El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve a subir desde mayo con incrementos en colectivos, subtes y peajes que rondan el 5,4%. La actualización, atada a la inflación, impacta directamente en millones de usuarios y consolida una tendencia de aumentos mensuales que viene acelerándose desde comienzos de 2026, en un contexto de presión constante sobre el poder adquisitivo.
Desde el 1° de mayo, viajar en colectivo es más caro. El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires pasó a ubicarse en torno a los $753,86, mientras que en la provincia de Buenos Aires supera los $918 para los tramos más cortos. En paralelo, el subte también registró un incremento y el pasaje con tarjeta SUBE registrada subió de $1.414 a $1.490, con una brecha considerable para quienes no tienen la tarjeta nominalizada.
El aumento no es aislado. Forma parte de un esquema de actualización automática que combina el último dato de inflación —en este caso, el 3,4% correspondiente a marzo— con un adicional del 2%. Este mecanismo se viene aplicando de manera sistemática en el transporte del AMBA y explica por qué los incrementos son mensuales y acumulativos.
La consecuencia es una suba sostenida a lo largo del año. Solo en el primer cuatrimestre de 2026, las tarifas de colectivos acumularon aumentos superiores al 27% en la Ciudad y casi 40% en la provincia, muy por encima de la inflación del mismo período. En abril, por ejemplo, el boleto ya había subido cerca de 4,9%, consolidando una dinámica que no se detiene.
Este proceso tiene antecedentes recientes. A fines de 2025, el Gobierno había puesto en marcha un nuevo esquema tarifario con incrementos escalonados y ajustes periódicos. Desde entonces, el transporte dejó de tener subas esporádicas para pasar a un sistema indexado, lo que implica que cada mes los usuarios enfrentan nuevos aumentos vinculados al índice de precios.
Además de colectivos y subtes, los peajes también se ajustaron en mayo en la misma proporción, lo que encarece aún más la movilidad urbana. Las autoridades justifican estos incrementos en la necesidad de sostener el mantenimiento del sistema y mejorar la infraestructura, aunque en los hechos el impacto recae directamente sobre los ingresos de los trabajadores.
El efecto combinado es claro: cada vez cuesta más moverse. En términos prácticos, un usuario que depende del transporte público para trabajar o estudiar enfrenta un gasto mensual creciente, que se suma a otros aumentos en servicios y tarifas. El sistema SUBE, con diferencias de precios entre tarjetas registradas y no registradas, también introduce nuevas desigualdades en el acceso al transporte.
Así, el aumento de mayo no solo actualiza tarifas, sino que confirma una tendencia estructural: el transporte público se encamina a un esquema de ajustes permanentes, atados a la inflación y cada vez más alejados del poder de compra de los usuarios. En ese escenario, viajar deja de ser un gasto previsible para convertirse en una variable más de la incertidumbre económica cotidiana.
