Julieta Silva, la mujer que en 2017 fue condenada por la muerte del rugbier Genaro Fortunato en San Rafael, volvió a ser noticia en Mendoza tras ser acusada de golpear a su actual marido, Lucas Giménez. El hecho, ocurrido el pasado 12 de julio de 2025, reactivó el debate en la sociedad mendocina sobre su figura, el juicio que protagonizó hace casi una década y el impacto que aún genera su historia en la comunidad.
Según fuentes judiciales, Giménez denunció a Silva por violencia doméstica luego de un episodio en el que sufrió una escoriación y una tumefacción compatibles con un golpe. La fiscalía actuó con rapidez: Silva fue imputada por lesiones leves agravadas por el vínculo y quedó con prisión domiciliaria, uso obligatorio de tobillera electrónica y prohibición de acercamiento. Además, como la pareja tiene una hija pequeña, el Ministerio Público Fiscal dispuso una custodia especial y seguimiento del caso.
Desde su entorno, Silva presentó una contra denuncia por violencia de género, alegando que también fue víctima de maltrato por parte de Giménez. Esa nueva presentación fue incorporada a la causa principal y será evaluada por la misma fiscalía. Por el momento, no se ha resuelto si se la considerará querellante o si se archivará esa línea de investigación.
Esta nueva imputación vuelve a encender la polémica en San Rafael. Y no solo por el hecho en sí, sino porque su apellido sigue ligado, inevitablemente, a uno de los casos policiales más recordados en la provincia. Un caso atravesado no solo por un final trágico, sino por una relación marcada desde el inicio por la conflictividad emocional y la violencia mutua.
Una historia marcada por una relación tóxica
El nombre de Julieta Silva quedó grabado en la memoria colectiva del sur mendocino desde aquella madrugada del 9 de septiembre de 2017, cuando atropelló y mató a su novio, el rugbier Genaro Fortunato, a la salida del boliche La Mona. Las cámaras, los testigos, la lluvia y los rumores de una relación inestable alimentaron un proceso judicial que mantuvo en vilo a toda una ciudad.
Durante el juicio por la muerte de Fortunato, no solo se discutieron las circunstancias del hecho —la visibilidad reducida, el estado emocional de Silva, la mecánica del accidente—, sino también el carácter conflictivo de la pareja. Varios testigos señalaron que la relación estaba atravesada por celos, discusiones frecuentes, recriminaciones públicas y comportamientos impulsivos por parte de ambos.
Incluso en la madrugada del hecho, testigos como el cuidacoches Ariel Aksenen relataron una discusión acalorada dentro del local. Fortunato habría intentado frenar a Silva cuando ella se subía al auto. Luego, fue atropellado. El peritaje determinó que Silva primero lo golpeó accidentalmente, y luego, al dar la vuelta en U, lo volvió a atropellar cuando él ya estaba en el suelo, causándole aplastamiento de cráneo.
La defensa alegó que ella no lo vio: estaba lloviendo, era de noche, no llevaba anteojos y no era consciente de haberlo atropellado. El tribunal descartó la intención de matar y la condenó por homicidio culposo agravado, a 3 años y 9 meses de prisión, más 8 años de inhabilitación para conducir. Cumplió gran parte de la pena bajo arresto domiciliario.
Un intento de reconstrucción… truncado
En marzo de 2020, Silva obtuvo la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena. Pese al repudio social que aún generaba su figura, intentó rehacer su vida en San Rafael. En diciembre de 2022 se casó con Lucas Giménez y tuvieron una hija. Se la vio en eventos familiares, en la apertura de un local comercial y de viaje en el exterior. Algunos medios locales llegaron a retratar su “vida nueva”, generando fuertes críticas, especialmente de parte de la familia Fortunato.
Para muchos en San Rafael, esa reinserción fue vista como provocadora, especialmente porque Silva nunca expresó arrepentimiento público. Para otros, en cambio, se trataba de una mujer que había cumplido su condena y tenía derecho a rehacer su historia.
La historia se repite… ¿o nunca se cerró?
La reciente denuncia de violencia doméstica por parte de su actual esposo reactivó el trauma colectivo. ¿Hay un patrón de conducta? ¿Se trató de una situación puntual? ¿Es víctima o victimaria? La Justicia todavía no respondió, pero la sociedad ya está opinando.
La familia de Genaro Fortunato no tiene dudas. Graciela Linares, su madre, fue clara: “Esto lo sabíamos. Era cuestión de tiempo”. Para ella, esta nueva causa no hace más que confirmar un perfil violento que ya estaba presente en 2017, y que —según su visión— fue subestimado por la Justicia.
Sin embargo, la defensa de Silva insiste en que se trata de un conflicto familiar complejo, y que debe ser analizado sin prejuicios. La fiscalía, por ahora, mantiene ambas líneas abiertas: la denuncia original de Giménez y la contradenuncia de Silva.
Estado de la causa y posible futuro
Por el momento, Silva se encuentra con prisión domiciliaria, monitoreo electrónico y sin contacto con su esposo. El proceso recién comienza, pero ya se habla de la posibilidad de una condena efectiva si se comprueba la agresión. La figura penal —lesiones leves agravadas por el vínculo— puede alcanzar hasta 5 años.
En paralelo, la contradenuncia podría abrir otra causa o modificar el enfoque judicial. También está en juego la custodia de la hija menor, nacida durante el matrimonio.
Reflexión: una figura que sigue dividiendo
La historia de Julieta Silva parece no cerrarse nunca. Cada episodio reabre heridas, recuerda viejos titulares y expone una tensión social que nunca se apagó. En 2017 fue la muerte de su novio. Hoy, es la acusación de haber agredido a su esposo.
Y en ambos casos, lo que subyace es algo más profundo: relaciones signadas por la violencia, la dependencia emocional y la falta de contención institucional.
La pregunta, entonces, no es solo qué hará la Justicia. La pregunta es si aprendimos algo. Porque San Rafael, y quizás buena parte del país, sigue atrapado en esta historia de gritos, choques y silencios que nadie se anima del todo a cortar.
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