En los últimos días, un grupo amplio de gobernadores provinciales endureció su postura frente al gobierno de Javier Milei. El reclamo se centra en la necesidad urgente de revisar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los ingresos del impuesto a los combustibles líquidos, dos mecanismos que —según argumentan— se están utilizando de forma discrecional desde la Casa Rosada, dejando a las provincias sin margen para sostener servicios esenciales.
Punto de quiebre: martes 24 de junio de 2025
La semana comenzó con un fuerte gesto político. El martes 24 de junio, en una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), 22 gobernadores firmaron un documento conjunto en el que pidieron redistribuir el impuesto a los combustibles de manera automática y por ley, eliminando los fondos fiduciarios que el gobierno administra con criterios poco claros. También exigieron que los ATN se coparticipen de forma más equitativa y transparente.
Ese mismo día se anunció que un proyecto legislativo con esos cambios sería impulsado en el Congreso. El texto busca redirigir más de un billón de pesos hacia las provincias, modificando la lógica centralista actual.
La respuesta de la Casa Rosada: viernes 27 de junio
El viernes 27 de junio, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos reaccionó con firmeza en una entrevista radial: “No podemos hipotecar el orden fiscal por presiones políticas. El Estado Nacional no está en condiciones de aceptar ese proyecto”. Sin embargo, dejó la puerta abierta a un diálogo: “Estamos dispuestos a conversar, pero sobre la base de la responsabilidad”.
Al día siguiente, sábado 28 de junio, el propio Javier Milei se refirió al tema en redes sociales, con su estilo habitual: “Los gobernadores son la última trinchera de la casta. No hicieron el ajuste. Ahora quieren meter la mano en el bolsillo de los argentinos que sí se están sacrificando”.
La caída de la coparticipación
Desde diciembre hasta junio, los fondos transferidos automáticamente a las provincias —la llamada coparticipación— cayeron más de un 4,2 % en términos reales, según datos del IARAF y la consultora PxQ. Esto representa cerca de 2,5 billones de pesos menos respecto al mismo período del año anterior, afectando gravemente la capacidad de pago de salarios docentes, construcción de viviendas, infraestructura escolar y hospitales.
La situación es particularmente crítica en provincias del Norte Grande y la Patagonia, donde la recaudación propia es baja y el Estado nacional representa más del 60 % del ingreso total.
Un reclamo que se mete en la campaña
El reclamo no es solo técnico. Se da en la antesala de los comicios provinciales clave: Buenos Aires, Mendoza y Chaco votarán en septiembre, y lo que se discute ahora puede impactar directamente en la estrategia electoral de Milei. Algunos gobernadores ya advirtieron que, de no haber cambios, no apoyarán los proyectos del oficialismo ni permitirán vetos sin costo político.
El proyecto de ley que circula entre diputados opositores propone:
- Eliminar los fondos fiduciarios nacionales vinculados al impuesto a los combustibles líquidos.
- Coparticipar automáticamente esos fondos entre las provincias según los coeficientes vigentes.
- Establecer un mecanismo de compensación inmediata para provincias con alta dependencia de ATN.
Esto significaría menos discrecionalidad por parte del Ejecutivo nacional, y más previsibilidad para las provincias.
El dilema de Milei: ajustar o ceder
Milei enfrenta una encrucijada: por un lado, su plan de ajuste fiscal depende de concentrar recursos y reducir gastos. Por el otro, su capacidad de gobernar necesita de al menos 10 o 12 provincias dialogando con la Casa Rosada. Si rompe todos los puentes, podría quedar aislado legislativamente y paralizado políticamente.
En off, algunos gobernadores dicen que ya no buscan diálogo: “O se coparticipa el impuesto a los combustibles, o no habrá votos para ningún paquete fiscal en el Congreso”. La advertencia no es menor: Milei necesita mayoría para avanzar con sus reformas económicas y el Presupuesto 2026.
Qué puede pasar ahora
- Negociación abierta: aunque Francos cerró la puerta al proyecto tal como está, una versión modificada podría prosperar con aval del CFI.
- Congreso como escenario de batalla: el oficialismo no tiene los votos para bloquear solo; dependerá de alianzas con bloques provinciales y dialoguistas.
- Veto presidencial: si el Congreso aprueba el proyecto, Milei podría vetarlo. Pero sería a costa de romper con todo el interior del país.
- Campaña con tono federal: algunos gobernadores preparan spots y discursos centrados en “la defensa del federalismo frente al unitarismo libertario”.
La tensión entre los gobernadores y el gobierno nacional se transformó en uno de los conflictos políticos más importantes del año. Lo que comenzó como una discusión técnica por coparticipación y ATN, hoy se expresa como una fractura política de fondo. El Presidente, fiel a su estilo, prefiere confrontar antes que negociar. Los gobernadores, por su parte, buscan reposicionarse como actores clave en un escenario nacional donde el Congreso y los votos provinciales valen más que nunca.
Lo que está en juego no es solo plata. Es el modelo de país: ¿centralismo con ajuste? ¿O federalismo con redistribución? Como tantas veces en nuestra historia, la discusión es económica, pero también simbólica. Y el desenlace, por ahora, sigue abierto.
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