El debate sobre la transparencia política en Rosario sumó un nuevo capítulo de alta tensión estratégica. Tras impulsar un proyecto exigiendo que los funcionarios no oculten sus ingresos, el concejal Juan Pedro Aleart quedó en el centro de la polémica al ampararse en el régimen de inocencia fiscal frente al desafío de una par, abriendo un debate profundo sobre los límites normativos y la ética pública.
El tablero político de Rosario se vio sacudido por una contradicción que expone las tensiones latentes entre el discurso público y las garantías legales del sistema tributario. La polémica se encendió cuando el concejal de Rosario Juan Pedro Aleart presentó un proyecto para que “los políticos no escondan su sueldo”, una iniciativa que buscaba instalar una bandera de transparencia total en la gestión pública local. Sin embargo, el escenario cambió de eje de manera drástica cuando otra concejal lo desafió a muestre su recibo de sueldo, un movimiento que obligó al legislador a replegarse en los marcos que ofrece la legislación vigente.
La crítica es: Pide transparencia absoluta para todos, pero al mismo tiempo se ampara en una norma que protege su situación fiscal hasta que se pruebe lo contrario. La contradicción estratégica quedó expuesta de inmediato en el recinto, dado que, tras el cruce discursivo, el edil terminó sumándose a este régimen de resguardo. La inocencia fiscal es un régimen legal que establece que toda persona o entidad se considera cumplidora y honesta con sus obligaciones tributarias mientras no se demuestre lo contrario ante la justicia o la autoridad competente. Esta herramienta, fundamental para el equilibrio de poderes, opera bajo una premisa clara: significa que el Estado debe probar que alguien cometió una infracción o evadió impuestos, y no al revés: no es el ciudadano quien tiene que probar que pagó bien.
Desde una perspectiva analítica y de control de las instituciones, este principio no es menor, ya que protege contra abusos de la agencia de recaudación (como AFIP en Argentina), evitando que se presuma culpabilidad antes de una sentencia firme. No obstante, el dilema que emerge en el plano político es de naturaleza distinta y roza el núcleo de la legitimidad. Como bien señala Daniel naporichi Dirigente del pueblo Qom, es en esta encrucijada donde la verdad fiscal emerge de la confrontación. El choque entre la demanda social de una apertura irrestricta por parte de los representantes y el uso legítimo pero políticamente costoso de las garantías constitucionales define el pulso de la discusión actual. La confrontación de visiones en el Concejo de Rosario no solo desnudó las inconsistencias tácticas de la oposición y el oficialismo, sino que también obligó a la ciudadanía a interrogarse sobre la verdadera consistencia de los discursos de transparencia total cuando estos colisionan con las estructuras del derecho penal tributario y la protección de datos personales.
