La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves con 149 votos a favor y 100 en contra la modificación del Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años para delitos graves. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, ahora pasará al Senado. La medida generó un fuerte debate político y social en torno a la seguridad y la protección de los derechos juveniles.
En una sesión que marcó la agenda política y judicial de la semana, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de modificación del Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad de los delitos graves de 16 a 14 años. Con 149 votos afirmativos y 100 en contra, la iniciativa oficialista, encabezada por el Gobierno del presidente Javier Milei, avanzó hacia su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde se definirá su eventual sanción definitiva como ley.
Ejes de la reforma
El proyecto, impulsado principalmente por la coalición de Gobierno y sus aliados legislativos, busca actualizar el régimen penal juvenil argentino, vigente desde hace décadas, a un contexto de creciente preocupación social por la inseguridad. El cambio central es la reducción de la edad mínima para imputar penalmente a menores, fijándola en 14 años para delitos graves como homicidios, abusos sexuales o secuestros.
Según el texto aprobado, pese a que los adolescentes puedan ser imputados desde esa edad, las penas privativas de libertad no podrán exceder los 15 años e incluirán medidas socioeducativas y alternativas a la prisión en casos de infracciones de menor gravedad. El proyecto contempla un esquema especial de justicia juvenil y una serie de sanciones que van desde servicios comunitarios hasta la prohibición de acercamiento a víctimas, buscando equilibrar responsabilidad penal con reinsertación social.
Debate encendido y postura del Gobierno
El oficialismo defendió la iniciativa como una respuesta necesaria a la violencia delictiva en el país. Un comunicado oficial destacó que la reforma busca cerrar “el desfasaje entre la realidad social y la legislación vigente”, argumentando que las normas anteriores estaban “pensadas para una Argentina que ya no existe”. El Gobierno enfatizó que esta modificación representa “principios básicos de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.
Funcionarios como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizaron las redes sociales para celebrar la media sanción y señalar que la medida “acerca al país a terminar con la puerta giratoria”, en referencia a la percepción de impunidad en delitos de alta gravedad cometidos por menores.
Críticas de la oposición y sectores sociales
La aprobación del proyecto no estuvo exenta de controversias. Sectores de la oposición, legisladores de diferentes bloques y organizaciones sociales cuestionaron el enfoque punitivo de la reforma, advirtiendo que no aborda de manera integral las causas de la delincuencia juvenil. Estos críticos sostienen que la discusión debería orientarse hacia políticas de prevención, inclusión social, educación y atención de problemas como adicciones y deserción escolar, antes que endurecer castigos.
Además, grupos de derechos humanos y algunas organizaciones defensoras de la niñez plantearon preocupaciones sobre las implicancias de imputar penalmente a adolescentes de 14 años, argumentando que la madurez cognitiva y las condiciones sociales deben ser factores centrales en el tratamiento judicial de los menores infractores. Estas voces advirtieron que la reforma podría estigmatizar aún más a jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
Contexto internacional y comparaciones
La discusión argentina se inscribe en un contexto regional y global donde varios países han debatido la edad de imputabilidad penal. En algunos países latinoamericanos y europeos existen normativas que fijan edades similares o incluso más bajas en casos excepcionales, aunque acompañadas de sistemas de justicia juvenil altamente especializados y recursos de protección social. Sin embargo, especialistas señalan que el debate no debe limitarse a la edad en sí, sino también a las condiciones materiales y presupuestarias necesarias para implementar un régimen penitenciario y de atención adecuados.
Estas discusiones también señalan que la eficacia de las penas y la prevención del delito juvenil están estrechamente ligadas a políticas de educación, inclusión y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención de adolescentes en conflicto con la ley.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina también se hicieron presentes familiares de víctimas de delitos graves cuyos victimarios eran menores de edad. Algunos de ellos siguieron el debate desde los palcos y luego dialogaron con la prensa, reclamando cambios en la legislación vigente y mayor respuesta del Estado. Señalaron que sus casos expusieron vacíos legales y demoras judiciales, y sostuvieron que la reforma representa, para ellos, un primer paso hacia un marco de mayor responsabilidad penal juvenil.
Próximos pasos en el Senado
Tras la media sanción en Diputados, la iniciativa será girada al Senado, donde los legisladores tendrán la última palabra para convertirla en ley. Allí se espera un nuevo capítulo de debate político, donde la discusión podría profundizar aspectos sensibles del proyecto, incluyendo posibles modificaciones o demandas de mayor participación de sectores sociales y expertos en niñez y adolescencia.
La aprobación en la Cámara alta será clave para definir el rumbo de esta reforma, que ya ha polarizado opiniones en el país y colocado en el centro del debate público cuestiones complejas sobre seguridad, justicia juvenil y derechos de los adolescentes.
