Mientras avanza el proceso de reforma constitucional en la provincia, comunidades indígenas reclaman ser reconocidas como naciones preexistentes y proponen un nuevo capítulo en la Carta Magna.
Por Redacción La Redada
La provincia de Santa Fe atraviesa un momento clave de su historia institucional. A más de 60 años de su última reforma constitucional —la de 1962—, se ha conformado una Convención Reformadora que ya comenzó a recibir propuestas ciudadanas. Pero entre las múltiples voces que intentan influir en este proceso, se destaca una con peso histórico, político y espiritual: la de los pueblos originarios.
El dirigente del Pueblo Qom, Daniel Naporichi, elevó una declaración que no solo interpela a los convencionales, sino al Estado santafesino en su conjunto. Desde una mirada crítica y profunda, advierte:
“La provincia puede que esté caminando hacia un rumbo desconocido en su historia, los candidatos tradicionales no tienen idea del derecho constitucional”.
El reclamo de Naporichi no es aislado ni reciente. Forma parte de un largo proceso de organización política, social y jurídica de los pueblos originarios en Santa Fe. Como parte de las Comunidades Constituyentes Santafesinas, el referente qom anunció que el 17 de julio de 2025 a las 16:02 ingresaron formalmente una propuesta ciudadana para incorporar un nuevo capítulo en la Constitución provincial, bajo el título:
“De las Comunidades preexistentes y persistentes santafesinas”.
Un Estado, varias naciones
El planteo indígena va más allá del reconocimiento simbólico. Busca reconfigurar la arquitectura misma del Estado provincial, bajo el principio de “un Estado y varias naciones”. En palabras de Naporichi:
“Debemos los pueblos indígenas construir un nuevo Estado de derecho en el marco de leyes vigentes. Somos sujetos históricos y políticos. Autonomías de las comunidades en el ejercicio de su jurídicidad ancestral concertada con la ley. Autonomías relativas”.
Este enfoque dialoga con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina. Sin embargo, en Santa Fe —al igual que en muchas provincias— ese reconocimiento aún no tiene correlato efectivo en términos jurídicos ni institucionales.
Una advertencia política y una propuesta de futuro
Naporichi también cuestiona la falta de profundidad del debate político en torno a la reforma:
“No saben qué propone reformar la constitución provincial, ni tienen dimensión de lo que implica un evento institucional de tamaña magnitud. Pero una enorme cantidad de dirigentes de fuerzas políticas tradicionales de la provincia trabajan para quedar en el bronce estampados con el título de convencional”.
Desde su cosmovisión, el momento actual representa una oportunidad histórica para superar siglos de exclusión. La crisis de representación que afecta a los partidos tradicionales se entrelaza con la invisibilización estructural de los pueblos originarios, y exige —según su mirada— una transformación profunda:
“Nosotros, los pueblos originarios de Santa Fe, vamos a afrontar lo que denominan la ‘peor crisis sobre los derechos y garantías constitucionales’ de nuestros pueblos provocada por las decisiones del gobierno nacional. Somos pueblos y naciones preexistentes y persistentes a este Estado, venimos de la lucha incansable e inclaudicable que nos legaron nuestros antepasados”.
¿Una democracia verdaderamente intercultural?
Además de exigir participación política, las comunidades plantean una nueva relación con el territorio y los bienes naturales, y un paradigma democrático basado en la igualdad, la diversidad y el pluralismo real. En palabras del documento:
“Traemos la propuesta de la construcción de un nuevo paradigma de vida y de relación intercultural en el marco del diálogo y el respeto entre todas y todos. Como así también, en la relación con el territorio y los bienes naturales, consideramos que la verdadera democracia debe ser igualitaria, diversa y plural donde todos seamos parte para lograr una convivencia con base en el respeto, sin racismo”.
El desafío constitucional que nadie puede ignorar
El ingreso de esta proposición ciudadana obliga a los convencionales a debatir en serio el lugar que ocupan los pueblos indígenas dentro del Estado provincial. ¿Serán escuchadas sus demandas? ¿Se animarán los partidos a aceptar un verdadero replanteo institucional que reconozca autonomías indígenas concertadas? ¿O todo quedará reducido a homenajes retóricos?
En tiempos de crisis política, económica y ambiental, el reclamo indígena aparece como una de las pocas propuestas que —lejos de buscar más poder para unos pocos— exige redistribuirlo, democratizarlo y armonizarlo con una ética de respeto a la tierra, la historia y la diversidad. En definitiva, no se trata solo de una reforma constitucional, sino de un llamado a refundar el pacto social sobre nuevas bases.
Totalmente de acuerdo con el planteo , se trata de recuperar derechos en una democracia que en el presente, muestra un deterioro profundo. Con gobiernos ajenos a las necesidades de los pueblos no solo los originarios, que vienen de décadas de abandono, a los que hoy se suman el maltrato a jubilados, discapacitados, perdidas de fuentes de trabajo. Deterioro de la salud, la educación, la ciencia y el ejercicio de la violencia como práctica política de los gobernantes.
Dudo que en este contexto del que nuestra provincia no es ajena, la reforma constitucional sea un aporte a las dificultades que nos atraviesan.