En medio de un calendario cargado de festivales y espectáculos financiados por el municipio, crece la discusión sobre el uso de fondos públicos en período electoral. Más allá del valor cultural de las celebraciones, distintos sectores plantean la necesidad de mayor información, controles claros y publicación detallada de gastos, contrataciones y criterios de prioridad presupuestaria.
San Rafael vivió este fin de semana largo —y podríamos decir que en los últimos veinte días— una seguidilla de eventos organizados y financiados por el Municipio: el carnaval, los espectáculos en el Valle Grande, la Fiesta de los Pueblos y el Vino, shows con artistas nacionales y también con artistas locales, todo en un despliegue verdaderamente fastuoso.
Ahora bien, la pregunta es inevitable: ¿Quién paga todo esto?
¿De dónde sale el dinero para semejante despliegue en plena campaña a concejales?
Porque el Municipio no genera recursos propios mágicamente. El Municipio administra fondos públicos. Es decir: plata nuestra. Plata de los contribuyentes. Plata de cada vecino y vecina de San Rafael.
Entonces la discusión no es si nos gustan o no las fiestas. La discusión es otra: ¿Es correcto utilizar recursos municipales con este nivel de espectacularidad en un contexto electoral?
¿Hay transparencia en el gasto?
¿Se publican los montos, las contrataciones, los costos reales de cada evento?
Cuando el Estado organiza, debe rendir cuentas. Y cuando lo hace en plena campaña, la responsabilidad es todavía mayor. Porque la plata no es de los hermanos Félix: La plata es pública. Y lo público merece claridad, prioridad y responsabilidad.
Este tipo de situaciones no es nuevo en la política local ni nacional: cada año electoral reabre el mismo debate sobre la delgada línea entre gestión y promoción. Los eventos culturales y turísticos cumplen una función social, dinamizan la economía regional, generan trabajo eventual y fortalecen la identidad comunitaria. Nadie discute ese valor. Lo que sí se discute es el momento, la escala y la forma en que se financian y comunican.
Cuando el calendario de espectáculos coincide con el calendario electoral, la exigencia ciudadana de información debería ser mayor, no menor. Presupuestos desagregados, licitaciones abiertas, contrataciones publicadas y balances accesibles no deberían ser la excepción sino la regla. No alcanza con decir que “todo está en orden”: hace falta que los datos estén disponibles, claros y comparables.
También es válido preguntar qué otras áreas compiten por esos mismos recursos: infraestructura, salud, servicios, mantenimiento urbano, asistencia social. La discusión de fondo es de prioridades públicas. No se trata de cancelar la cultura ni las fiestas, sino de garantizar que cada peso invertido pueda ser explicado, auditado y defendido frente a la comunidad que lo financia.
Cecilia Herrera
Cecilia Herrera es diseñadora gráfica, trabajadora de la salud y comerciante. Vecina de San Rafael, participa activamente en el entramado social y comunitario del departamento, combinando su labor profesional con una militancia comprometida y cercana al territorio.