Un tribunal civil federal de Argentina emitió este lunes 1 de septiembre de 2025 una medida cautelar que ordena el cese inmediato de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La resolución surge tras una denuncia del Gobierno que habla de una operación de inteligencia ilegal con fines desestabilizadores en plena campaña electoral.
¿Qué establece la cautelar?
El juez Alejandro Patricio Maraniello, a cargo del juzgado federal en lo Civil y Comercial Nº 5 en Buenos Aires, aceptó parcialmente el pedido presentado por Karina Milei el 29 de agosto. La medida prohíbe la difusión de “los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el 29/08/2025 y atribuidos a Karina Elizabeth Milei”, a través de cualquier medio, ya sea impreso, audiovisual o redes sociales.
El juez advirtió que la restricción es provisoria, excepcional y de alcance limitado, y aclaró que en absoluto pretende ser un “bozal legal” ni limitar el debate público. Se justifica -según Maraniello- en la necesidad de proteger intereses estatales sensibles, como la seguridad institucional, el honor y la privacidad de las personas implicadas.
Contexto y contenido de los audios
Los audios comenzaron a circular luego de una filtración que incluiría conversaciones privadas mantenidas por Karina Milei en la Casa Rosada. Estos fragmentos fueron difundidos por una plataforma de streaming local (Carnaval Stream): en uno, pide “unidad” entre el equipo de gobierno; en otro, menciona trabajar de 8 a 23 horas desde Casa Rosada.
Estos audios se suman a un escándalo previo: en agosto, otros registros de Diego Spagnuolo, exjefe de la agencia discapacidad (ANDIS), implicaban a Karina en una red de coimas. Milei calificó esa acusación como falsa y despidió a Spagnuolo.
El Gobierno calificó todo esto como una operación ilegal de inteligencia con fines políticos. El vocero presidencial Manuel Adorni lo calificó como un ataque orquestado para desestabilizar al Ejecutivo en plena contienda electoral.
Reacción de los constitucionalistas
Expertos en derecho constitucional y libertad de prensa reaccionaron con preocupación, denunciando que la cautelar podría ser un caso de censura previa:
- Daniel Sabsay sostuvo que la medida “viola la libertad de opinión y de libre difusión de las ideas” y contraviene el Pacto de San José de Costa Rica LA NACION+4infobae+4LA NACION+4.
- Cristian Cao la calificó como “preocupante” y afirmó no recordar una censura previa de tal magnitud en años recientes en Argentina infobae.
- Félix Lonigro y otros expertos coincidieron en que la prohibición anticipada pone en riesgo prerrogativas consagradas en la Constitución, como el secreto de las fuentes y el flujo de información esencial para la democracia Clarín+7infobae+7El Observador+7.
- Carlos Laplacette advirtió que, aun cuando la intención del juez haya sido limitar “los bienes jurídicos” protegidos, en la práctica se trata de censura incompatible con los artículos 14 y 32 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos LA NACION.
- Sebastián Guidi y otros constitucionalistas coincidieron en que no se demostraron daños graves e irreversibles que ameriten el bloqueo preventivo, y resaltaron que el juez no conoce el contenido real de los audios LA NACION.
El juez y su pasado
La decisión judicial no pasó desapercibida ante el pasado del magistrado. Alejandro Patricio Maraniello enfrenta varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura: al menos ocho, cinco por acoso sexual y otras por abuso de poder o maltrato a empleados. Negó todas las acusaciones y fue notificado formalmente el 19 de agosto, fecha desde la cual tiene 20 días para presentar su defensa.
Conclusión
En medio del clima político teñido por filtraciones de audios que involucran altos funcionarios, la decisión de frenar su difusión ha encendido una profunda discusión sobre los límites de la libertad de expresión. Si bien el juez sostiene que se trata de una medida acotada y excepcional, constitucionalistas advierten que su sola implementación representa una afrenta a los principios democráticos fundamentales. La decisión ahora será objeto de análisis en instancias superiores, mientras la campaña electoral en Buenos Aires y a nivel nacional avanza sobre este escenario convulso.
