José Luis Espert renuncia en medio del escándalo: la justicia de EE.UU. lo vincula con un empresario investigado por narcotráfico
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura no se explica solo por presiones políticas internas. La justicia de Estados Unidos, al investigar al empresario argentino Fred Machado —acusado de lavado de dinero y narcotráfico—, descubrió el nombre de Espert y un pago de 200.000 dólares realizado en 2020. Más allá de su victimización, las pruebas surgieron fuera del país y son parte de una causa internacional.
La política argentina se sacude con la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Su decisión, presentada como un “gesto patriótico”, ocurre luego de que documentos judiciales en Estados Unidos revelaran su presunta vinculación con el empresario argentino Frederico “Fred” Machado, detenido en Miami y acusado de delitos financieros y narcotráfico.
Los informes de la justicia estadounidense indican que en 2020 una empresa vinculada a Machado transfirió 200.000 dólares al economista. El pago —según el expediente— fue registrado como “consultoría económica”, aunque el propio Machado habría reconocido que se trataba de una “relación política de influencia”. Estas revelaciones no provienen de ninguna denuncia local: surgen directamente de la investigación que lleva adelante un tribunal de EE.UU. contra una red de lavado internacional.
Así, ante la encerrona de pruebas que lo vinculan, Espert se vio obligado a retroceder. A pesar de insistir en su inocencia, la contundencia de los documentos judiciales y la presión tanto del propio oficialismo, como de la oposición, precipitaron su salida. En su mensaje en la red X, el economista anunció: “Por la Argentina, doy un paso al costado”, se definió víctima de “una operación maliciosa” y prometió demostrar su inocencia “sin fueros ni privilegios”.
La Casa Rosada confirmó que el presidente Javier Milei aceptó la renuncia y agradeció el gesto, aunque hasta hace pocos días lo había defendido con firmeza. Milei había dicho que una eventual renuncia “validaría el disparate”, en referencia a las acusaciones que pesaban sobre el diputado. Esas palabras se interpretaron como una señal de respaldo incondicional hacia su aliado liberal, a quien había sumado meses atrás para ampliar la base política del oficialismo.
Sin embargo, la presión mediática y judicial se volvió insostenible. A medida que los medios internacionales difundían los documentos de la justicia norteamericana, las dudas sobre el origen de los fondos se multiplicaban dentro del propio oficialismo. Según fuentes parlamentarias, hubo conversaciones reservadas entre la Oficina Anticorrupción y dirigentes libertarios que pedían una “salida ordenada” para evitar un daño mayor en la campaña bonaerense.
Espert, conocido por su estilo frontal y su tono agresivo, fue perdiendo apoyo. Su figura, muchas veces calificada de “violenta y grosera”, representaba tanto el costado más combativo del discurso libertario como su límite más evidente. Esa doble cara lo había convertido en un activo comunicacional, pero también en un problema político.
Cuando el escándalo estalló, Milei buscó cerrar filas y habló de “una operación del sistema” destinada a debilitar el proceso de cambio. “Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. La Argentina siempre está por encima de las personas”, expresó el presidente tras aceptar la renuncia. Con esas palabras, intentó dar por cerrado un capítulo incómodo para el Gobierno.
La salida de Espert deja varias heridas abiertas para el oficialismo. Por un lado, la credibilidad del discurso ético de la LLA, que prometía “barrer con la casta” y terminó golpeado por un caso de corrupción internacional. Por otro, el impacto electoral: Buenos Aires es el distrito clave donde Milei buscaba consolidar su poder legislativo.
Más allá de las explicaciones que Espert pueda ofrecer, el dato objetivo es que su nombre apareció en un expediente judicial extranjero, vinculado a movimientos de dinero opacos. Y aunque la causa aún no tiene imputaciones formales en Argentina, el hecho de que la investigación provenga de Estados Unidos le otorga un peso y una legitimidad que exceden cualquier operación mediática local.
Varias cuentas de X, algunas denunciadas por actuar como trolls al servicio de funcionarios de La Libertad Avanza, se mostraron hiperactivas defendiendo al político durante las últimas horas. Sin embargo, incluso dentro de ese universo cerrado, el límite es claro: si uno comete actos ilícitos, le corresponde la justicia: cárcel. Y todos saben que cuando se cruza una línea con el narcotráfico, los riesgos existen…
Quizás, de tanto repetirlo desde su trono de papel, el futuro de Espert termine resumiéndose en su propio mantra: cárcel o bala. Paradójicamente, su salvación vendrá de parte de quienes defendemos el garantismo, pues —al contrario que Espert— creemos que toda persona tiene derecho a un debido proceso.
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