A 50 años del golpe de Estado de 1976, distintas voces proponen ampliar el ejercicio de la memoria en Argentina. Desde los pueblos indígenas, el recuerdo no comienza en la última dictadura, sino siglos antes, con la colonización, las campañas militares y la construcción de un Estado que, sostienen, se edificó sobre el despojo territorial, la violencia y la negación de identidades.
Cuando en Argentina se habla de memoria, verdad y justicia, el punto de partida suele ubicarse en el golpe del 24 de marzo de 1976. Sin embargo, desde distintas miradas indígenas, ese recorte temporal resulta insuficiente. La violencia estatal —afirman— no comienza con la dictadura, sino que se remonta a los orígenes mismos del proceso de colonización y a la conformación del Estado nacional.
En esa línea, se señalan hitos como la llegada de los europeos en 1492, las fundaciones de Buenos Aires en el siglo XVI y, más adelante, las campañas militares del siglo XIX, como la llamada “Conquista del Desierto” o las avanzadas en el Chaco. Estos procesos, lejos de ser episodios aislados, son leídos como parte de una continuidad histórica de persecución, desplazamiento y exterminio de los pueblos originarios.
Uno de los ejemplos que aparece con fuerza en estos relatos es el de la isla Martín García. Allí, durante el siglo XIX, fueron confinados indígenas capturados en distintas regiones del país. Registros históricos, como actas bautismales, permiten reconstruir historias de hombres, mujeres y niños que fueron trasladados por la fuerza, despojados de sus nombres y, en muchos casos, separados de sus familias. Para algunos referentes, estas prácticas constituyen antecedentes de mecanismos represivos que décadas más tarde se verían en los centros clandestinos de detención.
La comparación no es casual. En estos discursos se plantea una continuidad entre distintas formas de violencia estatal: la apropiación de niños, la desaparición de personas, el control sobre los cuerpos y la identidad. Incluso se mencionan métodos de exterminio previos a la dictadura —como el uso de tecnología militar— que permiten trazar paralelismos con prácticas posteriores.
El siglo XX tampoco queda fuera de este recorrido. Antes del golpe de 1976, la actuación de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) marcó un período de persecución y violencia política. En ese contexto, también hubo militantes indígenas que fueron amenazados, perseguidos o forzados al exilio. La represión, en este sentido, no distinguía únicamente por ideología política, sino que se inscribía en una estructura más amplia de disciplinamiento social.
Durante la última dictadura militar, el modelo económico consolidó procesos de concentración de la tierra que ya venían de larga data. Comunidades indígenas fueron desplazadas, se profundizaron los desalojos y se restringieron las formas de organización. El miedo, la persecución y las prohibiciones —como la imposibilidad de reunirse— impactaron de manera directa en la vida comunitaria.
Pero incluso en democracia, los conflictos persisten. La falta de reconocimiento pleno de la propiedad comunitaria de la tierra, la continuidad de desalojos y la expansión de actividades extractivas forman parte de los reclamos actuales. En ese marco, se señala que muchas de las demandas históricas siguen sin resolverse, pese a los avances normativos y al reconocimiento constitucional de la preexistencia de los pueblos indígenas.
Otro de los ejes centrales es el de la invisibilización. En los registros sobre detenidos-desaparecidos, por ejemplo, rara vez se consigna el origen étnico de las víctimas. Para las comunidades, esto no es un dato menor: implica la persistencia de una negación histórica que dificulta reconstruir genealogías, identidades y trayectorias colectivas.
A esto se suma el rol que tuvo el sistema educativo en la construcción de estereotipos. Durante décadas, los pueblos indígenas fueron presentados como “salvajes” o “atrasados”, en relatos que justificaban su represión o eliminación. Estas representaciones no solo impactaron en la percepción social, sino también en la subjetividad de generaciones enteras que crecieron bajo esas narrativas.
En ese sentido, el racismo aparece como un elemento estructural que atraviesa la historia argentina. No solo como una práctica social, sino también como una forma de organización del poder que definió quiénes eran reconocidos como sujetos plenos de derechos y quiénes quedaban al margen.
Frente a este panorama, las voces indígenas plantean la necesidad de una memoria más amplia, que no se limite a un período específico, sino que incorpore la totalidad de los procesos históricos. Una memoria que reconozca las múltiples violencias, pero también las resistencias y las luchas por el territorio, la identidad y la autodeterminación.
La discusión no es únicamente histórica. También interpela al presente y al futuro. ¿Puede hablarse de una democracia plena cuando persisten conflictos territoriales, desigualdades estructurales y formas de discriminación? ¿Es posible construir una memoria colectiva que deje afuera a quienes habitaron este territorio mucho antes de la formación del Estado?
A 50 años del golpe de Estado, el ejercicio de la memoria sigue en disputa. Ampliar sus márgenes, incorporar nuevas voces y revisar los relatos establecidos aparece como un desafío necesario para pensar una sociedad más justa e inclusiva.
La pregunta, entonces, permanece abierta: ¿puede haber memoria, verdad y justicia sin los pueblos indígenas?
