A un año de la Ley Bases, el país quedó al filo del desguace: privatizaciones a precio vil, beneficios sin retorno y un Estado desmantelado marcaron el primer año del experimento libertario. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre la concentración de poder en manos del Ejecutivo, el retroceso institucional y la entrega de activos públicos bajo una lógica de urgencia fiscal.
Un año después de la sanción de la Ley Bases, el balance no deja lugar a eufemismos: el Estado argentino fue desguazado a velocidad récord, con privatizaciones forzadas, disolución de organismos clave y un mercado laboral más informal y precarizado. El informe publicado este 8 de julio detalla punto por punto los impactos de esta reforma estructural que el Gobierno presenta como “liberalización”, pero que más bien parece una licuadora institucional.
Delegación de poderes: Congreso borrado, Milei omnipresente
La Ley Bases otorgó al Ejecutivo un poder legislativo inédito en democracia. Con 157 decretos legislativos en apenas doce meses —75 DNU y 82 decretos delegados—, Milei gobernó por decreto. El Congreso, reducido a espectador. Organismos como el INADI, ENOHSA, COPREC y hasta el Fondo Pro.Cre.Ar fueron eliminados con un tajo. ¿Quién controla ahora el destino de esos fondos? Nadie lo sabe con certeza.
Volvieron los 90… en forma de motosierra
El plan de ventas incluye empresas emblemáticas como ENARSA, AySA, Belgrano Cargas, Intercargo, y hasta el Banco Nación, que fue transformado en sociedad anónima hasta que la justicia frenó el intento. Empresas rentables y estratégicas fueron puestas en remate, no por ineficientes, sino porque el gobierno necesita dólares a toda costa. En simultáneo, se cerraron rutas aéreas, se despidió personal y se recortaron funciones vitales.
Aerolíneas Argentinas fue excluida del listado oficial de privatizables, pero el gobierno avanzó con un vaciamiento de hecho: recorte de rutas, despidos y cierre de oficinas. Se priorizó a aerolíneas low cost en rutas rentables, afectando la conectividad federal. La empresa conecta 21 destinos no cubiertos por otras compañías. En cuanto a YPF, si bien no fue incluida en el listado de la Ley Bases, el documento advierte que su exclusión no garantiza inmunidad ante una lógica de venta forzada de activos estratégicos. La estrategia general parece clara: privatizar primero lo autorizado, y después, lo demás.
Empresas incluidas en la Ley Bases para su privatización total o parcial:
- Energía Argentina S.A. (ENARSA)
- Corredores Viales
- Intercargo
- Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)
- Belgrano Cargas
- Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE)
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) – Privatización parcial
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) – Privatización parcial
El RIGI: muchas promesas, poca inversión
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones prometía atraer capitales. ¿La realidad? De 14 proyectos aprobados, solo uno es realmente nuevo. El resto ya estaba planificado. La lluvia de inversiones fue una triste garúa, con beneficios fiscales y cambiarios que comprometen recursos sin asegurar resultados. El empleo generado es mínimo y las divisas ingresadas, marginales.
Reforma fiscal: menos equidad, más carga para el laburante
La reducción del impuesto a los Bienes Personales y la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría aumentaron la regresividad del sistema tributario. Los que más tienen, pagan menos. Los que viven de un sueldo, vuelven al sacrificio fiscal. El resultado: caída en la recaudación y más presión sobre los sectores medios.
Trabajo formal: promesas rotas
El “blanqueo laboral” y el alargamiento del período de prueba no generaron más trabajo registrado. El empleo público se desplomó, con miles de despidos, cierres de organismos y condiciones laborales deterioradas. Trenes Argentinos Capital Humano, por ejemplo, fue cerrado, dejando sin empleo a 1.400 personas especializadas en un sector estratégico.
¿Y ahora?
La Ley Bases fue vendida como un punto de partida hacia la libertad. Pero sus resultados muestran otra cosa: una entrega progresiva del patrimonio nacional, una concentración de poder y un retroceso en derechos sociales y económicos. Como bien señala el informe, en nombre de la eficiencia se borraron políticas públicas, pero no se crearon soluciones alternativas. La cuenta, como siempre, la pagan los de abajo.
¿Qué vendrá en el segundo año? Si el primero fue desguace, el segundo podría ser remate. Pero esta vez, el electorado ya no puede decir que no sabía.
📌 Este artículo se basa en los datos del informe publicado por el CEPA (Centro de Economía Política Argentina). Podés consultar el documento completo en el PDF titulado “Impactos del primer año de vigencia de la Ley Bases” (8 de julio de 2025).
