El retroceso porteño contra el derecho al aborto

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un protocolo de “acompañamiento a embarazos vulnerables” que, bajo el amparo de la Ley de los 1000 Días, busca desalentar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Organizaciones feministas y Amnistía Internacional denunciaron que esta medida vulnera derechos conquistados, introduce presión religiosa en hospitales públicos y limita la autonomía de las personas gestantes.

En un nuevo avasallamiento sobre nuestros derechos adquiridos, esta vez por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se presentó un “Protocolo de Acompañamiento a Embarazos Vulnerables” (Ley N° 27.611, conocida como la Ley de los 1000 Días), con el objetivo de obstaculizar la interrupción voluntaria del embarazo (Ley N° 27.610).

Este proyecto fue presentado en el mes de agosto, en un acto realizado por el Gobierno porteño en la Maternidad Sardá. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, declaró: “No podía ser la peor noticia que recibiera una mujer es que estaba embarazada, cuando es la más linda (…) la decisión más maravillosa es ser mamá”, y agregó: “Deben permitirnos ser padres a los que somos padres, porque acá no están solo ustedes. Esto no es un disfrute y un derecho de ustedes. Métannos un poco adentro, que quiero disfrutar también como papá. No hay nada más lindo que ser papá”. Dejando en claro su machismo, su ignorancia y su postura antiderechos (laretaguardia.com.ar).

Además, estuvo acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y por el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, impulsores de este proyecto y reconocidos antiderechos. También contó con la presencia de ONGs y organizaciones religiosas como Amor y Vida, Alégrate Madre, Cuidando Vida y Red de Acompañar (entre otros).

Guada Viera, de la ONG Cuidando Vida, declaró que su convicción “es que todas las mujeres que estén embarazadas en la Ciudad de Buenos Aires pasen por una consejería antes de tomar una decisión, porque lo más sagrado que nosotros tenemos es la vida humana. Son nuestros niños”, y celebró porque “hay miles de mujeres que por lo menos van a tener a alguien que las mire y les diga ¡Felicitaciones!”.

Mientras tanto, Evelyn Rodríguez, de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado, pidió “a Dios sabiduría para poder servir y acompañar amorosamente a toda mujer que se acerque a las consejerías que comenzarán a abrirse en los diferentes CeSAC de la Ciudad” (laretaguardia.com.ar).

“Si estás atravesando un embarazo vulnerable o conocés a una mujer que necesite acompañamiento, te pedimos que nos contactes por los siguientes medios”, dice el folleto de la Asociación Civil Amor y Vida, con el título de Proyecto Nacer y el logo del Gobierno porteño, que se entrega en el puesto del CeSAC 26. A continuación, figura el Instagram, un celular y la dirección de la organización (Página/12).

Detrás de la implementación de esta ley, que tiene como objeto “fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia” (InfoLeg – Información Legislativa), en mujeres en situación de precariedad socioeconómica, se encuentra una postura antiaborto, ya que fue presentado como un “mecanismo para desalentar a las mujeres a abortar” (Página/12).

Amnistía Internacional y las barreras

El pasado 26 de septiembre, Amnistía Internacional alertó sobre las barreras que sufren las personas gestantes a la hora de acceder a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE). Comunicaron que, en lo que va del 2025, un 60% de las denuncias “corresponden a las barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto”.
(Argentina: Se triplican las barreras al aborto legal en 2025, alerta Amnistía).

Qué dice la ley

La Ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020 y promulgada en enero de 2021, reconoce el derecho de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive, y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación o riesgo para la vida o la salud.

La norma garantiza que el procedimiento sea gratuito, seguro y confidencial en todos los efectores del sistema público, obras sociales y prepagas.

El texto obliga a los servicios de salud a brindar información veraz, científica y laica, y a realizar la práctica dentro de los diez días posteriores a la solicitud. También establece la obligación de garantizar la atención posaborto y el acceso a métodos anticonceptivos. La objeción de conciencia se reconoce solo de forma individual —no institucional— y nunca puede ser una barrera para el acceso al derecho.

