La Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cuyos restos fueron hallados en excavaciones cerca del ex centro clandestino de detención La Perla. Las identidades se difunden de manera gradual, ya que primero deben notificarse a las familias. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense y del Banco Nacional de Datos Genéticos vuelve a poner en primer plano la búsqueda de verdad y justicia a cinco décadas del golpe de 1976.
A casi medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, nuevas identificaciones vuelven a poner nombre y rostro a víctimas del terrorismo de Estado. La Justicia Federal de Córdoba confirmó en los últimos días la identificación de doce personas desaparecidas cuyos restos fueron encontrados en excavaciones realizadas en un sector de la guarnición militar de La Calera, cerca del ex centro clandestino de detención La Perla.
Los hallazgos se produjeron en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de un predio militar que durante la dictadura formó parte del entramado represivo del III Cuerpo de Ejército. Allí trabajaron especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que desde hace décadas desarrolla tareas de recuperación, análisis e identificación de restos humanos vinculados a desapariciones forzadas.
Entre las personas identificadas se encuentra Ramiro Bustillo Rubio, nacido en San Rafael, Mendoza. Bustillo Rubio había llegado a Córdoba para estudiar ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba, una de las instituciones donde la militancia estudiantil fue particularmente activa en los años previos al golpe. Como ocurrió con miles de jóvenes de esa generación, su vida quedó abruptamente interrumpida por el aparato represivo del Estado.
Tambien fue identificado Mario Alberto Nívoli, técnico electricista y estudiante que vivía en la ciudad de Córdoba. Nívoli fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio del barrio General Paz, en pleno funcionamiento del aparato represivo de la última dictadura. Como ocurrió con miles de personas durante aquellos años, su destino permaneció durante décadas en la incertidumbre. La reciente identificación de sus restos, vinculados a las excavaciones realizadas cerca del ex centro clandestino La Perla, permite reconstruir parte de su historia y devolver una identidad a una víctima del terrorismo de Estado.
La identificación de las víctimas fue posible gracias a un complejo proceso científico. Primero se realizan excavaciones y estudios arqueológicos para recuperar restos óseos que puedan estar vinculados a enterramientos clandestinos. Luego, los antropólogos forenses analizan las características de los huesos, establecen perfiles biológicos y reconstruyen información sobre edad, sexo o posibles lesiones. El paso final es el análisis genético, que permite comparar el ADN recuperado con muestras aportadas por familiares de desaparecidos.
En ese punto resulta clave el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, una institución creada en la década de 1980 que reúne muestras de sangre de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. Ese banco fue impulsado originalmente para ayudar en la búsqueda de los nietos apropiados durante la dictadura, una tarea encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo. Con el tiempo, su base genética también se convirtió en una herramienta central para identificar restos hallados en excavaciones.
Cada coincidencia genética permite reconstruir una historia interrumpida. Para las familias, la confirmación de una identidad suele significar el cierre de una búsqueda que puede haber durado décadas. Para la sociedad, en cambio, es una pieza más en el rompecabezas de la memoria colectiva.
El centro clandestino de detención La Perla, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba, fue uno de los mayores espacios de represión ilegal del país. Funcionó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército, comandado entonces por el general Luciano Benjamín Menéndez. Por sus instalaciones se calcula que pasaron entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas, la mayoría de las cuales continúa desaparecida.
Las víctimas eran trasladadas allí tras ser capturadas en operativos clandestinos. Dentro del predio permanecían detenidas en condiciones extremas, sometidas a interrogatorios bajo tortura y, en muchos casos, posteriormente asesinadas. Durante años, sobrevivientes y organismos de derechos humanos denunciaron que muchas de esas víctimas habían sido enterradas en fosas clandestinas dentro de áreas militares cercanas.
Las excavaciones realizadas en los últimos años buscan precisamente confirmar esas hipótesis. Los trabajos arqueológicos avanzan lentamente, pero cada hallazgo aporta información sobre el destino final de quienes fueron secuestrados por el aparato represivo.
Las identificaciones conocidas ahora se producen en un momento simbólicamente significativo. En marzo de 2026 se cumplen 50 años del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar en Argentina, un período marcado por la desaparición forzada de miles de personas, centros clandestinos de detención y un sistema de represión ilegal que se extendió por todo el país.
En ese contexto, el hallazgo y la identificación de nuevas víctimas muestran que el proceso de búsqueda de verdad y justicia continúa. Los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense, junto con el aporte del Banco Nacional de Datos Genéticos y el acompañamiento de familiares y organismos de derechos humanos, siguen reconstruyendo historias que durante décadas permanecieron en silencio.
Cada nombre recuperado es también un recordatorio de las vidas que quedaron truncas. Y una señal de que, incluso medio siglo después, la memoria sigue abriendo caminos para conocer lo ocurrido.
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