Nadir Yasuff
El 22 de febrero, San Rafael enfrenta una elección que excede lo electoral. Se vota autonomía, identidad y futuro. En medio de intentos de frenar el proceso, la ciudadanía define si ejercer un derecho constitucional frente al centralismo o resignarse a una dependencia que limita su desarrollo político, económico y social.
El próximo 22 de febrero, San Rafael irá a las urnas en una elección que ya no puede leerse como un trámite institucional más. Lo que está en juego no es solo la conformación de una Convención, sino una discusión de fondo sobre autonomía municipal, identidad territorial y calidad democrática. El proceso ha dejado en evidencia tensiones profundas entre una ciudadanía que reclama decidir su destino y sectores del poder provincial que buscan, por distintas vías, frenar o vaciar esa voluntad.
La autonomía municipal no es un capricho político ni una aventura administrativa. Es un derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que obliga a las provincias a garantizarla. Sin embargo, Mendoza acumula más de tres décadas de incumplimiento. San Rafael, con historia, densidad social, matriz productiva propia y una identidad cultural claramente diferenciada del Gran Mendoza, aparece hoy como uno de los casos más elocuentes de esa deuda institucional. Ante este escenario, la respuesta al centralismo y a los privilegios pretende ser contundente: se busca más democracia y más participación.
Durante las últimas semanas, el debate público se vio atravesado por operaciones de miedo. Se intentó instalar la idea de que una Carta Orgánica serviría para crear nuevos impuestos o afectar el bolsillo de los vecinos. El argumento, además de falaz, resulta funcional a sostener privilegios y esquemas de poder centralizados. La autonomía no busca recaudar más, sino administrar mejor, corregir inequidades históricas en la distribución de recursos y permitir que las decisiones se tomen más cerca de quienes viven sus consecuencias.
También se escucharon voces que minimizaron a San Rafael, sugiriendo que no estaría “en condiciones” de ejercer plenamente su autonomía. Ese discurso no es prudencia: es subestimación política. Implica desconocer la capacidad cívica de una comunidad que ha demostrado, una y otra vez, organización social, participación y vocación democrática. San Rafael no es un barrio periférico: es un departamento con peso propio en lo productivo, lo cultural y lo geográfico. Por ello, la consigna de cara a las urnas es clara: sobre todo, más San Rafael.
En este contexto, la elección adquiere un carácter simbólico fuerte. No se trata solo de votar candidatos, sino de afirmar una identidad. Decidir si San Rafael quiere seguir dependiendo de decisiones tomadas lejos de su realidad cotidiana o si está dispuesto a asumir, con responsabilidad, el desafío de gobernarse con reglas propias. La Carta Orgánica es, en ese sentido, una herramienta: no define un modelo cerrado, pero abre la puerta a discutirlo democráticamente.
La judicialización del proceso y los intentos de suspensión electoral refuerzan la idea de que lo que se disputa excede lo técnico. Cuando se intenta frenar el voto, lo que se pone en cuestión es la madurez cívica de la sociedad. Y sin embargo, esta elección bajo la bandera de “San Rafael Futuro” aparece como uno de los actos democráticos más relevantes de la historia reciente del departamento.
El 22 de febrero, San Rafael no solo elige representantes. Elige si ejercer un derecho largamente postergado. Elige si su identidad se negocia o se defiende. Elige si la democracia se limita a lo formal o se profundiza. En definitiva, elige su futuro.
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