La ley coloca en el centro la autonomía, la dignidad y el consentimiento informado de las personas gestantes, reforzando los principios de salud pública y justicia social. Su aplicación implica que el Estado debe remover obstáculos, evitar presiones religiosas o morales y asegurar un trato respetuoso y libre de violencia en todos los niveles del sistema sanitario.

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Vulneración de derechos

Con la Ley 27.611 (1000 Días), las ONGs proaborto y las organizaciones religiosas se aprovechan del vacío legal que existe en la Ley 27.610, que no tiene en cuenta que estas personas se pueden insertar en el sistema a través del “voluntariado” o el “acompañamiento social”.

En los papeles dice que no reemplaza la atención médica ni interfiere con decisiones de salud, pero en la práctica —según las denuncias de Amnistía— estas voluntarias se sientan en los CeSAC o maternidades y “aconsejan” a las mujeres para que no aborten, les dan información falsa sobre los riesgos de la intervención o las mandan a un servicio psicológico.

A través de la Ley de los 1000 Días, en la Ciudad de Buenos Aires, las organizaciones firmaron convenios para el “acompañamiento de embarazos vulnerables”. Bajo ese marco, los hospitales o centros de salud les informan cuántas consultas por embarazo hay (no quiénes son, pero sí cuándo y dónde se atienden). Con esa información, instalan sus puestos o voluntarias justo en esos horarios y lugares.

Desde una perspectiva centrada en la bioética, considero que la adquisición de estos datos por parte de estas organizaciones vulnera la autonomía del paciente, porque lxs interceptan, las presionan emocionalmente y dilatan la situación hasta la semana 14, en donde es ilegal el procedimiento.

Más allá de que no sean profesionales de la salud, se encuentran en un establecimiento médico. Según el artículo 2 de la Ley de los Derechos del Paciente (Ley 26.529): “Toda persona tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos” sin ningún impedimento externo.

Vulnera el principio de dignidad: la dignidad implica que toda persona sea tratada como un fin en sí misma, no como medio para fines ideológicos o religiosos. Si una paciente es abordada por alguien que busca influir en su decisión sin su consentimiento, se la está instrumentalizando, lo que contradice el principio kantiano de dignidad humana.

Generación de daños: las voluntarias o acompañantes no son personal de salud y no pueden brindar ningún tipo de atención médica ni involucrarse en las decisiones del paciente. Su accionar causa un daño en la salud mental y emocional con sus discursos moralizantes o religiosos.

En un contexto nacional en donde sistemáticamente los derechos de los/as ciudadanos/as son vulnerados, considero que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creyó que esta decisión iba a pasar desapercibida. Sin embargo, quienes apoyamos y quienes lucharon, y todavía luchan, sabemos que no es así.

En conclusión, la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de permitir la intervención de organizaciones religiosas en hospitales públicos constituye una grave vulneración de los derechos conquistados por las mujeres y personas gestantes. Desde una mirada bioética y feminista, esta medida desconoce los principios de autonomía, dignidad y justicia que deben regir toda práctica de salud.

Insertar discursos moralizantes en espacios que deben ser seguros y laicos no solo vulnera la confidencialidad y el consentimiento informado, sino que reinstala lógicas de control sobre los cuerpos femeninos, especialmente de quienes acuden al sistema público.

El Estado tiene la responsabilidad ética de garantizar el acceso libre de presiones ideológicas, no de habilitar mecanismos de persuasión encubiertos bajo la figura del “acompañamiento”. La salud pública debe sostenerse en la ciencia, el respeto y la libertad de decisión, no en dogmas religiosos.

Por eso, esta política de la Ciudad no puede entenderse como un acto de cuidado, sino como un retroceso en materia de derechos humanos: una forma de violencia institucional y simbólica contra quienes ejercen su autonomía reproductiva.