El suicidio de un joven en Olivos tras una presunta estafa, el hombre muerto a golpes en Berazategui y la seguidilla de femicidios y discusiones viales fatales exponen un clima social cada vez más crispado. A dos años del actual gobierno, crecen los indicadores de violencia directa e institucional, mientras retroceden derechos de mujeres y diversidades. La pregunta ya no es qué pasó, sino qué nos está pasando.
El suicidio de un joven en Olivos, que según trascendió atravesaba una situación desesperante vinculada a una presunta estafa económica, no es un hecho aislado. Tampoco lo es el hombre asesinado a golpes en Berazategui tras una discusión, ni los femicidios que continúan repitiéndose con una frecuencia alarmante. Son escenas distintas de una misma trama: una sociedad tensionada, precarizada y atravesada por múltiples formas de violencia que ya no se limitan a los márgenes.
Las discusiones viales que terminan en muerte, los ataques por conflictos mínimos, los linchamientos digitales y físicos, revelan una pérdida progresiva de la capacidad de tramitar el conflicto sin aniquilar al otro. El otro deja de ser un semejante y pasa a convertirse en obstáculo, enemigo o amenaza. En ese desplazamiento simbólico se incuban las tragedias.
Los suicidios, en particular, interpelan de manera silenciosa. A diferencia del homicidio, que genera impacto mediático inmediato, el suicidio suele quedar rodeado de pudor y estadísticas frías. Sin embargo, los datos de los últimos años muestran un crecimiento sostenido, especialmente entre jóvenes y varones adultos atravesados por crisis económicas, endeudamiento, desempleo o estafas digitales. El sufrimiento psíquico se vuelve insoportable cuando se combina con aislamiento, humillación pública y falta de redes de contención.
A dos años del actual gobierno, el deterioro socioeconómico se cruza con un retroceso en políticas públicas vinculadas a salud mental, género y protección social. El desmantelamiento o debilitamiento de programas específicos para mujeres y diversidades impacta directamente en el abordaje de la violencia de género. Los femicidios no surgen en el vacío: crecen cuando fallan los dispositivos de prevención, cuando se minimizan las denuncias o cuando se instala un discurso que relativiza la desigualdad estructural.
La violencia institucional también se expande en este contexto. La represión de protestas, el trato deshumanizante hacia personas en situación de calle, la criminalización de la pobreza o la indiferencia frente a jubilados que reclaman ingresos dignos forman parte de un mismo entramado. Cuando la política reduce el conflicto social a una cuestión de orden público, la respuesta tiende a ser punitiva antes que reparadora.
La violencia contra jubilados, por ejemplo, no siempre es física. Puede expresarse en recortes, en pérdida de poder adquisitivo, en medicamentos inaccesibles. Es una violencia económica que erosiona la dignidad y la salud. Del mismo modo, el hostigamiento a mujeres y diversidades no se limita a la agresión directa: incluye la eliminación de espacios de protección, la desfinanciación de líneas de asistencia y la deslegitimación simbólica de sus reclamos.
En paralelo, la televisión y las redes sociales amplifican una cultura del enfrentamiento permanente. Programas basados en el grito, la humillación y el escarnio público naturalizan el insulto como forma de intercambio. La política se vuelve espectáculo, y el espectáculo, una competencia por ver quién hiere más fuerte. La violencia verbal no es inocua: modela subjetividades, habilita climas, legitima prácticas.
La dimensión geopolítica tampoco es ajena. Vivimos en un mundo atravesado por guerras abiertas y conflictos latentes, donde la lógica amigo-enemigo domina el discurso internacional. Esa retórica belicista, reproducida sin matices en medios y plataformas, refuerza la idea de que el conflicto solo se resuelve por imposición o eliminación. La violencia global encuentra eco en las microviolencias cotidianas.
Para que el sistema no colapse ante esta acumulación de tensiones, pareciera operar un doble mecanismo. Por un lado, la sobreexposición constante a hechos violentos genera una especie de anestesia social. La repetición produce acostumbramiento: un femicidio más, una muerte más en una discusión de tránsito, un suicidio más. Por otro lado, se instala una narrativa que responsabiliza exclusivamente a los individuos, despegando al contexto social y económico. Así, cada tragedia se explica como caso aislado, como falla personal, y no como síntoma colectivo.
Esa suerte de “lobotomía” frente a la violencia —una insensibilización progresiva— permite que la vida continúe sin grandes estallidos. Se naturaliza lo inaceptable para evitar el parate. Pero el costo es alto: se erosionan la empatía, la solidaridad y la confianza social.
La pregunta de fondo es qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando el enojo sustituye al diálogo, la precariedad se convierte en norma y la violencia deja de escandalizar. No se trata de negar la responsabilidad individual en cada crimen o agresión, sino de reconocer que los contextos importan. Cuando se recortan derechos, se debilitan redes de cuidado y se promueve una cultura del sálvese quien pueda, el tejido social se resiente.
Hablar de violencia hoy es hablar de suicidios, de femicidios, de jubilados empobrecidos, de discusiones que terminan en muerte. Pero también es hablar de discursos, de políticas y de climas culturales. La violencia no crece sola: crece cuando las condiciones la alimentan y cuando la sociedad, agotada o anestesiada, deja de verla como un límite infranqueable.
Fernando Chinellato
Profesor de música y estudiante de Filosofía. Creador de La Redada Diario.