cambio no formaba parte del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Esto implicaría que no se reconozca ni se pague la totalidad del atraso arancelario generado por el actual gobierno, que a agosto de este año alcanzaba el 70 %, profundizando la crisis del sistema de prestaciones (Motor Económico). Alarma en los sectores de discapacidad y universidades por el Presupuesto 2026: “No hay margen para retroceder” – Motor Economico

---

Conclusión

No hay dudas de que fue una noche de festejo para el oficialismo que, desde la última elección nacional, se muestra envalentonado y dispuesto a todo en pos de un “equilibrio fiscal” y de mostrar que existe gobernabilidad y consenso ante Estados Unidos y el FMI.

Con este presupuesto se confirma, una vez más, que el Estado argentino ha dejado de ser garante de derechos. Con discursos que apelan a la “responsabilidad”, la “austeridad” y la “necesidad de sacrificio”, el gobierno de Milei logró imponer una lógica que naturaliza recortes profundos en áreas como educación, ciencia y políticas sociales. Demostró que la educación es prescindible y que su objetivo es destruirla, profundizando las desigualdades.

La sesión dejó en evidencia dos modelos de país en tensión: uno que concibe la educación como inversión estratégica y motor de desarrollo, y otro que la reduce a un “gasto prescindible”. Hoy ganó el segundo. Pero también quedó clara la resistencia de quienes advirtieron las consecuencias humanas y estructurales de este camino. Esa discusión no termina en el recinto: seguirá en las aulas, en las universidades, en las calles y en cada espacio donde se defienda el derecho a aprender.