Fernando Ojeda, periodista de un medio local de Capitán Solari, fue detenido durante una actividad oficial encabezada por el gobernador chaqueño Leandro Zdero en Margarita Belén mientras realizaba una transmisión en vivo e intentaba hacer preguntas. El hecho, confirmado por la Policía provincial, provocó fuertes repercusiones políticas y mediáticas y reavivó el debate sobre la libertad de expresión y el trato hacia la prensa crítica en Chaco.
La provincia del Chaco quedó envuelta en una nueva polémica vinculada a la libertad de prensa luego de que el periodista Fernando Ojeda fuera detenido durante una cobertura periodística en una actividad oficial del gobernador Leandro Zdero.
El episodio ocurrió en la localidad de Margarita Belén, donde el mandatario provincial encabezaba un acto público. Ojeda, integrante del medio TV Local–Noticias de Capitán Solari, realizaba una transmisión en vivo a través de redes sociales cuando intentó acercarse al gobernador para realizar preguntas.
Según muestran videos que comenzaron a circular rápidamente en medios locales y redes sociales, el periodista fue apartado en medio de empujones y posteriormente demorado por efectivos policiales. Las imágenes generaron un fuerte impacto en la provincia y rápidamente comenzaron a multiplicarse las críticas desde sectores periodísticos y políticos.
Horas más tarde, el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó públicamente el procedimiento. Según explicó a medios chaqueños, Ojeda fue detenido bajo el Artículo 60 del Código de Faltas provincial por “desorden en la vía pública” y quedó a disposición del juez Dr. Pontón. Posteriormente, el periodista recuperó la libertad.
La situación abrió un intenso debate sobre el accionar policial frente al trabajo periodístico y sobre las condiciones en las que los comunicadores pueden desarrollar su tarea durante actividades oficiales.
Distintos periodistas y medios independientes señalaron que la detención se produjo mientras Ojeda intentaba ejercer su labor informativa y remarcaron que el hecho no puede analizarse de manera aislada. En los últimos meses, diversos sectores de prensa chaqueños denunciaron tensiones crecientes con el gobierno provincial, cuestionamientos a medios críticos y conflictos vinculados a la pauta oficial.
Uno de los antecedentes más mencionados es el caso del periodista Roberto Espinoza, desvinculado de medios públicos provinciales durante la actual gestión. El conflicto derivó en denuncias judiciales y fuertes críticas desde sectores sindicales y periodísticos, que hablaron de persecución ideológica y restricciones a la libertad de expresión.
En ese contexto, lo ocurrido con Fernando Ojeda volvió a encender alarmas en organizaciones de prensa y entre trabajadores de medios locales, especialmente por tratarse de una detención ocurrida durante una cobertura en vivo y frente a cámaras.
En redes sociales, dirigentes políticos, periodistas y usuarios comenzaron a plantear interrogantes sobre la relación entre el poder político provincial y la prensa crítica. Las preguntas giraron en torno a si existen garantías suficientes para que los periodistas puedan trabajar libremente y si las preguntas incómodas durante actos oficiales son toleradas por las autoridades.
Hasta el momento, desde el gobierno provincial no hubo un pronunciamiento político amplio sobre el episodio más allá de la confirmación policial de la detención. Tampoco trascendieron detalles sobre posibles actuaciones judiciales posteriores ni explicaciones oficiales sobre el procedimiento aplicado contra el comunicador.
Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones dentro y fuera de Chaco y comienza a instalarse como uno de los episodios más sensibles vinculados a libertad de prensa desde el inicio de la gestión provincial. Para distintos sectores periodísticos, la discusión ya excede un hecho puntual y abre un debate de fondo sobre el rol del periodismo, el acceso a la información pública y los límites del poder político frente a la prensa en democracia.
