La declaración judicial de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, pieza clave en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, lejos de aclarar el panorama, profundizó las sospechas. Confirmó que el funcionario compró su departamento en Caballito con un esquema insólito: un anticipo de US$30.000 y el resto —unos US$200.000— a pagar sin intereses. Pero cuando llegó el momento de explicar lo más importante, el origen del dinero, la respuesta fue un vacío que indigna.
El dato central es tan simple como alarmante: dos jubiladas financiaron la mayor parte de una propiedad de más de 200 mil dólares sin cobrar intereses y con plazo a un año. Esa modalidad, admitida por la propia escribana ante la Justicia, está siendo investigada por su carácter completamente atípico dentro del mercado inmobiliario.
En cualquier operación normal, un financiamiento privado de ese tamaño implicaría intereses elevados o garantías muy claras. Acá no. Acá aparece una operatoria donde el funcionario paga una parte mínima en efectivo y el resto queda diferido, sin costo financiero aparente. Y eso no lo dice la oposición ni un rumor: lo dijo la escribana bajo juramento.
Pero lo más grave no es solo la estructura del negocio, sino el nivel de inconsistencia en el propio testimonio. Por un lado, Nechevenko sostuvo que no hubo préstamos de dinero en efectivo, sino “compraventas con hipoteca”. Por otro, confirmó que el saldo fue financiado por las propias vendedoras. Es decir: no sería un préstamo… pero alguien financió 200 mil dólares. Un juego semántico que, en lugar de aclarar, oscurece.
Cuando se le preguntó de dónde salió el dinero de Adorni, la respuesta fue directamente escandalosa: “hay que preguntarle a él”. Una escribana que certifica operaciones millonarias pero no puede —o no quiere— explicar el origen de los fondos. En cualquier sistema serio, eso no es un detalle menor: es el corazón del problema.
La causa no se limita a un solo inmueble. La Justicia también analiza otras operaciones: una hipoteca previa por 100 mil dólares sobre un departamento en Parque Chacabuco y la compra de una casa en un country, todo en un lapso relativamente corto. El patrón que se repite es claro: múltiples transacciones, financiamiento privado y una ingeniería financiera que no termina de cerrar con los ingresos declarados.
A esto se suma otro elemento inquietante: la escribana reconoció su vínculo previo con Adorni como cliente y sus reiterados ingresos a la Casa Rosada. No es ilegal, pero en el contexto de una investigación por posible enriquecimiento ilícito, el dato no pasa desapercibido.
Mientras tanto, la Justicia avanza con medidas concretas, como allanamientos a la inmobiliaria involucrada y la citación de las personas que financiaron las operaciones. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero y determinar si todo esto puede sostenerse con ingresos declarados o si estamos frente a algo mucho más grave.
Lo que queda es una sensación difícil de ignorar: estamos ante un esquema que, como mínimo, desafía cualquier lógica de mercado. Y ante una declaración que, en vez de despejar dudas, parece diseñada para esquivarlas. Porque cuando en una operación de cientos de miles de dólares nadie puede explicar de dónde sale la plata, el problema ya no es técnico. Es político. Y es serio.
