La Justicia cordobesa imputó por abuso sexual infantil a Pablo Laurta, condenado por dos femicidios que conmocionaron a la provincia. La nueva acusación agrava su situación judicial y reabre el debate sobre la violencia de género, los mecanismos de control institucional y los vínculos políticos que supo exhibir públicamente. El caso vuelve a poner en el centro la responsabilidad social y estatal frente a perfiles violentos que escalan sin freno.
La figura de Pablo Laurta quedó asociada en Córdoba a una palabra que duele y pesa: femicidio. Dos asesinatos de mujeres en contextos de violencia de género lo convirtieron en uno de los nombres más oscuros del registro criminal reciente en la provincia. Ahora, una nueva imputación por abuso sexual infantil amplía el expediente judicial y vuelve a colocar su historia bajo la lupa pública.
Laurta ya había sido condenado por dos crímenes que, según determinó la Justicia, estuvieron atravesados por dinámicas de dominación, control y violencia sostenida. Los femicidios —tipificados en el Código Penal argentino como homicidios agravados por mediar violencia de género— marcaron un antes y un después en el debate local sobre prevención, denuncias tempranas y fallas en los dispositivos de protección.
La reciente imputación por abuso sexual infantil agrega una dimensión todavía más perturbadora. De acuerdo con la información judicial difundida, la acusación se vincula con hechos ocurridos en un contexto de cercanía y confianza, lo que vuelve a exponer un patrón que los especialistas en criminología describen como “violencia escalonada”: conductas abusivas que se sostienen en el tiempo, se ocultan bajo vínculos familiares o afectivos y escalan hacia formas extremas.
Desde una mirada historiográfica, el caso se inscribe en una trama más amplia de violencia machista en Argentina. Desde la irrupción del movimiento Ni Una Menos en 2015, los femicidios dejaron de ser presentados como “crímenes pasionales” para ser entendidos como la expresión más brutal de desigualdades estructurales. Córdoba, como otras provincias, ha registrado en los últimos años casos de alto impacto mediático que impulsaron reformas en protocolos policiales y judiciales.
Sin embargo, la reiteración de perfiles violentos con antecedentes conocidos vuelve a interpelar al sistema. ¿Qué alertas no se activaron? ¿Qué denuncias no prosperaron? ¿Qué entornos validaron o minimizaron conductas previas? En muchos expedientes de violencia de género, la acumulación de señales de riesgo es retrospectivamente evidente, pero institucionalmente invisible hasta que ocurre lo irreversible.
El caso Laurta también sumó controversia por sus supuestos vínculos con sectores de la política libertaria. En redes sociales y registros fotográficos, se lo habría visto participando de actividades o expresando simpatía por referentes de ese espacio. Aunque no existen cargos penales vinculados a militancia política ni imputaciones contra dirigentes, la exposición pública de esas afinidades generó debate.
El crecimiento de La Libertad Avanza bajo el liderazgo de Javier Milei amplificó la presencia de discursos antiestatales y de confrontación con el feminismo organizado. En ese contexto, algunos sectores sostienen que ciertos climas retóricos pueden habilitar deslegitimaciones simbólicas hacia políticas de género. Otros advierten que adjudicar responsabilidad política a un espacio por los crímenes individuales de un simpatizante constituye una generalización indebida.
La frontera entre responsabilidad penal individual y debate cultural colectivo es delicada. En términos jurídicos, los delitos atribuidos a Laurta son personales y deberán probarse en sede judicial. En términos sociales, su caso se convierte inevitablemente en un espejo incómodo sobre discursos, entornos y complicidades.
El expediente por abuso sexual infantil recién inicia su recorrido procesal. La imputación implica que la fiscalía encontró elementos suficientes para avanzar en la investigación formal, pero no constituye una condena. Será la instancia de juicio la que determine responsabilidades definitivas.
Mientras tanto, el nombre de Laurta vuelve a circular asociado a violencia extrema. Dos femicidios ya lo habían ubicado en el registro más grave del sistema penal. La nueva acusación amplía la dimensión del daño y reactiva preguntas sobre prevención, control institucional y los discursos que atraviesan la esfera pública.
En un país donde las estadísticas de violencia de género siguen siendo alarmantes, cada caso resuena más allá del expediente. No se trata solo de un imputado más, sino de un síntoma que obliga a revisar qué se ve, qué se ignora y qué se decide hacer —o no— antes de que la violencia vuelva a escalar.
