La decisión de esta semana del Gobierno de retirar al Estado como querellante en la causa judicial que investiga la legalidad y el uso de los 44.500 millones de dólares del acuerdo con el FMI firmado en 2018 volvió a encender la polémica política. El fiscal federal Franco Picardi apeló la medida y sostuvo que existieron posibles irregularidades en la toma y aplicación de la deuda. El expediente está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.
La decisión oficial de retirar al Estado nacional como parte querellante en la causa que investiga la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional en 2018 por 44.500 millones de dólares reactivó un fuerte debate político y jurídico. El caso apunta a determinar si durante la gestión de Mauricio Macri se cumplieron las normas legales y administrativas correspondientes en la contratación y destino de esos fondos.
La resolución fue interpretada por sectores opositores como un gesto de alineamiento del presidente Javier Milei con exfuncionarios de aquel gobierno, entre ellos Luis “Toto” Caputo —exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central— y Federico Sturzenegger —también extitular del BCRA—, quienes tuvieron roles clave en la política financiera de ese período. Las críticas remarcan que Milei, antes de llegar a la presidencia, había cuestionado con dureza tanto el endeudamiento con el FMI como a varios de sus responsables, postura que ahora —según sus detractores— habría cambiado en la práctica de gobierno.
La causa judicial se tramita en el fuero federal y está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. El fiscal del caso, Franco Picardi, apeló la decisión de retirar la querella estatal y pidió que continúe la investigación con impulso activo. En su dictamen, el fiscal sostuvo que existen elementos que justifican profundizar las medidas de prueba.
Según los argumentos expuestos por la fiscalía en presentaciones previas, podrían haberse producido violaciones a la normativa que regula la toma de deuda pública por parte de funcionarios, además de posibles inconsistencias en la información sobre el destino y uso de los fondos provenientes del acuerdo con el organismo internacional. También se mencionan hipótesis de administración perjudicial o arbitraria de los recursos, con eventuales beneficios para sectores privados y la generación de una carga financiera considerada de alto impacto para el Estado.
Desde el oficialismo, en cambio, la salida del Estado como querellante se interpreta como una decisión de política jurídica: evitar —según esa mirada— que el Poder Ejecutivo intervenga como parte acusadora en un expediente que evalúa decisiones de política económica adoptadas por una gestión anterior. Voceros cercanos al Gobierno sostienen que la continuidad de la causa no depende de esa querella, ya que el Ministerio Público Fiscal mantiene plena capacidad para investigar y acusar si encuentra fundamentos suficientes.
El acuerdo con el FMI de 2018 fue el mayor préstamo otorgado por el organismo en su historia y estuvo destinado a reforzar reservas y sostener el programa financiero de entonces. Sus críticos señalan que no logró estabilizar la economía y dejó un calendario de vencimientos exigente; sus defensores argumentan que fue una herramienta necesaria frente a la crisis cambiaria y la pérdida de acceso al crédito voluntario.
La controversia actual combina así dos planos: el jurídico, sobre si hubo o no irregularidades en el procedimiento y la aplicación de los fondos, y el político, vinculado a la coherencia de los posicionamientos de los distintos dirigentes a lo largo del tiempo. Con la apelación presentada por el fiscal Picardi, la discusión procesal sigue abierta y será la Cámara correspondiente la que deba resolver si la decisión de retirar al Estado como querellante se mantiene o se revierte, mientras la investigación continúa su curso.
