El hundimiento del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017 marcó una de las mayores tragedias navales argentinas en tiempos de paz. Con 44 tripulantes a bordo, la nave desapareció en el Atlántico Sur y fue hallada un año después a casi mil metros de profundidad. Ocho años más tarde, el juicio oral intenta determinar responsabilidades en medio del dolor persistente de las familias.
El 15 de noviembre de 2017, el submarino ARA San Juan perdió contacto con la Armada Argentina mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata en una misión de patrullaje. A bordo viajaban 44 tripulantes. Horas antes de la desaparición, el capitán había informado un problema grave: ingreso de agua de mar en uno de los sistemas de baterías, lo que habría provocado un cortocircuito e incendio. Ese fue el último mensaje oficial.
La desaparición desató una búsqueda internacional sin precedentes. Más de una decena de países colaboraron en el operativo durante semanas, en medio de una creciente angustia social. Sin embargo, tras 15 días sin resultados, la operación de rescate de sobrevivientes se dio por finalizada.
Durante más de un año no hubo certezas. Recién en noviembre de 2018, una empresa privada encontró los restos del submarino a unos 900 metros de profundidad, muy cerca del lugar donde se había perdido contacto. La evidencia reforzó la hipótesis de una implosión: el casco habría colapsado por la presión del agua tras una falla interna grave.
El ARA San Juan no era una nave cualquiera. Había sido construido en Alemania en 1983 y estaba en servicio desde 1985, formando parte de la flota submarina argentina. Había atravesado reparaciones de media vida y seguía operativo en tareas de vigilancia del Atlántico Sur.
Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir denuncias sobre posibles irregularidades: fallas técnicas previas, mantenimiento deficiente y decisiones operativas cuestionadas. Informes y peritajes señalaron que el submarino podría haber zarpado en condiciones no óptimas, lo que puso el foco en la cadena de mandos.
Recién en 2026, casi nueve años después de la tragedia, comenzó el juicio oral en Río Gallegos. En el banquillo se encuentran cuatro ex altos mandos de la Armada, acusados de incumplimiento de deberes y de haber permitido la navegación de una nave que no estaba en condiciones.
En la reanudación del juicio, el eje comenzó a centrarse con mayor precisión en el estado real del ARA San Juan al momento de zarpar, una cuestión clave para definir responsabilidades penales. Las audiencias avanzan con peritajes y testimonios técnicos que buscan establecer si la nave estaba efectivamente en condiciones de operar o si presentaba fallas que comprometían su seguridad. Este enfoque marca una nueva etapa del proceso, orientada a reconstruir con rigor las condiciones previas a la tragedia y el rol de la cadena de mando.
Durante las primeras audiencias, algunos de los acusados se declararon inocentes y rechazaron las imputaciones. Al mismo tiempo, testigos y especialistas comenzaron a aportar información clave sobre el estado del submarino y las decisiones previas a su última misión.
El proceso judicial también está atravesado por fuertes cuestionamientos de los familiares de las víctimas. Muchos consideran que el juicio llega tarde y que no incluye a todos los responsables, especialmente en el plano político. Además, persiste la demanda de conocer toda la verdad sobre lo ocurrido.
A casi una década del hundimiento, el caso del ARA San Juan sigue siendo una herida abierta en la sociedad argentina. El juicio representa una instancia clave no solo para establecer responsabilidades penales, sino también para reconstruir qué falló en una tragedia que, para muchos, pudo haberse evitado.
