Una auditoría interna del PAMI reveló un entramado sistemático de fraude en prestaciones oftalmológicas que se replicó en varias provincias. Recetas falsas, estudios inexistentes, sobrefacturación y cobros indebidos a jubilados forman parte de un esquema que ya derivó en denuncias penales. El caso expone fallas estructurales en los controles y pone en jaque el uso de fondos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables.
Una investigación interna del PAMI encendió una alarma de escala nacional: lejos de tratarse de irregularidades aisladas, el organismo detectó un sistema aceitado de fraude en prestaciones oftalmológicas que involucra a médicos, ópticas y centros de salud en distintas provincias del país. El patrón se repite con precisión quirúrgica: recetas truchas, prestaciones inexistentes, sobreprecios y jubilados convertidos en víctimas directas.
El informe, basado en cruces de datos del sistema de órdenes médicas electrónicas y auditorías prestacionales, reveló que las maniobras se extendieron en distritos como Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero y La Rioja, además de ciudades específicas como Concordia y Mar del Plata.
Lejos de ser episodios marginales, los casos muestran una lógica repetida que permitió multiplicar la facturación de manera artificial. Una de las prácticas más extendidas consistía en recetar lentes de baja graduación —de menor costo— pero facturar módulos de alta complejidad, hasta cinco veces más caros. Mientras el afiliado recibía un producto económico, el PAMI pagaba valores premium.
Pero el fraude no terminaba ahí. Otra modalidad detectada fueron las llamadas “prestaciones fantasma”: consultas, estudios y prácticas médicas que nunca se realizaron o que carecían de respaldo clínico. En algunos relevamientos, hasta la mitad de las órdenes no tenía historia clínica asociada.
El esquema incluía además la manipulación deliberada de códigos médicos para inflar honorarios, así como circuitos cerrados entre profesionales y ópticas, muchas veces con vínculos personales o familiares. Esto garantizaba un flujo constante de derivaciones hacia determinados prestadores, consolidando un negocio interno difícil de detectar sin auditorías profundas.
Uno de los aspectos más graves es que, en muchos casos, los jubilados no solo eran utilizados para facturar al Estado, sino que además eran obligados a pagar de su bolsillo por prestaciones que debían ser gratuitas. Se detectaron cobros que superaron los 1.500 dólares más sumas en pesos por lentes incluidos en la cobertura.
Las irregularidades también alcanzaron niveles de absurdo operativo. Auditorías previas identificaron volúmenes de atención incompatibles con cualquier práctica médica real: cientos de consultas registradas en pocas horas o múltiples turnos simultáneos asignados a un mismo profesional.
El impacto económico de estas maniobras es millonario, pero el daño social es aún mayor. El PAMI, que brinda cobertura a más de cinco millones de afiliados, se convierte así en un terreno vulnerable donde la falta de controles eficaces habilita abusos sistemáticos sobre una población particularmente expuesta.
El escándalo ya derivó en al menos seis causas judiciales en distintas jurisdicciones del país, con imputaciones por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública.
Uno de los casos más avanzados se investiga en Rafaela, donde un médico y una farmacéutica fueron acusados de emitir más de 600 recetas falsas utilizando datos de jubilados que ni siquiera eran sus pacientes. El rastreo de direcciones IP permitió comprobar que las prescripciones se generaban desde una misma farmacia, lo que confirmó la operatoria coordinada.
Frente a este panorama, la conducción del organismo impulsó un proceso de auditorías más estrictas, controles digitales y sanciones administrativas y penales. El objetivo declarado es desarticular estas redes y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados.
Sin embargo, el caso deja una pregunta abierta: durante cuánto tiempo funcionó este sistema sin ser detectado. La magnitud, extensión territorial y sofisticación de las maniobras sugieren que no se trata solo de fallas individuales, sino de un problema estructural en los mecanismos de control.
El escándalo del PAMI no solo expone una red de fraude: revela también cómo, en los márgenes del sistema de salud, se construyen negocios ilegales a costa de quienes más dependen del Estado. Y esa, quizás, sea la dimensión más grave del caso.
