Las audiencias públicas por la posible modificación de la Ley de Glaciares expusieron fuertes tensiones entre sectores políticos, corporativos y comunidades indígenas. En ese marco, la intervención de Daniel Naporichi, referente QOM de Santa Fe, puso el foco en la defensa del agua como derecho fundamental y denunció un proceso condicionado por intereses económicos, reavivando el debate sobre el alcance ambiental y social de la normativa.
El debate por la reforma de la Ley de Glaciares volvió a instalarse en el centro de la agenda política tras una serie de audiencias públicas realizadas en el Congreso. Allí, distintos actores —desde especialistas y empresarios hasta organizaciones sociales e indígenas— expusieron sus posiciones en torno a un proyecto que busca modificar aspectos clave de la normativa vigente, especialmente en relación con la actividad extractiva en zonas protegidas.
Uno de los momentos más tensos de la jornada estuvo marcado por la intervención de Daniel Naporichi, integrante de comunidades QOM y referente de la organización Fuerza Ancestral Indígena en Santa Fe. Según reconstruyó Página/12 a través de su edición Rosario/12, Naporichi planteó la necesidad de incorporar una mirada indígena en el debate ambiental: “Argumentos técnicos hay muchos, pero faltaba una mirada indígena. Nosotros somos los primeros guardianes de la naturaleza”.
En su exposición, el referente fue más allá y cuestionó el funcionamiento mismo de la audiencia. “Lo que vivimos no fue una audiencia pública, porque no cumple con el Acuerdo de Escazú”, sostuvo, en referencia al tratado regional que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Para Naporichi, el proceso estuvo atravesado por intereses corporativos: “Quedó claro que se busca modificar la ley en favor de las grandes corporaciones”.
La desgrabación de su intervención refuerza ese tono crítico. Allí, el dirigente QOM denunció lo que consideró una “situación lamentable” dentro del Congreso, al que describió como un espacio dominado por empresas más que por representantes del pueblo. También vinculó el debate con procesos más amplios, como la privatización del río Paraná y la reciente reforma constitucional santafesina de 2025, que reconoce al agua como derecho fundamental.
“Para los pueblos indígenas, la naturaleza es como un cuerpo: si le falta algo, no funciona”, expresó, en una metáfora que sintetiza una cosmovisión integral del ambiente. Desde esa perspectiva, rechazó de plano cualquier modificación de la ley: “La Ley de Glaciares no puede ser reformada, tiene que ser cumplida y respetada”.
El planteo indígena se suma a una serie de cuestionamientos más amplios por parte de organizaciones ambientales, que advierten sobre el impacto que una flexibilización de la norma podría tener en la protección de reservas estratégicas de agua dulce. En contraposición, sectores vinculados a la minería y a algunas provincias cordilleranas sostienen que es necesario “actualizar” la ley para compatibilizar desarrollo económico y cuidado ambiental.
El clima en las audiencias reflejó ese choque de intereses. Hubo cruces, interrupciones y llamados al orden por parte de las autoridades de la comisión, especialmente durante intervenciones con tono más confrontativo. En ese contexto, la participación de representantes indígenas evidenció no solo una disputa por los recursos naturales, sino también por el reconocimiento de sus derechos y su lugar en la toma de decisiones.
El eje del conflicto sigue siendo el mismo desde la sanción de la ley: cómo equilibrar la explotación de recursos con la preservación de ecosistemas clave. Sin embargo, lo que las audiencias dejaron en claro es que el debate ya no puede reducirse a una cuestión técnica. Como planteó Naporichi, se trata también de una discusión sobre modelos de desarrollo, derechos colectivos y el futuro ambiental del país.
A medida que avance el tratamiento legislativo, el Congreso deberá resolver no solo sobre el texto de la ley, sino sobre la legitimidad de un proceso que hoy es cuestionado por amplios sectores. En juego no está únicamente la regulación de los glaciares, sino el acceso al agua, considerado por muchos —y reconocido en algunas jurisdicciones— como un derecho esencial para la vida.
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